Nuevo procesamiento y embargo a Marcos Levín, ex propietario de "La Veloz del Norte"

18 de Diciembre de 2020 |
Acumula procesos y condenas, pero la Corte aún no ha resuelto sobre un fallo de 2016. Lo mismo que Blaquier, podría quedar impune.

De acuerdo con lo requerido por el fiscal de transición Carlos Martín Amad, el Juzgado Federal Nº1 de Salta procesó al empresario Marcos Levín como “instigador” del delito de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de 17 empleados de la empresa La Veloz del Norte. La resolución del juez Julio Bavio alcanzó también al ex jefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso y al comisario retirado Víctor Hugo Almirón y al oficial auxiliar retirado Enrique Víctor Cardozo, ambos con revista en la Comisaría Cuarta de la capital provincial.

En línea con la posición sustentada en el requerimiento fiscal, el juez entendió que Grueso debía responder por los mismos delitos, pero en calidad de “partícipe necesario”, Cardozo como “coautor” y Almirón como  “autor mediato”. Asimismo, impuso un embargo para Levín por la suma de 1.200.000 pesos y para el resto la mitad de esa suma. Levín suma así su tercer procesamiento por delitos de lesa humanidad, con una condena a 12 años de prisión en la primera causa, que espera veredicto final en la Corte Suprema.

Lo dispuesto por el juez Bavio surge de una investigación que se desprendió de la primera causa penal seguida contra el empresario. Almirón, Cardozo y otro jefe policial, elevada a juicio el 19 de marzo de 2014 por los mismos delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas. En ese tramo de la investigación, en el que se juzgó el caso de un ex delegado gremial de la empresa de transporte, el 28 de marzo de 2016, los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, del Tribunal Oral Federal 1, condenaron a Levín a 12 años de prisión. La misma pena fue aplicada al ex comisario Almirón, mientras que Cardozo fue sentenciado a 8 años de cárcel. En dicho juicio, en el que la acusación fue llevada adelante por los fiscales generales Amad y Francisco Snopek, acompañados por el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, se produjeron pruebas claves que posteriormente fueron incorporadas a la investigación de los hechos cometidos en perjuicio de los restantes ex trabajadores de La Veloz del Norte.

A partir de los testimonios, tanto los vertidos en el debate oral como otros más propuestos por Amad, el juez entendió que Levín junto a Grueso, Almirón y Cardozo había montado una maquinaria para perseguir y someter a torturas a los empleados que mostraban simpatía con el delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que era en ese entonces la cabeza visible del reclamo de los trabajadores de su empresa.

Mediante este “modus operandi” se confeccionaban listas de choferes y otros trabajadores, que eran detenidos ilegalmente para luego terminar en instalaciones de la Comisaría Cuarta, donde era sometidos a todo tipo de torturas, con lo cual se buscaba amedrentarlos para que dejaran de apoyar los reclamos gremiales, o bien eran obligados a confesar supuestos robos o fraudes cometidos en contra de la empresa.

Al respecto, el magistrado indicó que se había iniciado una causa penal en la justicia provincial por delitos de defraudación, acusación que sólo conformó la pantalla legal para avanzar contra los empleados, tanto de Salta como de Tucumán, los que eran sometidos a torturas. Todos estos hechos, según lo explicado por el juez en su fallo y lo expuesto por la fiscalía, sucedió entre los meses de enero y febrero de 1977, siendo enmarcados por ello como delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado. Es justamente esta caracterización (y la imprescriptibilidad de los delitos) el punto sobre el que debe resolver la Corte.

Las víctimas, en sus declaraciones, recordaron que “simultáneamente se prendía una radio a todo volumen y aceleraban una motocicleta con la finalidad de hacer el ruido suficiente que impidiera que fueran escuchados los gritos que provocaba la tortura.

Otro testimonio señalado por el juez para probar el accionar de los acusados mencionó lo declarado por una vecina de la comisaría, quien sostuvo que tenía un ambiente de su casa que estaba pegado a la habitación con rejas que era utilizada de calabozo, razón por la cual pudo escuchar “gritos desgarradores de personas a pesar de la moto y la radio fuerte que sonaba por la noche”.

“Se advierte que de los numerosos testimonios brindados por los empleados y ex empleados de ‘La Veloz del Norte’, no existen contradicciones esenciales, palmarias o evidentes que justifiquen invalidarlas, sino por el contrario, la mayoría de los testigos coinciden en que en la ocasión de ser detenidos por una causa seguida por la defraudación en perjuicio de la empresa ‘La Veloz del Norte’, fueron cruentamente torturados con el fin de que confesaran haber participado en la defraudación, suministrando información o inclusive para que involucraran a sus compañeros de trabajo”, explicó el juez en el auto.

Sobre Levín, Bavio afirmó que “brindó los datos de sus empleados al personal policial con el fin de que los detengan, al punto de usar en diferentes circunstancias vehículos de la empresa exclusivamente para trasladar detenidos a sus empleados. Es decir, el nombrado utilizó el aparato represivo instalado con motivo de terrorismo de estado como un engranaje para llevar a cabo sus designios”.

Además, el juez resaltó aspectos expuestos por los testigos, entre ellos el hecho de que el empresario solía esperar a los detenidos en la vereda de la comisaría junto a los policías implicados, como así también se presentaba por la noche en la seccional.

En vista de ello, el magistrado concluyó que “Marcos Jacobo Levin, integró la empresa criminal en forma conjunta con el personal de la Comisaría Cuarta, toda vez que no pudo cometer los delitos de referencia por tratarse de delitos especiales propios de funcionarios públicos, pero sí participó en ellos brindando aportes esenciales y determinantes, los cuales no sólo fueron datos brindados para la detención de sus empleados sino también que conforme surgió de las pruebas rendidas tenía el manejo y poder de decisión de todo el desarrollo del proceso”.

En cuanto a Cardozo, indicó que el ex policía era autor de los delitos imputados, “en virtud de que participó conduciendo el vehículo en la privación ilegítima de la libertad y en las torturas cumpliendo en forma estricta las órdenes que le daba otro superior para golpear a los empleados de La Veloz del Norte aplicándoles la picana, todo lo cual quedó reflejado en las testimoniales analizadas”.

Almirón, al declarar en su defensa, se desentendió de los hechos y aseguró que nadie lo denunció por las torturas y que su accionar se limitó a disposiciones emitidas por la justicia. En respuesta, y tras la investigación, el juez sostuvo que “su alegada inocencia en modo alguno compagina con el hecho de que el acusado, al momento de los hechos, era Jefe de la Comisaría Cuarta, dependencia en la que fueron torturados numerosos empleados de La Veloz del Norte, tal como surge en el presente de numerosas evidencias”.

“Tampoco es atendible su aseveración de que no se formularon denuncias en aquel tiempo, habida cuenta que dicha situación tiene que ver con el terrorismo imperante en el que, precisamente, la violencia provenía del Estado, lo cual no permitía acudir a las vías institucionales en resguardo de los derechos individuales”.

Finalmente, y en cuanto a Grueso, las pruebas reunidas indican que “quien tenía el manejo y poder de decisión de todo el proceso era en definitiva Levín, siendo Grueso, con el grado de probabilidad acorde al estado de este proceso, una pieza relevante en la faz informativa, al proporcionarle desde el cargo que ocupaba en la empresa, datos relacionados con los empleados de la firma, sin que pudiese desconocer que serían utilizados para el propósito criminal de aquel”.

Además, los testigos y víctimas “fueron contestes en señalar que había una lista con el personal de La Veloz del Norte, en la que se indicaba a la policía quienes debían ser retirados de las diferentes terminales o de sus domicilios y que ésta había sido confeccionada por Grueso, añadiendo que el nombrado era que el indicaba a quiénes tenían que picanear”.

El caso Levín presenta algunas semejanzas con el de Carlos Pedro Blaquier, titular del Ingenio Ledesma acusado de aprobar “listas” y facilitar vehículos y medios de la empresa para secuestrar obreros y empleados e introducirlos en el circuito del terror, de donde muchos no lograron salir con vida y permanecen desaparecidos. Ése es otro caso en el que debe resolver de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los años pasan y el reloj biológico de los procesados y condenados dicta   –previsiblemente- la muerte de los mismos, con el grave efecto de que ellos mueren sin sentencia definitiva y, por lo tanto, sin justicia.