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11/03/2013

Se ampara en el "derecho internacional humanitario" y no en la ley 18.831 

Uruguay: Sin atender al fallo de la Corte, un juez citó a declarar a 14 represores de la dictadura

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad vuelve a ser divisoria de aguas en la Justicia uruguaya.
Montevideo.- Al menos 14 represores de la dictadura uruguaya, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, fueron citados a declarar ante un tribunal de esta capital, tras la polémica surgida días atrás por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que evitaba la prescripción de esos delitos. Los exagentes de la represiva Dirección Nacional de Información Inteligencia (DNII) fueron citados por el juez Carlos García Guaraglia debido a una denuncia presentada por expresos políticos, en su mayoría del Partido Comunista del Uruguay, entre ellos Rafael Sanseviero, Marisa Silva Schultze, Gonzalo Carámbula y Juan Errandonea, de acuerdo a lo publicado por la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Pablo Chargoñia, abogado de los denunciantes, también acusa a los represores de privación de libertad, atentado a la libertad personal, abuso de autoridad, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación y atentado violento al pudor.

Según publica el sitio uruguayo La Diaria, en el escrito puede leerse que, esos hechos “constituyen prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución” llevada adelante por “agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas” que usaban la tortura como “una práctica metódica”.
 
Al ser consultado sobre la repercusión que la reciente declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 (o ley interpretativa) pueda tener en el proceso de esta denuncia, Sanseviero argumentó que “la misma se ampara en el Derecho Internacional Humanitario y no en la Ley 18.831, por lo que nos basamos en que la tortura es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe”.

Según Sanseviero “la Corte ya ha ratificado procesamientos basados en el Derecho Internacional, el propio (integrante de la Suprema Corte, Jorge) Chediak lo ha declarado recientemente” pero llegado el caso de ser declarada inconstitucional “no descartamos presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
    
Sanseviero, además, celebró que “el juez y el fiscal hayan decidido seguir con este proceso, cuyo paso anterior fue la inspección ocular que realizamos de la sede de la DNII el pasado 8 de noviembre”. Por su parte, el fiscal del caso, Ariel Cancela, no quiso brindar mayores detalles, ya que la causa se encuentra en etapa de presumario.

Los citados a declarar son el inspector principal (retirado) Eduardo Tellechea Martínez, José Luis Tellechea, el inspector mayor (retirado) José Lemos Pintos, los agentes Julio César Cuello, Roberto Cuello, Ruben Cacho Bronzini Pírez, Ernesto Cativa Bresciano, Adolfo Pressa Márquez, los comisarios Benítez, Boris Torres Ramírez, José Luis Piñatares, Ariel Ricci Cabeza, el capitán de coraceros Ricardo Medina Blanco (ya recluido a disposición del Penal 19º) y Jorge Charleta Guldenzoph.

Además, se le solicitó al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que informe respecto a los médicos “Dr. Salomón Cizin y Dr. Kowin”, respecto a “si ambos integran sus registros, en caso afirmativo, sus antecedentes y si, oportunamente, fueron sometidos a Tribunales de Ética, remitiendo testimonios de las actuaciones que obraran en sus archivos”.

El pasado 22 de febrero, un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la ley interpretativa que evitaba la prescripción de los delitos de la última dictadura, hecho que se sumó al traslado de la jueza Mariana Motta quien llevaba adelante alrededor de 50 causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.

Ante ambos sucesos, hubo movilizaciones de organizaciones de derechos humanos y del Frente Amplio (FA) que repudiaron la decisión tomada por el máximo organismo de la Justicia.

 
 
 
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