02/09/2015

El caso emblemático es el de Heinrich y Loyola, delegados gráficos asesinados 

Bahía: Vibrante alegato de la fiscalía, que pidió penas ejemplares para los imputados

 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Crespón negro sobre el retrato de Loyola, junto al de su compañero Heinrich. Será Justicia.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos solicitó hoy la pena de prisión perpetua para 18 de los 23 imputados en el juicio que se realiza en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura. El pedido de prisión perpetua formulado en su alegato final por los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani recayó sobre diez represores de la Armada, cinco del Ejército y tres de la Prefectura Naval, por crímenes de lesa humanidad. La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato pronunciado ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, la Unidad Fiscal pidió que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, parte, del crimen de genocidio; y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca.

Además, los fiscales solicitaron penas de 17 años para otro imputado integrante de la Armada,19 años para uno del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.

También requirieron para un policía bonaerense retirado una pena de 10 años de prisión y para un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense -también retirado- 18 años. "Estas personas se arrogaron el derecho de decidir quién podía y quién no podía habitar este mundo", afirmó Palazzani y agregó que "se arrogaron y se arrogan el derecho de hacer sufrir para siempre", al recordar que acusados de este juicio "conocen el destino de niños apropiados".

"A nosotros nos queda considerar que no pueden compartir de esa manera una vida libre con nosotros", sostuvo el fiscal y señaló que "por eso deben vivir condenados por el estado de derecho y encerrados en una cárcel común", por lo que pidió revocar las prisiones domiciliarias.

Entre los represores de la Armada, pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez, y 17 años para Domingo Ramón Negrete.

En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.

En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.

También solicitaron 10 años de prisión para el policía bonaerense retirado Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el agente penitenciario (re) Héctor Luis Selaya.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.

Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero "9 de Julio", mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

Luego de solicitar las penas, el fiscal Nebbia además pidió a los jueces que "todos los delitos enumerados sean declarados de lesa humanidad y como parte del crimen del genocidio", y que la parte resolutiva de la sentencia "sea publicada en un lugar destacado y visible en el diario La Nueva Provincia" (dado que ese medio no fue capaz de denunciar ni de publicar en lugar destacado el asesinato de dos trabajadores de la empresa, cuando ocurrió).

También propició la protección del predio de la séptima Batería a fin de recolectar prueba que permita establecer "si allí existieron enterramientos clandestinos".


El último tramo de alegatos

Desde la mañana, el fiscal Miguel Angel Palazzani, acompañado por su par José Nebbia, continuó con el alegato ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti, y Martín Bava en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.

El proceso que culmina es por la causa 1103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

Al hablar sobre la responsabilidad del coronel retirado, Alejandro Lawless, de 67 años, uno de los 23 imputados de la causa, el fiscal dijo que "revistó en el Batallón de Comunicaciones desde fines de 1973 hasta diciembre de 1977, el 17 de marzo de 1976 asumió la jefatura de la compañía de Comunicaciones y Comando de esa unidad, cargo que ejerció hasta el 27 de enero de 1977, en que pasó a la compañía comando y servicios como jefe de la sección arsenales".

"Por el período de 1976 en el que ocurrieron los hechos fue calificado exclusivamente por el jefe de la Unidad Tauber y por el segundo jefe Stricker con la máxima puntuación 100 puntos como el más sobresaliente de su grado", afirmó.

En ese sentido, dijo que "el Batallón de Comunicaciones era el instrumento operacional del área 511 y que en esa función fueron empleados y dispuestos todos los medios y el personal de la unidad".

"Sabemos que se realizaron amplios operativos en la zona con secuestros masivos de personas y que durante todo el período de tiempo considerado funcionaron en sus instalaciones distintos lugares donde estuvieron personas en cautiverio", afirmó el fiscal.

Más adelante, Palazzani dijo que "la existencia de un centenar de víctimas en el interior del batallón y el funcionamiento de varios centros clandestinos implicaron la asignación y coordinación de medios y tareas en las que actuaron todos los componentes de la unidad".

"Otro dato que debe tenerse presente es que las compañías eran quienes ejecutaban los planes y las órdenes emanadas del jefe de la unidad transmitidas con el asesoramiento de la plana mayor", afirmó.

En base a distintos testimonios, el fiscal dijo, al promediar la jornada, que "hemos escuchado la declaración de Gustavo Monforte, quien no sólo dio cuenta de la intervención de la compañía a cargo del imputado en los operativos antisubversivos sino de la participación personal del propio Lawless en la realización de los mismos"."Por empezar, el testigo identificó adecuadamente al imputado por nombre, apellido y cargo, que fue asignado a la compañía de Comunicaciones y que como tal intervino en cuatro grandes operativos realizados en la zona", agregó el fiscal en referencia al testigo, quien en ese período era conscripto.

 

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