Memoria Verdad y Justicia

La Argentina votó hoy a favor del informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lo hizo en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se desarrolló en Ginebra. Asimismo, apoyó la extensión por dos años del plazo otorgado a la Misión Internacional que investiga y recoge denuncias de las víctimas en el país caribeño. En el mismo sentido, la delegación argentina presentó junto a Francia, Japón y Marruecos una resolución sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que ya cuenta con el consenso de 53 países.

La votación sobre el Informe Bachelet formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).

Más temprano, la Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el Gobierno argentino iba a “valorar y apoyar con fuerza" el trabajo realizado por Bachelet.

En su discurso, el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, aseguró que el proyecto de resolución aprobado "contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela".

Asimismo, la Argentina instó al gobierno de Nicolás Maduro a "cooperar plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada".

El embajador Villegas también instó al gobierno de Caracas a que "conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, lleve a los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas".

El diplomático aseguró que "Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos y por la crisis política económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del Covid-19".

"Hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido", indicó el representante argentino.

Asimismo, advirtió que "la adopción de resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de sus gobiernos conducen a que la posterior puesta en práctica de este tipo de resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

En el comunicado difundido más temprano, la Cancillería había informado que el presidente Alberto Fernández "dio instrucciones sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

"Asimismo, la Argentina valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet”, indicó el comunicado, e instó al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a "cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”.

“La República Argentina destacará a través de sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias”, se precisa en el texto difundido por Cancillería.

Según indica el comunicado, la Argentina “contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada”.

La Cancillería sostiene además que "son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral”.

“La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la posición que aquí se explícita”, se informó.

Por último -se indica- el presidente Fernández sostuvo "una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”.

Dos años más a la Misión Internacional

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó hoy, en la reunión de Ginebra, una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la cual había presentado sus alarmantes resultados iniciales a finales de septiembre.

La resolución, promovida por los países latinoamericanos integrantes del denominado Grupo de Lima, obtuvo 22 votos a favor (el de Argentina entre ellos), tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México, que manifestó sus dudas por un texto que tildó de "politizado" y poco equilibrado.

La misión continuará así investigando y reportando al consejo de la ONU durante dos años más los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela, "incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes", según indicó el texto.

Conformada por tres expertos -la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils-, la delegación presentó el pasado 23 de septiembre su primer informe ante el consejo, en el que denunció "violaciones cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad", algo que generó el rechazo del Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.

Durante las intervenciones previas a la votación, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, criticó la resolución y consideró que pretende "la imposición de un mecanismo de monitoreo que no cuenta con el consentimiento de mi país ni de mi pueblo".

La "fantasmagórica" Misión Internacional "elabora informes falsos, sin rigor científico, y ha despilfarrado casi tres millones de dólares", esgrimió el diplomático venezolano, citado por la agencia de noticias EFE.

Valero atacó además a la Unión Europea (UE), que apoyó la resolución, por guardar silencio ante las sanciones de Washington a su país y, con mayor vehemencia, despotricó contra los países latinoamericanos que promovieron el texto, a los que llamó "el cártel de Lima".

"Responden sumisamente a los intereses de una potencia colonial decadente, la de Donald Trump. Los Gobiernos del cártel de Lima son los más serviles y se arrastran sin vergüenza ante la bota imperial", esgrimió.

La delegada de Perú, en representación del Grupo de Lima, había señalado previamente en la misma sesión que la Misión Internacional "es necesaria para mejorar la situación en Venezuela" ya que, recalcó, "hay que poner a las víctimas en el centro de las preocupaciones".

Una opinión compartida por la representación alemana en nombre de la UE, que destacó "la erosión del imperio de la ley en Venezuela y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país deben seguir siendo investigadas por el Consejo".

Posteriormente, el representante argentino ante la ONU, Federico Villegas, expresó la "preocupación" de Argentina por la "situación de los derechos humanos" y la "crisis política, económica y humanitaria" en Venezuela, "agravada" por las sanciones financieras y la pandemia del coronavirus.

Si bien Villegas afirmó que el Gobierno argentino hubiese preferido una resolución que contara con "el activo involucramiento" de Caracas para evitar una puesta en práctica "problemática", señaló que los derechos fundamentales de los venezolanos "deben prevalecer sobre otras consideraciones".

"El proyecto de resolución que estamos tratando contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela", dijo Villegas para argumentar el voto a favor de Argentina.

El consejo votó también hoy otra resolución sobre Venezuela presentada por Irán y apoyada por Caracas, que se centraba en dar mayor importancia a la buena colaboración actual entre el Ejecutivo venezolano y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet.

La resolución se aprobó también con un alto número de abstenciones (26, entre ellas la de Argentina), 14 votos a favor y siete en contra, entre ellos Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay, promotores de la otra iniciativa.

Consenso sobre desapariciones forzadas

En la misma reunión, el Consejo de DDHH de la ONU aprobó por consenso la resolución sobre desapariciones forzadas o involuntarias, cuya redacción fue elaborada por la delegación argentina, junto con las de Francia, Marruecos y Japón, y que cuenta hasta el momento con el copatrocinio de 53 países.

La resolución renueva por tres años el mandato del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que en 2020 cumple 40 años desde su creación por la anterior Comisión de Derechos Humanos, a partir del uso masivo y sistemático de la desaparición forzada por parte de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Según informó oficialmente la Misión Permanente Argentina ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, "la resolución exhorta además a todos los Estados que aún no hayan firmado o ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas o no se hayan adherido a ella, a que consideren la posibilidad de hacerlo con carácter prioritario".

La mencionada Convención cumple diez años desde su entrada en vigor y fue firmada por 98 países.

La Argentina y Francia trabajan conjuntamente para lograr su ratificación universal y están lanzando una nueva campaña de gestiones diplomáticas conjuntas con este fin, en adición a las ya realizadas en 2013 y 2018.

"La creación del Grupo de Trabajo en 1980 a partir del caso argentino y el liderazgo de nuestro país en la entrada en vigor de la Convención en 2010, representan la evolución de la incorporación de los derechos humanos en la identidad democrática de la República Argentina", explicó la misión argentina.

El embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Federico Villegas, remarcó que "lamentablemente, y como lo demuestran los informes del Grupo de Trabajo y del Comité contra la Desaparición Forzada, este fenómeno sigue estando muy extendido".

"Mientras no se erradique la práctica de las desapariciones forzadas en todo el mundo, creemos que este mandato sigue siendo totalmente relevante y que su minucioso trabajo contribuye a la lucha de las víctimas y sus familiares por la justicia", agregó el diplomático.

"Reiteramos nuestro firme compromiso por la lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas, acompañando a las víctimas y sus familiares. Estas graves violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad y merecen el repudio de la comunidad internacional", concluyó Villegas.