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10/09/2014

Informes desclasificados del embajador de EEUU serían aportados como prueba 

Juicio Zona Norte: Piden que no sólo se juzgue a militares, sino también a empresarios y ejecutivos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Cien mil Taunus fabricados entre 1974 y 1980., Para esa época
Fiscalía y querellas pidieron que se investigue la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad por el que están acusados el general Santiago Riveros y el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, entre otros jerarcas de la última dictadura, en el llamado “juicio de los obreros” de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. "Pedimos al Tribunal (Oral Federal) que remita al juzgado de primera instancia los antecedentes y piezas probatoria que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad" de empresarios y directivos de cuatro establecimientos en los delitos por los que están acusados en este juicio nueve represores", dijo hoy a Télam el abogado Ciro Annicchiarico, de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El pedido de investigación a empresarios y ejecutivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las plantas ceramistas Lozadur y Cattáneo fue formulado por Annicchiarico en su alegato conjunto con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, representada por Paula Mañueco, pronunciado ayer. En el mismo sentido argumentaron los fiscales Marcelo García Berro y Guillermo Silva, en la primera jornada de los alegatos acusatorios que completarán el martes próximo los abogados querellantes Pablo Llonto y Pedro Dinani, en este juicio enmarcado en la megacausa de Campo de Mayo.

"Este juicio puso de manifiesto que el terrorismo de estado se desató en especial contra la clase obrera, contra miembros de comisiones internas y delegados sindicales de base, con el objetivo de neutralizar la lucha de los trabajadores", subrayó Annicchiarico.

Entre las piezas probatorias aportadas en este juicio, el abogado querellante citó informes desclasificados de los Estados Unidos en los que "su embajada en la Argentina constataba que muchos de los secuestros respondían a pedidos de las empresas para sacarse de encima a obreros que recamaban mejores condiciones laborales". "Por los juicios de lesa humanidad pasaron ya muchos represores militares y de fuerzas de seguridad pero falta poner en el banquillo a empresarios y corporaciones que fueron cómplices del terrorismo de Estado y que, en esta época, en tantos casos, buscan desestabilizar nuestra democracia o la de otros países de la región, por lo que este es un capítulo pendiente en materia de derechos humanos", añadió.

En cuanto a los represores que fueron al banquillo en este juicio, tanto la fiscalía como las querellas que ya alegaron requirieron prisión perpetua para Riveros y 25 años de prisión para Bignone, mientras que difirieron en la magnitud de las penas de cárcel solicitadas para los otros siete acusados. En lo que resta de septiembre alegarán las defensas de los acusados y, según estimaron fuentes consultadas por esta agencia, antes de fin de mes podría conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que integran los jueces Hector Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña.

El "juicio de los obreros" acumuló cuatro causas en las que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 60 víctimas, en todos los casos obreros navales, ceramistas o sus familiares, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, durante la última dictadura. En otro juicio de la mega-causa de Campo de Mayo serán acumuladas otras causas que también tuvieron como víctimas a trabajadores de la Zona Norte del Gran Buenos, entre ellos los secuestrados de la planta de la Ford en Pacheco, caso en el que están entre los acusados tres ex directivos de esa automotriz.




 
 
 
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