Nuevas huellas y nuevas causas del Plan Cóndor en la Argentina
22 de Julio de 2020 |
Los últimos hallazgos de la Justicia, algunos inesperados testimonios y el ejercicio incansable de la Memoria, siguen echando luz sobre nuestro pasado reciente.
Recientemente, fueron localizadas una casa en la calle Bacacay que funcionaba como anexo del centro clandestino “Orletti”, en el barrio porteño de Floresta, así como terrenos en el distrito bonaerense de Chascomús adquiridos con el producto de saqueos durante el terrorismo de Estado. Ambos hallazgos, que no son los únicos, alimentan la prueba en una causa del Plan Cóndor que se halla en proceso, a cargo del juez Rafecas, y también en otra instruida ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y que ya ha sido elevada a juicio oral.
El fiscal federal Juan Pablo Curi confirmó el pasado 16 de julio la elevación a juicio oral y público de una causa contra cuatro herederos de un integrante de la banda paraestatal de Aníbal Gordón, por lavado de los activos resultantes de apropiaciones ilegales durante el terrorismo de Estado, y que por ello son consideradas delitos de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales.
El pedido de elevación a juicio había sido realizado por Curi y por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y que está caratulada “Castro, Juan Eleodoro y otros S/imposición de torturas”.
Los acusados son hijos del represor de la dictadura Leonardo Miguel Save, ex agente inorgánico de la SIDE de estrecha relación con Aníbal Gordon en las acciones de represión ilegal que se llevaron a cabo en el centro clandestino de detención ilegal Automotores Orletti.
Se trata de terrenos emplazados frente a la la laguna de Chascomús y que fueron comprados por Save con dinero que la banda de Gordon había robado a militantes uruguayos del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) que estuvieron cautivos en Orletti, varios de los cuales están desaparecidos.
Los imputados son los hermanos María Natalia, Ana María, Marcelo Leonardo y María Eugenia Save, quienes habrían participado desde 1999 en una serie de actos irregulares tendientes a borrar el origen ilícito de estas propiedades.
En una operación típica de la Operación Cóndor (más conocido como “Plan Cóndor”), un grupo de agentes argentinos y uruguayos secuestraron en septiembre de 1976, en Buenos Aires, al militante del PVP Alberto Cecilio Mechoso Méndez.
Mechoso Méndez era uruguayo, estaba exilado en la Argentina e integraba el ya mencionado PVP), organización fundada en Lanús, provincia de Buenos Aires, que se oponía al autogolpe y a la dictadura iniciada al otro lado del Plata por Juan María Bordaberry.
“Pocho” Mechoso Méndez había sido secuestrado poco antes de la operación inmobiliaria que hoy se investiga, a fines de setiembre de 1976. Sus restos fueron identificados por un equipo de antropología forense en 2012.
Gordon y su banda robaron del domicilio de Mechoso Méndez varios millones de dólares que el partido –de signo anarco-socialista y ligado a las cooperativas agrarias- había rescatado del Uruguay para financiar sus actividades. Un mes después del secuestro y asalto, en 1976, fueron compradas las parcelas en Chascomús, según datos que se consignan en la causa.
En esos terrenos, la banda planeaba desarrollar un proyecto inmobiliario, algo que no llegó a concretarse debido a una disputa con el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires, en los años de la dictadura.
Esta investigación se inició tras una denuncia realizada por organismos de derechos humanos, los que alertaron sobre la existencia de una fosa común con restos de desaparecidos justamente en Chascomús, algo que aún no pudo ser verificado, al decir de las mismas fuentes judiciales.
Los hijos de Save ya habían sido procesados y embargados en 2018 por el juez Ramos Padilla, quien determinó que se cometieron ilícitos en cuanto al registro de estas propiedades.
Un anexo de “Orletti”, en Floresta
A principios de este mes, el juez federal Daniel Rafecas pudo identificar un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención, en el barrio porteño de Floresta. El magistrado dispuso el “no innovar” para que el inmueble ya no sufra más alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar. La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", informaron a Télam fuentes judiciales.
La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos consumadas en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército y está vinculada con delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", verdadera bisagra de la acción represiva del Plan Cóndor en la Argentina.
En la actualidad, se desarrolla un quinto juicio por los crímenes cometidos en Orletti, en el que hay cuatro imputados, con sentencias anteriores, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de once víctimas.
La acusación se encuentra a cargo del fiscal Pablo Ouviña, quien aguarda información para determinar si corresponde hacer una instrucción complementaria que le aporte información al proceso oral que se encuentra suspendido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Memoria argentina de sobrevivientes uruguayos
El pasado 24 de mayo, la televisión pública argentina presentó un valioso documental sobre la militante social uruguaya Sara Méndez, quien fue secuestrada de su casa durante la última dictadura civico-militar y separada de su hijo Simón, de apenas veinte días de vida.
La dirección y el guión de ese documental son de Sara Kochen y en él se cuentan la vida de Sara y el postergado reencuentro con su hijo, hecho que se dio en 2002, al final de una larga búsqueda.
La protagonista de la historia es una maestra y militante de izquierda uruguaya que debió exiliarse en la Argentina en 1973 junto a otros militantes del PVP. Militó en la clandestinidad junto a su pareja, Mauricio Gatti, y quedó embarazada de su primer hijo, Simón, el 22 de Junio de 1976.
Fue secuestrada por un grupo de tareas dependiente de la SIDE y del Ejército y llevada al centro clandestino Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta. Allí fue sometida a torturas y a condiciones de vida infrahumanas. Más tarde fue trasladada ilegalmente a Montevideo, junto con otros detenidos, y permaneció clandestinamente en prisión durante cinco años. Al recuperar su libertad, inició la búsqueda de Simón y tuvo para ello gran acompañamiento social, pese a la retiscencia de diferentes gobiernos.
A mediados de marzo de 2002, con la colaboración del periodista y militante Roger Rodríguez y del senador Rafael Michelini, se enteró de que un examen genético confirmaba que un joven argentino llamado “Aníbal”, era en realidad Simón, su hijo de veinte días arrebatado de sus brazos el 13 de junio de 1976.
Hoy Simón Antonio Gatti Méndez es el nieto recuperado 119, para las Abuelas de Plaza de Mayo.
Pero no terminan allí las huellas del Cóndor, como tampoco la memoria argentina de esa militancia uruguaya que sufrió el exilio y la represión ilegal en los años de la dictadura.
“Antes de que transcurrieran 18 meses desde la fundación del partido –se lee en la web del PVP, integrante de la coalición Frente Amplio) toda la dirección, menos un integrante, y numerosos participantes como delegados fueron secuestrados y desaparecidos a través del Plan Cóndor”
Entre los desaparecidos del PVP se encuentran Gerardo Gatti, León Duarte, Gustavo Inzaurralde, Alberto Mechoso Méndez, Elena Quinteros y Jorge Zaffaroni. El único sobreviviente de la dirección fue Mauricio Gatti, padre de Simón, que falleció en 1991.
Según un proyecto de ley presentado en el Parlamento provincial en 2013, con las firmas de las diputadas Natalia Gradaschi y Karina Nazabal y con el apoyo político de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y del entonces diputado del Frente Amplio uruguayo Luis Puig, la casa de Balbín 564, Lanús, sería expropiada para crearse allí la Casa de la Memoria Latinoamericana.
De cualquier modo, consultada por Télam, quien es hasta el momento Cónsul General de la República Oriental del Uruguay en la Argentina, Lilian Alfaro, manifestó su alegría de saber que los ejercicios de Memoria y las búsquedas de la verdad y la justicia para sus compatriotas que fueron víctimas del terror de este lado del Plata, continúan. Porque eso es lo importante.
