La Corte demora sin explicación las resoluciones de distintas causas de lesa humanidad recurridas

23 de Marzo de 2021 | La Corte demora sin explicación las resoluciones de distintas causas de lesa humanidad recurridas
En los hechos, esa demora facilita la “impunidad biológica” de varios de los condenados en instancias precedentes

Carlos Pedro Blaquier (94). Presidía el Ingenio Ledesma cuando se ejecutaron los "Apagones". Ahora, apuesta a la impunidad biológica
Carlos Pedro Blaquier (94). Presidía el Ingenio Ledesma cuando se ejecutaron los "Apagones". Ahora, apuesta a la impunidad biológica
La Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución varias causas de lesa humanidad, consideradas relevantes por el movimiento de derechos humanos y que, en algunos casos, esperan desde hace años una definición.

La más desconcertante de estas demoras tiene que ver con el recurso extraordinario presentado en el alto tribunal contra el fallo de Casación que dispuso la falta de mérito de Carlos Pedro Blaquier por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976 en el ingenio azucarero Ledesma, de su propiedad.

Si bien el procesamiento de Blaquier había sido confirmado en Cámara por la justicia salteña en 2013, la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, revocó la decisión y para ello se tomó dos años: el fallo se firmó en marzo de 2015.

Desde esa fecha, es decir, desde hace seis años, la Corte tiene el recurso pendiente y en los organismos suponen que los magistrados no quieren pagar el costo público de rechazarlo, mientras tanto el tiempo corre a favor de los imputados.

También pendiente de definición está el recurso ante la Corte presentado en 2017 por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, y por el Ministerio Público Fiscal, contra el sobreseimiento del juez de Menores de San Nicolás Juan Carlos Marchetti.

El magistrado fue quien entregó en una adopción sumamente irregular al nieto recuperado Manuel Gonçalvez Granada, sobreviviente de la "Masacre de San Nicolás", en la que su madre, Ana María Granada, lo protegió con almohadas en un placard del ataque con gas lacrimógeno y ametralladoras de efectivos del Ejército Argentino, la Policía Federal y la Bonaerense.

En ese funesto 19 de noviembre de 1976, Ana María Granada y otros dos adultos murieron por los disparos policiales; los chicos de la casa, Fernando y María Eugenia, fallecieron asfixiados por los gases; Manuel, de cinco meses, fue el único sobreviviente y el juez Marchetti lo entregó en adopción, bajo un nombre falso, tres meses después del episodio.

Están pendientes, del mismo modo, varias sentencias de la Causa Campo de Mayo y los recursos vinculados con la "Masacre de Capilla del Rosario", en la que Casación revocó las condenas y absolvió a los imputados.

La masacre de Capilla del Rosario se refiere a la muerte de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Catamarca, a manos del Ejército Argentino, en agosto de 1974.

Los organismos que intervinieron en el proceso cuestionaron el fallo de Casación por lo regresivo en los estándares de prueba y mantienen expectativa por la resolución, ya que no existen antecedentes de condenas de la Corte en episodios previos al golpe de Estado de 1976.

Otra causa emblemática de crímenes de lesa humanidad que aguarda una sentencia definitiva del máximo tribunal es la del secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un joven que a los 15 años se convirtió en la víctima más joven de los denominados 'vuelos de la muerte'.

Los restos de Floreal, hijo de militantes comunistas, fueron hallados en las costas de Uruguay, con signos de empalamiento, y por en esa causa están condenados los miembros del Ejército Argentino Raúl Horacio Harsich y César Amareo Fragni.

Ambos fueron condenados a una pena de ocho años en 2009, que se apeló y se elevó tres años después a doce años; pero que la defensa de los imputados recurrió.

La causa llegó a la Corte el 24 de junio de 2013 y todavía permanece allí, a la espera de una sentencia firme, y mientras tanto los condenados se mantienen en libertad, resguardados por la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.

Otro de los reclamos al máximo tribunal es la puesta en funcionamiento pleno de la 'Comisión Interpoderes', creada en 2008 por la propia Corte con el objeto de agilizar y resolver los problemas que surgieran en las causas de lesa humanidad y cuya última reunión tuvo lugar en 2016.

Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo demandó a la Corte la "puesta en funcionamiento" de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.

La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre de 2020, en una sesión con pocos miembros ya que la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla "oportunista".

Tampoco participó Estela de Carlotto, quien en esa oportunidad reprochó que la reunión hubiese sido pedida en mayo y que recién fue convocada para octubre.

Además, la titular de Abuelas atribuyó al contexto que se organizara la reunión de la Comisión Interpoderes en ese momento dado que, planteó por entonces, "la Corte está tan cuestionada".

"No queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de (Carlos) Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos", fueron las palabras de Carlotto.

Sólo se reunieron con Rozenkrantz el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, el titular del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas Beinusz Szmukler y representantes del CELS, quienes luego emitieron un documento con los reclamos del colectivo.

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en doce causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, reafirmando que estas investigaciones constituyen para el Gobierno "una política de Estado".

Tanto el Estado, como los organismos de derechos humanos y también los imputados interesados en definir su situación legal, reclaman que la Corte defina la resolución de más de medio centenar de causas de crímenes de lesa humanidad.

Por Felipe Celesia