Represión en Colombia: la cuenta lleva más de 70 muertes y un centenar de desapariciones

10 de Junio de 2021 |
La CIDH, HRW y otros organismos piden al gobierno de Iván Duque que identifique y entregue a los responsables

Con Bogotá surcada por cientos de focos de protestas contra las políticas del presidente Iván Duque, Colombia atravesó ayer otra jornada tensa, marcada por las acusaciones de "abusos gravísimos" en la represión del estallido social iniciado hace un mes y medio, con el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP) estancado y con la investigación de la represión bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la capital colombiana tuvo lugar ayer la movilización central, "la toma de Bogotá", convocada por el CNP, la organización más visible detrás de las protestas y que reúne 22 organizaciones y sindicatos, con el objetivo de llevar miles de personas a la sede de los tres poderes para mostrar el descontento reinante.

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon pacíficamente con pancartas y banderas amarillas, azules y coloradas de Colombia, y casi todas ellas llevaban tapabocas por el coronavirus, cuyo índice de contagios volvió a incrementarse en los últimos días.

La idea del CNP fue que las columnas llegaran a media tarde de ayer a un hotel de Bogotá, en donde líderes de la organización se reunieron con integrantes de la misión de la CIDH.

Según informó el vocero del CNP y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, en la cita se presentó un informe que da cuenta de alrededor de 70 muertes, cerca de 100 desaparecidos y más de 3.000 casos de abuso policial desde el estallido de la crisis social y política el 28 de abril pasado; y también fue entregado el preacuerdo hecho  con el Gobierno el pasado 24 de mayo y que aún no fue firmado.

El CNP busca dejar constancia de lo que consideran una “falta de voluntad política que ha habido de parte del Gobierno para garantizar los derechos humanos, y particularmente el ejercicio de la protesta”, explicó Maltés, citado por el diario local El Espectador.

Durante las primeras horas de la jornada de ayer, las fuerzas de seguridad y miembros del SMAD reprimieron con saña a indígenas Misak que intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón en la calle 26, según denunció la organización defensora de derechos humanos “Defender la Libertad”.

"El Esmad no cumple los protocolos de actuación, dispara al cuerpo de la gente. Alcaldesa Claudia López, ¿qué vale más la vida o una estatua? Exigimos garantías para el pueblo MISAK y que la Fuerza Pública actúe como corresponde", tuiteó la ONG.

La organización también difundió un video en el que se ve cómo policías disparan de manera horizontal a los indígenas e incumplen con los protocolos del manual para el servicio de la Policía, en el que se explica que deben ser tiros parabólicos porque "la alta velocidad y temperatura de los proyectiles pueden ocasionar serias lesiones".

Por su parte, la concejala Heidy Sánchez informó que algunos manifestantes del lugar resultaron heridas en el rostro y la cabeza.

En paralelo, bloqueos y manifestaciones se realizaron en Cali, en la vía de Villagorgona que conecta esta ciudad con Candelaria, mientras que en Barranquilla se convocó una marcha desde el Monumento del Estudiante; otras ciudades que se adhirieron a las medidas fueron Cúcuta, Bucamaranga y Medellín.

El miércoles por la mañana, en un duro informe, la organización Human Rights Watch (HRW) reclamó al gobierno de Duque "medidas urgentes" para proteger los derechos humanos, que la policía no reprima reuniones pacíficas y que se enjuicie a los responsables de los abusos.

Estas marchas son las primeras desde el arribo al país de una misión de la CIDH, principal organismo de protección de las garantías fundamentales de América, para evaluar la convulsa situación.

La ONU, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea ya denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública contra las protestas, que han dejado más de 50 muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.

La misión de la CIDH, que llegó el martes a Colombia y permanecerá hasta hoy 10 de junio, analizará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

"Las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali, informó Camargo.

Sin embargo, para el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, "la violencia contra policías y los bloqueos son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial".

En su informe, HRW dijo que recibió "denuncias creíbles" de 68 muertes desde el inicio de las manifestaciones, incluyendo las de dos policías, informó el diario El Tiempo.

La CIDH, que el martes se reunió con Duque y algunos de sus ministros, dijo que ayer y hoy jueves escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares.

La crisis comenzó el 28 de abril por una reforma tributaria promovida por el Gobierno.

Lejos de remitir luego de que el proyecto fuera desechado ante la presión de las calles, las protestas se profundizaron con reclamos generales contra las políticas del Gobierno neoliberal de Duque, como más trabajo y un mejor acceso a la salud.

Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, luego de que el CNP, interrumpiera días atrás negociaciones que llevaba adelante con el Gobierno.