Un testimonio "común" dimensiona la tragedia de los protagonistas y víctimas de la Contraofensiva montonera

01 de Agosto de 2020 |
Alfredo De Lillo reconstruyó, en la audiencia del 30/7, los años en que perdió a su hermano Miguel y a su cuñada y recibió a sus sobrinos de manos de los mismos represores.

Marcelo Cinto Courtaux, uno de los imputados. Foto: Gustavo Molfino
Marcelo Cinto Courtaux, uno de los imputados. Foto: Gustavo Molfino
En la audiencia número 43 de un largo juicio oral comenzado en 2019, en el que son acusados hoy seis cuadros militares del Ejército por el secuestro y desaparición de más de 90 militantes de Montoneros que participaban de la Contraofensiva, declararon por la querella el funcionario municipal y comerciante de Chivilcoy Alfredo Luis De Lillo y por la defensa de dos de los imputados, el general de división, en retiro efectivo Julio Alberto Conrado Hang.

Por las conocidas limitaciones que impone la pandemia del Covid 19, la audiencia del juicio oral realizada el pasado jueves 30 debió cumplirse, lo mismo que muchas otras de los tribunales orales federales, por sistema de teleconferencia. Las audiencias también son seguidas en vivo, comentadas y registradas por la radio, la web y el periódico impreso de La Retaguardia (www.laretaguardia.com.ar)

La historia del Miguel Ángel De Lillo, de su esposa Mirta Haydée Milobara y de sus pequeños hijos Marcos y Hugo, hilada por las preguntas que iban formulando la fiscal Gabriela Sosti y el representante de las querellas Pablo Llonto, fue narrada con pormenores por Alfredo De Lillo, licenciado en Economía, ex comerciante y hoy funcionario del municipio de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

Los cuatro hermanos De Lillo compartieron, con sus diferencias de edad, un camino que los llevó desde Chivilcoy a La Plata primero, para hacer sus estudios universitarios, y a la Capital Federal después, por emprendimientos comerciales. Sin embargo, en el caso de Miguel y de su pareja Mirta Milobara, ese camino incluyó la militancia peronista revolucionaria, primero en agrupaciones de base y luego en la OPM (organización político militar) Montoneros.

Después del golpe del 24 de Marzo de 1976, cuando la organización (que ya actuaba en la clandestinidad) debió enfrentar la maquinaria de la represión ilegal de Estado y vio diezmadas sus columnas y desmanteladas sus estructuras de base, comenzó a reagruparse en el exilio para lanzar en 1978, con la aprobación de casi todos sus dirigentes, la denominada Contraofensiva, lo que significó movilizar y entrenar a sus cuadros en México y El Líbano para combatir con tácticas de guerrilla a la dictadura cívico militar.

De ese proceso fue testigo Alfredo De Lillo. Pudo advertir los cambios de domicilio; la clandestinidad de su hermano Miguel y su cuñada; la situación de su sobrinito Marcos; el viaje a México de la familia; las cartas y llamadas telefónicas, con escasas noticias, y finalmente, el anuncio de que todos, incluido un nuevo sobrino nacido en México, regresarían a la Argentina a mediados de 1979.

Volvió a saber algo Alfredo, de su hermano Miguel y de su familia, el 23 de diciembre de 1980, cuando unos supuestos “compañeros” le llevaron a Chivilcoy y le dejaron en guarda a sus sobrinos Marcos y Hugo, quienes apenas podían relatar, por su cortísima edad, lo que habían vivido (luego se sabría que habían estado en un campo de Tandil y al cuidado de otros militantes, quienes recibían visitas y vigilancia permanente de los represores).

“Yo estaba casado y tenía una hija –dijo De Lillo- y esos chicos pasaron a formar parte de mi familia. Pasamos a ser una familia con tres hijos”.

Alfredo De Lillo se ofreció como testigo de la querella porque aún busca verdad y justicia para su hermano desaparecido y para su cuñada desaparecida, así como para sus sobrinos Marcos y Hugo, puesto que ellos también son víctimas en esta compleja historia.

En su declaración, el testigo repitió un concepto que ya había expresado en 1983 ante la Conadep, cuando le solicitaron “datos precisos” sobre la desaparición de Miguel y de Mirta: “Quienes dispusieron de la vida de mis sobrinos, en 1980, seguramente también dispusieron sobre la vida de sus padres. Ahí hay una pista para investigar”.

Por último, como emotivo cierre de su relato, Alfredo De Lillo expresó:  “Si alguien ha tenido la desgracia de perder en la pandemia a un ser querido, lejos, sin poder abrazarlo ni despedirse, puede tener idea de los que sentimos nosotros desde hace 40 años, agravado por no saber qué les pasó a nuestros familiares, ni cuándo ni dónde”.

Una declaración profesional

El segundo testimonio presentado en la audiencia fue el de un general de división (RE) que cuenta entre sus antecedentes con el de haber sido edecán del primer Presidente de la recuperada democracia, Raúl Alfonsín, revistando también como agregado militar en los Estados Unidos y como Jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

Miguel Angel De Lillo, su esposa Mirta Milobara, embarazada, y su hijo Marcos
Miguel Angel De Lillo, su esposa Mirta Milobara, embarazada, y su hijo Marcos
Julio Alberto Conrado Hang, profesor de grado y de posgrado en varias universidades argentinas y miembro del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) fue convocado por la defensa de los imputados Apa y Cinto Courtaux, generales retirados ambos. Quien primero lo interrogó a Hang fue el abogado defensor Hernán Corigliano.

Puesto que la exposición de Hang fue de orden conceptual y teórico, acerca de los organigramas y la estructura de las secciones y departamentos de Inteligencia del Ejército (no olvidemos que los imputados en esta causa son todos militares que se desempeñaron en el área de Inteligencia), las pocas preguntas que le hicieron la fiscal Sosti y el querellante Llonto apuntaron al desempeño ejecutivo y de contacto que pudieron tener esos oficiales de Inteligencia afectados a la “lucha contra la subversión” en el período investigado.

El testigo Hang sostuvo en todo momento que el papel de los departamentos de Inteligencia es el “planeamiento” y no la “ejecución” y negó haber presenciado o haber tenido referencias de un comportamiento “no reglamentario” por parte de sus camaradas en los años 1979 y 1980. Su lejanía, en tiempo y lugar, de la escena de los delitos, impidió a la fiscal Sosti y al querellante Llonto profundizar el cuestionario u obtener una definición política o valorativa por parte de Hang.

En los reglamentos y órdenes de batalla del Ejército se consigna como LRD (lugar de reunión de detenidos) lo que la Justicia ya ha designado, en innumerables investigaciones y fallos, como CCD (centro clandestino de detención). El general Hang insistió en no darse por enterado, lo que motivó repreguntas y un visible disgusto por parte de la fiscalía y de la querella, algo que fue disimulado por los buenos modales que se mantuvieron durante toda la audiencia.

La pesada carga de los sobrevivientes

Daniel Vicente Cabezas, productor audiovisual, es hijo y hermano de desaparecidos, además de ex preso político y víctima sobreviviente de la represión de la dictadura. En 1976, a pocos meses del secuestro y desaparición de su hermano Gustavo, viajó a México y comenzó a militar en la organización Montoneros, participando al principio en la denuncia de la situación argentina y regresando al país en 1979, como parte de la Contraofensiva.

La fiscal auxiliar Gabriela Sosti, en un momento de la audiencia
La fiscal auxiliar Gabriela Sosti, en un momento de la audiencia
En 1980, Cabezas fue detenido junto a su pareja Nora Hilb y permaneció en condición de preso político hasta 1984, ya entrada la democracia. Desde ese momento, viene cumpliendo un importante papel como testigo y como querellante en distintos juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos el de la Contraofensiva.

“Fue muy importante el hallazgo de actas y registros de la dictadura que hizo el Ministerio de Defensa en 2014”, dice. “Allí aparecieron documentos que prueban la participación directa de ciertos cuadros militares en la represión durante la Contraofensiva. Se trata de notas de felicitación enviadas a los jefes, con nombres y apellidos”

A la previsible ausencia de registros y documentos de las operaciones ilegales del Ejército (algo que ya es un reclamo permanente de los familiares y los organismos de DDHH), se suman los cuestionamientos de índole política o moral que hoy una parte de la sociedad le sigue haciendo a la dirigencia y a los militantes sobrevivientes.

“Fue muy duro para nosotros –dice Cabezas-, porque para muchos parece que hay ‘víctimas buenas’ (los muertos y desaparecidos) y hay ‘víctimas malas’ (que vendríamos a ser los que resistimos y sobrevivimos). Es como con la ‘teoría de los dos demonios’. Cuesta demostrar, aunque estén los testimonios de la vida de los compañeros y las razones de su compromiso y su militancia, que en el terrorismo de Estado no existen dos demonios, sino uno solo, que es el Estado terrorista”.

 El expediente de la causa “Contraofensiva” contempla 94 casos de víctimas y más de 250 testimonios, que se vienen desgranando a ritmo casi semanal desde abril de 2019.

Además de los hechos ocurridos en la Argentina, hay otros como el secuestro de Horacio Domingo Campiglia y Mónica Susana Pinus, ocurrido el 12 de marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro.

O los secuestros en Lima, Perú, de María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Noemí Gianotti de Molfino.

En todos los casos, el tristemente célebre Batallón 601 de Inteligencia, con sus militares a sueldo y su personal civil a sueldo, cumplió con un papel que no fue exclusivamente de planeamiento, un papel desarrollado al margen de las leyes de la Constitución y de los códigos de procedimiento.

Eso es lo que la acusación, reuniendo los testimonios y las evidencias, debe probar, en este debate oral por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Contraofensiva.

Oscar Taffetani