La reforma judicial podrķa acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, aseguran querellantes

14 de Septiembre de 2020 |
Aunque las video conferencias ayudan, sigue siendo larga la periodicidad fijada para las audiencias

Pablo Llonto, abogado de querellantes
Pablo Llonto, abogado de querellantes

Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado avanzan pese a la pandemia, pero la periodicidad de las audiencias sigue siendo larga y por consiguiente lenta, coincidieron en diálogo con Télam el coordinador del Programa Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humano Martín Fiorenza y el abogado de víctimas querellantes Pablo Llonto.

Llonto atribuye esta demora al hecho de que "hace algunos años empezó una modalidad de hacer (las audiencias) una vez por semana, incluso, a veces, una cada quince días", a la vez que recuerda que "cuando en 2003 se reanudaron estos procesos, había dos o tres audiencias por semana", si bien luego "se fue volviendo costumbre dilatarlas".

Para el abogado, representante de las víctimas en distintos juicios, "este panorama de dilación puede empezar a cambiar si se sanciona la Reforma Judicial, en la que se ha logrado incluir tres artículos vinculados con los juicios, en los que uno de ellos establece que cuando un tribunal oral atienda un juicio de lesa, tiene que realizar audiencias al menos tres veces por semana".

Agregó que la reforma, asimismo, establece que estos juicios deben tener siempre "prioridad", garantizando que "no se van a trasladar a nuevos juzgados".

No obstante, mientras sigue el proceso de discusión de la reforma judicial por un consejo de expertos, el letrado observa que hoy los abogados de las víctimas reclaman que "las audiencias se realicen más seguido", por tratarse de "el juzgamiento de crímenes cuyo juzgamiento ya tiene más de 40 años de atraso".

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continúa sumándose como querellante en diversas causas en distintas provincias del país, para impulsar la política de Memoria, la Verdad y Justicia, y participa en forma activa en al menos 16 jurisdicciones.

El coordinador del Programa de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos, Martín Fiorenza, aseguró a Télam que "en el marco del impulso de la política de Memoria, Verdad y Justicia", desde su dependencia, “también se promueve la celeridad" en el desarrollo de estos juicios, lo que "las víctimas vienen reclamando hace décadas".

"Así como no consentimos la dilación en la pandemia, tampoco queremos que se consolide esa impunidad biológica contra la que luchamos, teniendo en cuenta la edad de los imputados en los crímenes", agregó.

Fiorenza destacó el hecho de que la pandemia "afortunadamente no ha impedido que se sigan realizando los juicios", si bien reconoció que "al principio hubo limitaciones técnicas que se fueron solucionando".

"Esta nueva modalidad virtual, incluso ha permitido, por ejemplo, la emisión de las audiencias para quienes antes no tenían acceso, mediante YouTube u otros canales", completó.

Llonto, por su parte, también consideró que la pandemia "ha traído cosas buenas" y citó "la posibilidad" que dio “de juntar hasta cinco testigos y declarar en forma remota facilitando los tiempos". Y otro beneficio, manifestó, "fue la puntualidad", ya que antes "los procesos empezaban hasta con una hora de demora, mientras que ahora, desde la hora fijada, no tardan más de 10 o 15 minutos, y eso a causa de los necesarios ajustes técnicos en las plataformas virtuales".

"Aspectos negativos no ha traído demasiados", asumió Llonto, si bien advirtió que con la mueva modalidad "algunas víctimas pueden sentirse más solas a la hora de declarar y no tienen una contención presencial".

De cualquier manera, insistió, "hoy el problema principal de los juicios no es la pandemia, sino la periodicidad larga de las audiencias".

En ese aspecto, Fiorenza detalló algunas de las causas de esa periodicidad larga y dijo que "en ciertas jurisdicciones faltan jueces titulares que son suplidos por jueces subrogantes", a lo que Llonto sumó que muchas veces el desarrollo mismo de los juicios "tiene que ver con la decisión judicial de que se aceleren los procesos".

El abogado contó que desde el inicio de la pandemia, "salvo la excepción del juicio ESMA, que lleva el Tribunal Oral Federal N 5 y que estaba justo en la etapa final de alegatos y que aún no se ha reiniciado, los demás juicios o bien se reiniciaron o están a punto de reiniciarse".

Otro de los debates generados por la pandemia, en algunas causas, fue la idea de unificar los procesos, algo que en su opinión "no es conveniente, porque implica más demoras".

En otro aspecto, consultado sobre los pedidos de arresto domiciliario de parte de genocidas procesados o condenados, en virtud de la pandemia, Llonto confió que "al principio hubo una avalancha de solicitudes" y que "algunas fueron concedidas, pero la mayoría de los jueces fueron entendiendo, por sentido común, que si las condiciones se cumplen y si hay otros presos en la misma situación, no hay motivo para que la prisión domiciliaria se conceda a algunos en razón de la pandemia, que afecta a todos.

Fiorenza adelantó que en los próximos días la Secretaría se presentará también como querellante en otras causas que tramitan en las provincias de Salta, Jujuy, Entre Ríos y Córdoba "no sólo en nombre del deber y la responsabilidad que tiene el Estado argentino, sino también por la decisión política de agilizar y promover el desarrollo de estos juicios, que deben ser una política pública con un abordaje federal".

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla Corti se presentó como querellante el 24 de agosto pasado en la causa que tiene como imputado a Eduardo Abelardo Britos, en tres causas por delitos de lesa humanidad.

Una de ellas, se precisó, es por el asesinato del laico Wenceslao Pedernera, ocurrido en la madrugada del 25 de julio de 1976 en su casa de Sañogasta, Chilecito, y otra por numerosos hechos ocurridos en Córdoba (ver nota en Memoria) en donde se investiga a más de ochenta acusados, civiles y militares, pertenecientes a fuerzas de seguridad.