Chile decide el próximo 25 si reforma la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet

17 de Octubre de 2020 |
Una de las asignaturas pendientes es la investigación de las violaciones a los derechos humanos, anteriores y recientes

Más de 3.000 chilenos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social del año pasado y más de 2.500 presentaron querellas contra agentes de seguridad del Estado, según el informe que presentó ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de ese país. La presentación fue encabezada por el director del organismo, Sergio Micco, quien destacó que el objetivo es dar a conocer “avances en materia de verdad, justicia, reparación y garantías “para que no se repitan” los hechos. Micco informó que se presentaron 2.520 querellas judiciales contra organismos de seguridad por violaciones a derechos humanos en todo el país.

Destacó que la gran mayoría (2.340) denuncian a fueron efectivos de Carabineros, 97 a miembros del Ejército, 34 a integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a responsables de otras fuerzas o civiles.

El INDH informó que sólo se han formalizado 31 causas y se imputó a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales.

Al ser la Región Metropolitana de Chile el principal foco de las protestas, es también el lugar del país en donde se presentaron más querellas, con 986; le sigue la región del Biobío, con 248 y la tercera región con más querellas es la región de Los Ríos, con 158.

Sobre las víctimas, el INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a derechos humanos, de los cuales 1.810 fueron varones, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes y 124 pertenecen a otras categorías. 

Resaltaron el gran número de personas que sufrió trauma ocular por el uso impropio de munición antimotines por parte de las fuerzas represivas, siendo 110 de los 163 casos los que presentan algún tipo de lesión permanente, mientras que 32 presentan p{erdida de la visión por “trauma ocular irreversible”.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo ilegal de fuerzas de seguridad del Estado chileno desde el inicio de las manifestaciones sociales el 18 de octubre del 2019.

Al cumplirse este domingo un año del estallido, el país vive nuevamente horas de tensión social y política.

Las protestas de octubre se dieron para reclamar mayores reivindicaciones económicas, políticas y sociales, las cuales pusieron en jaque el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Al acercarse el 18 de octubre, el ministerio de Salud de Chile, anunció medidas para evitar un eventual rebrote por coronavirus durante las marchas que tendrán lugar en la capital, Santiago y otras localidades.

El país también se prepara también para el 25 de octubre, fecha en la cual se celebrará un plebiscito donde se le consultará a los chilenos si quieren cambiar o no la actual Constitución, redactada en 1980 durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).


El papel de Bachelet


La ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien actualmente reviste el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluyó a su propio país en la nómina periódica de los Estados que no respetan los DDHH y expresó en febrero de este año que tanto en Ecuador como en Chile hay “una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas” , recomendando “que se atienda a la razón de éstas, que es la desigualdad”.

En un reciente informe en el que se analizaron ante el Consejo de DDHH de la ONU las distintas amenazas que hay en el mundo en esta materia, Bachelet sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ha recomendado investigar y juzgar las violaciones de los derechos humanos en Ecuador y en Chile a partir de octubre de 2019, que es la fecha del estallido social en el vecino país.