Nicaragua: Múltiples pedidos de la comunidad internacional para que se garanticen elecciones libres en noviembre

24 de Junio de 2021 |
Asimismo, le exigen a Daniel Ortega que libere a los presos políticos y particularmente a los que son precandidatos

La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, durante su último mensaje al Consejo del organismo
La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, durante su último mensaje al Consejo del organismo
La presidenta del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, manifestó hoy la preocupación del organismo por la detención de casi dos decenas de líderes opositores en Nicaragua durante las últimas semanas y pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) proteger a cuatro de ellos en ese país ante la "extrema situación de riesgo" que enfrentan. La declaración de Urrejola se suma al mensaje enviado por la alta comisionada de la ONU para los DDHH Michelle Bachelet, quien desde la sede del organismo en Ginebra emplazó (sic) al gobierno de Nicaragua “a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral".

"En un período de 20 días –dice la CIDH en su comunicado- autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a cinco personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año”,

La solicitud de protección para los cuatro dirigentes opositores se realizó a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial de la OEA, informó la agencia de noticias AFP. La CIDH, un ente autónomo de la OEA, solicitó al órgano judicial adoptar medidas provisionales en favor de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera, todos críticos del Gobierno de Daniel Ortega detenidos en los últimos días por las autoridades nicaragüenses.

"La privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo" a quienes "protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual Gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre", denunció el texto.

La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares en favor de estas personas en 2018 y 2019, pero dijo que ante el incremento del riesgo en que se encuentran decidió instar a la CIDH a requerir a Nicaragua que garantice su seguridad.

La CIDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales "en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas" y éstas tienen carácter obligatorio para los Estados miembros del sistema interamericano.

En su mensaje al Consejo del martes, la alta comisionada Bachelet urgió a Nicaragua a un "cambio urgente" de actitud por parte del Gobierno de Daniel Ortega en el proceso electoral y a "liberar" a los opositores detenidos "arbitrariamente".


Ortega es blanco de críticas de la comunidad internacional por la nueva represión desatada contra sus adversarios políticos de cara a los comicios del 7 de noviembre, en los que sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato.

Daniel Ortega, ex guerrillero que ya había gobernado Nicaragua tras el derrocamiento de Somoza, desde 1979 hasta 1990, regresó al poder en 2007 con la fuerza remanente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.

El mandatario fue -y es- acusado por la oposición -que incluye a varios ex dirigentes del sandinismo- y por la comunidad internacional, de gobernar de manera autoritaria, tras la represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

El Gobierno de Nicaragua justifica el arresto de los aspirantes a la Presidencia acusándolos de tramar un golpe de Estado.

"Desde mi último informe el pasado 23 de febrero –dijo Bachelet ante el Consejo de la ONU- mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones", Y agregó: "Lamentablemente, no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante".

Bachelet denunció además una "persecución selectiva" contra defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega y lamentó las detenciones de "cinco candidatos (entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la fallecida ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro) y de otros opositores sin suficiente evidencia probatoria".

"Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua", concluyó la máxima autoridad en derechos humanos de la ONU y dos veces presidenta de Chile.

En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó cada una de las denuncias y advertencias de Bachelet.

A cinco meses de las elecciones generales en Nicaragua, las autoridades del país centroamericano detuvieron a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la Presidencia, la última, la ex primera dama María Fernanda Flores.

A la mayoría de los opositores detenidos se les aplica una ley aprobada por el Congreso de mayoría oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del Gobierno, cometan actos que "menoscaban la independencia, soberanía" e inciten "a la injerencia extranjera".

La oposición nicaragüense denuncia que estas detenciones buscan despejar el camino para la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo al frente del país, aunque éste aún no oficializó su intención de presentarse de nuevo.

El representante argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas Beltrán, manifestó también su preocupación ante "las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia"; y apoyó el pedido de Bachelet de que su gente pueda volver a entrar a Nicaragua, según comunicó la Cancillería.

Cincuenta y nueve países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, han pedido a Nicaragua liberar a los opositores detenidos.

"Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas", agregaron, llamando a Managua a "comprometerse con la comunidad internacional" y a "permitir la presencia de observadores electorales internacionales".

La tarde del martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó una legislación para promover elecciones libres en Nicaragua, con nuevas medidas para sancionar actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.

La Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), presentada a fines de marzo por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, será ahora puesta a consideración del pleno del Senado.

Si se aprueba, el gobierno de Joe Biden tendrá "las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control de Nicaragua", dijo Menéndez, presidente del Comité, según la agencia AFP.

Asimismo, la ONG Human Rights Watch (HRW) acercó a la ONU su propio informe sobre la crisis política en Nicaragua.

"Es fundamental que el secretario general (António Guterres) potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad", afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, al difundir el documento, que incluye 53 testimonios recogidos telefónicamente entre enero y junio de este año, y detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra detractores de Ortega, en algunos casos incluso con "tortura".

Fuentes: Télam / AFP