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20/11/2014

Junto al TOF, a fiscales y abogados, recorrieron el penal de Villa Urquiza 

Tucumán: Sobrevivientes reconocieron lugares en donde fueron víctimas del terror de Estado

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Recorrida por un pabellón carcelario donde alguna vez vivieron el horror
Los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) realizaron ayer una inspección en los pabellones del penal de Villa Urquiza de Tucumán para permitir que las víctimas pudieron reconocer los espacios físicos en donde estuvieron privados ilegalmente de su libertad, fueron torturados y en algunos casos abusados sexualmente. La medida judicial forma parte del proceso en el que se juzga a 11 represores de la dictadura por crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado "Pabellón de la muerte" del penal de Villa Urquiza, en la capital tucumana, que llegó a funcionar como un auténtico centro clandestino de detención.

La causa "Villa Urquiza" es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán, y comprende los casos de 39 víctimas, varias de ellas mujeres que ahora son testigos de identidad protegida cuando declaran en casos de violencia y abuso sexual.

De la inspección participaron los jueces del TOF, encabezados por Carlos Jiménez Montilla, representantes legales de las familias querellantes, defensores de los acusados y nueve testigos sobrevivientes que tuvieron a cargo las tareas de reconocimiento en tres pabellones: el de mujeres, el de "subversivos" y el de presos políticos.

El Fiscal Leopoldo Peralta Palma sostuvo que "la inspección fue positiva porque los testigos pudieron reconocer los lugares en donde estuvieron detenidos y sufrieron los abusos que contaron en sus declaraciones". El funcionario judicial explicó "han pasados muchos años de estos sucesos pero la base de la construcción está bastante conservada, aunque en muchos casos hubo modificaciones".

Por su parte la abogada Julia Vitar indicó "que el único lugar que está bastante modificado es el pabellón donde estuvieron detenidas las mujeres durante los años 75 y 76"."También se hizo un reconocimiento de los lugares y una reconstrucción de los hechos relacionados con la muerte de Juan Carlos Suter y de José Torrente", indicó.

La abogada que representa a la familia Kofman señaló que "esta medida fue muy útil ya que sirvió para tener un idea cierta lo que fue la situación de encierro ilegal al que fueron sometidos estas personas".

Lilian Reynaga, una de las testigos sobrevivientes que reconoció los lugares donde estuvieron detenidos, admitió que fue bastante difícil volver a entrar a la cárcel pero resaltó que lo principal "es aportar todos los datos posible para que se haga justicia".

"A pesar de que el pabellón de mujeres está muy cambiado nos pudimos ubicar y logramos dimensionar realmente el tamaño del espacio donde nos encontrábamos 29 mujeres con 9 niños, aisladas y hacinadas", indicó. "Es inconcebible que hayamos pasado tanto tiempo ahí adentro, sin comunicación ni ventilación", agregó la mujer al finalizar la inspección.

Benito Moya, otro testigo en el proceso, sostuvo que "comprendemos que es nuestra responsabilidad estar acá, pero al mismo tiempo provoca algunas inquietudes volver al lugar donde uno la pasó tan mal" y aseguró que "fue un calvario recordar a los compañeros que también estuvieron en ese lugar y fueron asesinados".

Gustavo Herrera también es víctima sobreviviente y durante la recorrida recordó que "del pabellón de penados sacaron a Suter para asesinarlo. "Permanecen los números de las puertas, así que se pudo constatar que la celda donde estaba Suter era la 213 y yo estaba en la 211, ubicada a la par", indicó.

Los jueces pudieron comprobar que todavía existe la mirilla a través de la cual "se podía mirar para adentro de la celda", tal como relató Herrera en su testimonio.

El Tribunal -integrado por Gabriel Casas (presidente), Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- juzga a 11 militares y guardiacárceles imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios que afectaron a 39 personas, en su mayoría funcionarios del gobierno constitucional, militantes justicialistas y sindicalistas.

 
 
 
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