Ledesma: Los Apagones, el Covid19 y un sexto juicio que se acerca a su sentencia

20 de Julio de 2020 |
A 44 años de las trágicas noches vividas en Libertador General San Martín y Calilegua, Jujuy, distintos colectivos de Derechos Humanos expresan su visión del proceso de Justicia, hablan del presente en la provincia y recuerdan y homenajean a las víctimas de aquella masiva represión ilegal ejecutada con el concurso del Ejército, las fuerzas de Seguridad y la dirigencia empresaria.

“Apagaron las luces y aprovecharon para secuestrar y detener gente ilegalmente. El primero de los apagones fue el 20 de julio, pero hubo varios más. Los hicieron ese mes porque eran las vacaciones de invierno y muchos estudiantes habían regresado a Ledesma para estar con sus familias. Por eso hay tantos estudiantes, además de obreros y militantes populares, entre las víctimas”.


Quien hace memoria es la profesora Inés Peña, integrante de Madres y Familiares de Jujuy. “Hacíamos colas –recuerda- en la puerta de las comisarías y los regimientos, cuando íbamos a pedir por los secuestrados y los detenidos. En las mismas comisarías funcionaban centros clandestinos. Hubo 19 en la provincia. Pero el mayor del que se tiene conocimiento fue el de Guerrero. Ahora, por la pandemia, las inspecciones oculares se detuvieron. Pero van a continuar. Ya las víctimas sobrevivientes lograron identificar a muchos de los que fueron sus secuestradores. La mayoría tiene más de 80 años, son viejitos. Por ahí, han perdido la memoria, no se acuerdan de nada. O tal vez es que no quieren recordar, porque no van a decir nada que los implique directamente en los secuestros y desapariciones”.

Inés cuenta que hace poco se detectó un espacio de inhumaciones clandestinas, cerca del cementerio de San Salvador. Iban a hacer obras de un crematorio y se encontraron con restos humanos sin identificar. La justicia dispuso el “no innovar” y ahora es otra posible causa para investigar. “Tenemos testigos que han trabajado en el cementerio en el 77, 78, 79 –completa. Nosotras queremos que se investigue eso, porque tal vez allí están algunos de nuestros desaparecidos”.


Noticias de la Megacausa

Eva Arroyo es integrante de HIJOS y es querellante en la Megacausa por varios casos de víctimas de la Noche del Apagón y víctimas de la obra social del sindicato Ledesma. “A contramano de lo que sucedió en otras provincias, en Jujuy los juicios de lesa humanidad se venían desarrollando sucesivamente”, dice. “Terminaba uno y a los dos o tres meses comenzaba otro. Pero ahora, con la pandemia, estamos en un momento complicado. En el sexto juicio sólo faltaba una testimonial, que se podría haber trabajado virtualmente, pero también faltaban cuatro o cinco inspecciones oculares en lugares clandestinos de detención. Justamente, esas cuatro o cinco inspecciones son de las causas que implican a Blaquier, porque hay que hacerlas en la comisaría de Calilegua, en las dos de Libertador General San Martín y en un destacamento de Gendarmería que también está en Libertador”.

“Lo bueno de este juicio –continúa Eva- es que varios de los testigos es la primera vez que declaran sobre la Noche del Apagón y sobre la persecución política que practicaba la empresa Ledesma sobre los referentes sindicales. Tengamos en cuenta que la obra social del Sindicato ya había sido diezmada y encarcelados sus dirigentes antes del golpe del 76”.

“El juicio oral es importante justamente por la oralidad. Una cosa es declarar en la instrucción, que te llamen al juzgado y que alguien escriba tu relato, y otra cosa es escuchar lo que sucedió con las víctimas, por lo que tuvieron que pasar. No sólo fue el secuestro y el paso por un CCD, sino que después, cuando volvieron al pueblo los que pudieron volver, vino la demonización, para ellas y para ellos, la desprotección por parte del Estado, el exilio. No sólo se trata de los hechos en sí, sino de sus consecuencias. Y Ledesma es la que digitaba todo, porque las intendencias siempre han estado muy atentas a lo que la empresa quiere o lo que la empresa decide. De modo que es muy importante la oralidad. Tiene que ver con lo público, con poder sacar afuera todo eso que no podemos hacer en la instrucción. Y a pesar de que los responsables civiles de Ledesma no estén en el banquillo, el juicio pone en evidencia que la empresa fue la ideóloga y que facilitó los secuestros. Y entonces Ledesma ya no es una empresa pujante del Norte argentino, sino que es una empresa vinculada con el terrorismo de Estado”.

“En este juicio no entraron los responsables civiles” –dice la abogada María José Castillo, querellante por HIJOS y también en la causa Avelino Bazán. “Además del caso de Ledesma está el de Minera El Aguilar, donde por motivos de salud el único civil que quedaba con vida ya no estaba en condiciones de afrontar un juicio oral. Pero sí se juzga a los responsables del Ejército, la Policía y la Gendarmería. Son 15 procesos en total, con 22 imputados. Y algo importante y novedoso de este juicio es que por primera vez se van a juzgar delitos sexuales, por hechos ocurridos en el CCD Guerrero, donde sólo hubo detenidas y detenidos vinculados con el ingenio Ledesma. De los secuestrados en la Noche del Apagón, muchos desaparecieron en Guerrero. Otros fueron llevados a la central de Policía y al penal de Villa Gorriti. Y a partir de allí, corrieron distinta suerte: algunos fueron trasladados en avión hasta Buenos Aires y terminaron en la U9 de La Plata o en Villa Devoto las mujeres. Otros, fueron liberados”.

“El despliegue represivo de Ledesma fue tan impresionante –sigue Cstillo- que no sólo incluyó dejar sin luz a dos pueblos enteros, además de que se utilizaran camionetas de la empresa junto con las del Ejército y Gendarmería. También incluyó el traslado de detenidos a un CCD creado especialmente en Guerrero, un pueblo cercano a la capital provincial. Allí Ledesma puso en funcionamiento dos hosterías para ‘sus’ detenidos, en un centro clandestino que fue el más cruento de Jujuy. Ahí desaparecieron estudiantes, obreros, obreras… hubo madres detenidas con sus hijos, viendo cómo los torturaban. Hasta fue un obispo castrense de Jujuy a tomar declaración a los cautivos. Esto hay que decirlo. Esto hay que resaltarlo”

Y también hay que resaltar que es la primera vez que aquí se juzgan los delitos sexuales. El año pasado, en el quinto juicio, pedimos un cambio de calificación para que se condenara por delitos sexuales en la causa San Pedro, porque una de las víctimas había sufrido esa clase de delitos en reiteradas oportunidades. Estaban los imputados ahí sentados y no habían sido procesados por esos hechos, y todo por un sesgo ideológico de la Cámara de Apelaciones de Salta, que impidió que se juzgara en esa causa los delitos sexuales. Ahora, en el sexto juicio, hay dos imputados que llegan por esos delitos, y eso nos pone contentas”.

“Otra cosa que nos pone contentas –concluye Castillo- es saber que durante el desarrollo de las casi 50 audiencias del juicio oral se mencionó todo el tiempo a Blaquier y a Lemos. Todas las víctimas de los Apagones, y las del 24 de marzo y las de las causas Burgos y Aredes, mencionaron a Blaquier como principal responsable. Eso es algo para destacar. Ya estamos en la etapa final del juicio. Quedan las inspecciones oculares que están pendientes. Cuando se reanude el juicio, se harán esas inspecciones. Después, vamos a alegar. Y de ahí a esperar sentencia, que ojalá se dicte este año”.


Blaquier, Lemos y la “impunidad biológica”

En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de los funcionarios de Ledesma Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, impidiendo que la causa específica en la que estaban procesados fuera elevada a juicio oral.

Aquella suerte de “per saltum” de Casación, que dejaba fuera de los juicios de Jujuy a Blaquier y a Lemos fue muy cuestionada e incluso un colectivo de abogados participantes en juicios por delitos de lesa humanidad hizo una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño de los magistrados, que pronto fue desestimada.

Así las cosas, la única vía habilitada para la Fiscalía y las querellas fue ir en queja a la Corte Suprema, con los tiempos “vaticanos” que ello implica.

La intervención de Casación, para el ex fiscal ad hoc y ex fiscal subrogante de la causa, Pablo Pelazzo, constituye no sólo un acto de arbitrariedad (puesto que habría habido mala aplicación de las normas de fondo y de forma), sino que reviste inédita “gravedad institucional”.

“Casación –argumenta Pelazzo- está privando al Estado que avance en una investigación de delitos de lesa humanidad y donde en particular se estaba investigando la responsabilidad empresaria”.

Según opina otro ex fiscal, éste jubilado, lo que esta clase de fallos y de trampas judiciales, que alargan excesivamente los plazos de la Justicia, lo que en los hechos producen es una “impunidad biológica”, ya que los imputados y procesados y condenados sin sentencia firme llegan a viejos y mueren, sin que haya una sentencia definitiva en las causas.


Ledesma, el Covid 19 y el recuerdo de Olga Aredez

El Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (CAPOMA) es un organismo de derechos humanos heredero de la labor de Olga Aredes (escrito con ese en los juicios) y también de la labor del médico Luis Aredez, secuestrado dos veces en Libertador General San Martín y finalmente desaparecido, por enfrentar como médico del ingenio Ledesma la política sanitaria y los abusos de la empresa azucarera con sus trabajadores y con sus familias.

Una paradoja de la historia es que sea hoy CAPOMA, la organización creada por Olga Aredez, la que además de acompañar a los ex presos políticos y víctimas de la dictadura y además de denunciar los nuevos hechos de violencia institucional, esté señalando los incumplimientos de Ledesma y del gobierno provincial de Gerardo Morales en relación con el azote del Covid19.

“Ledesma incumple con los protocolos nacionales y provinciales. No controla. No testea. Hoy tiene más de 50 infectados por el Coronavirus dentro de la empresa”, dice Julio “Gitano” Gutiérrez, titular de CAPOMA. “Hoy la producción de las plantas debería reducirse a un 50%, como es en todo el mundo, para que los trabajadores no estén tan expuestos al contagio y a la circulación del virus. La empresa le soba el lomo al Gobierno diciéndole que ha contratado dos hoteles para atender a los contagiados, cuando si hubieran hecho los controles reales no habría habido necesidad de buscar camas ni hoteles”.

“El gobierno provincial también tiene descuidada la salud de los jujeños. Construyó un hospital de campaña sin equipamiento. Era un módulo que estaba abandonado en una mina del Norte. Cuando explotó el virus, hubo 45 médicos y enfermeros infectados y en cuarentena, sin camas ni elementos para atenderlos. Después, la infección saltó a la Policía y se repitió el cuadro. No podían hacer la cuarentena. Y ahora el descuido llegó a los penales donde hay presos comunes que carecen de atención”.

“Ledesma –concluye Gutiérrez- tiene que entrar toda en cuarentena mínima de 14 días, para desinfectar las instalaciones y los trailers. Acá hay trabajadores de más de 60 años que están yendo a la zafra, porque la empresa no quiere parar. Entran vehículos de todas las provincias, sin control sanitario”.

Los dichos de Gutiérrez son refrendados por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, que ha intimado por carta documento a la empresa y a la ART  por la desprotección en la que se encuentran los trabajadores.

Así las cosas, en una suerte de déjà vu, Ledesma repite conductas del pasado y las representaciones sindicales se ven obligada a repetir las luchas del pasado.
Sin embargo, hay algo diferente esta vez. Primero, porque no hay gobierno de facto en Jujuy, desde hace más de tres décadas. Y segundo y principal, porque los juicios por delitos de lesa humanidad, como este sexto que ya está por llegar a su sentencia, avanzan, no importa el virus.

Oscar Taffetani
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