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01/03/2012

Lo afirmó el juez Rafecas 

Desde la base de El Palomar también partieron "vuelos de la muerte"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Desde la base de El Palomar también partieron "vuelos de la muerte"
El juez federal Daniel Rafecas afirmó que “existen elementos que permiten tener por acreditado que durante el último régimen militar, como parte del plan sistemático de represión ilegal, se realizaron ‘vuelos de la muerte’ que partieron desde la Brigada Aérea de El Palomar”. Esos vuelos se realizaban “con aeronaves Fokker 27 y Hércules C-130 (foto) de la Fuerza Aérea Argentina, desde las cuales habrían sido arrojadas al Mar Argentino o al Río de la Plata, personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad, en el marco del terrorismo de Estado desplegado a partir del 24 de marzo de 1976”, señaló el magistrado en una resolución.

El juez coincidió de esta manera con un dictamen del fiscal federal Federico Delgado que fue el resultado de una extensa investigación que incluyó el testimonio de cientos de conscriptos que, durante la última dictadura militar, realizaban el servicio militar en esa base aérea.
 
Rafecas sostuvo que “corresponde que ello (la existencia de los ‘vuelos de la muerte’) sea declarado judicialmente para su conocimiento y difusión pese a que, por el momento, no ha podido establecerse qué personas habrían víctimas de tales sucesos”, según se desprende de la treintena de carillas del fallo al que Télam tuvo acceso.

La confirmación judicial de los hechos significa un aporte a la “memoria colectiva de la sociedad”, sostuvo en la resolución en la que se citan numerosos antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidos a la obligación de los Estados de “poner a disposición de los interesados y de la sociedad en general toda la información que poseen”.

“El derecho a la verdad constituye un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para los familiares de las víctimas”, afirman los tratados internacionales citados por el magistrado. En ese sentido, Rafecas explicó que “existe una necesidad de difundir estos hechos, aunque los mismos hayan sido parcialmente reconstruidos, que se funda en el derecho a la verdad en su dimensión de derecho colectivo y la consecuente obligación del estado de dar a conocer la información sobre esos sucesos”.

 “Forma parte del derecho a reparación por violaciones a los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad de conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos”, sostuvo el magistrado citando a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
    
No obstante, el juez reconoció que los hechos “siguen en un nivel de abstracción que imposibilita, por el momento, formular acusación de algún tipo o conferir a persona alguna la calidad de víctima” sin perjuicio de lo cual “es posible afirmar que los hechos que formaban parte de la hipótesis criminal han existido”.

De la investigación pudo acreditarse que en esa base aérea existía un centro clandestino de detención y torturas conocido, por los conscriptos como “la casita de la muerte”, una pequeña construcción de sólo dos habitaciones, en un bosque “muy tupido”, ubicada detrás de la pista de aterrizaje, que “no contaba con muchas ventanas y tenían sus vidrios rotos”. En esa construcción, según los testimonios, “las paredes tenían argollas y cadenas empotradas y en el piso había camas metálicas amuradas en cuyos flejes o elásticos tenían conectados cables y había rastros de sangre en las paredes” y “se decía que
había personas civiles detenidas que eran torturadas” allí.
 
La causa se inició por la denuncia de Lorena Carla Pacino, hija de Carlos Alberto Pacino, quien fue secuestrado junto a su esposa Alicia María Novello, el 27 de junio de 1978, trasladado a diversos centros clandestinos y su cuerpo fue hallado en la costa atlántica en diciembre de ese año e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en mayo de 2007.


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