Proponen protocolo para seguir a la distancia un juicio en Bahía Blanca

24 de Junio de 2020 |
A pedido de familiares de las víctimas

A pedido de familiares de las víctimas que residen en la provincia de Río Negro, la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Provincial de la Memoria de esa provincia presentaron ante la Justicia Federal una propuesta de protocolo sanitario que permitiría reanudar en condiciones aceptables el juicio por delitos de lesa humanidad "Triple A bahiense", que comenzó a mediados de marzo y que tiene como imputados a los civiles Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio.

A los nombrados se los acusa de haber integrado un grupo parapolicial a las órdenes del ya fallecido interventor de la Universidad del Sur Remus Tetu y del también fallecido secretario de la CGT bahiense y diputado Rodolfo Ponce. Entre los crìmenes que se adjudican a la Triple A bahiense está el asesinato en plena sede universitaria, del estudiante y no docente de la UNS David "Watu" Cilleruelo.

Mural de homenaje a "Watu" Cilleruelo, primera víctima de la "Triple A" bahiense (Gentileza archivo de la UNS).
Mural de homenaje a "Watu" Cilleruelo, primera víctima de la "Triple A" bahiense (Gentileza archivo de la UNS).

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la Fiambrera (una camioneta cerrada, donde se cargaban armas y cadáveres), patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, manifestó el fiscal Pablo Fermento a la emisora FM De la Calle, al realizarse la primera audiencia del juicio.

El proceso oral continúa -lo mismo que en otros distritos y a causa de la pandemia del Covid 19- con modalidad mixta, recabándose los testimonios por videoconferencia y atendiendo al hecho de que tanto los testigos sobrevivientes como los imputados integran la llamada población de riesgo. Asimismo, debe garantizarse que se cumpla el Programa de Acompañamiento a Víctimas, Testigos y Querellantes, responsabilidad que tiene a cargo la secretaría rionegrina de Derechos Humanos.

El Tribunal Oral Federal bahiense debe decidir ahora la modalidad definitiva que se adoptará para el juicio y los recaudos sanitarios que deberán tomarse antes de reanudar las audiencias, con base en el auditorio de la Universidad del Sur, Colón 80, Bahía Blanca.