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05/05/2016

Así se expresó el fiscal Pablo Camuña en la audiencia inaugural del megajuicio  

Tucumán: "El Operativo Independencia fue un ataque integral y sistemático contra la población"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El fiscal federal Pablo Camuña será una de las voces del ministerio público a cargo de la acusación
El fiscal federal Pablo Camuña afirmó hoy que “el Operativo Independencia implicó un "ataque integral y sistemático contra la población”, al comenzar a exponer la acusación del Ministerio Público en la primera audiencia del juicio oral que se realiza en Tucumán por crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 5 de febrero de 1975 y el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Camuña señaló que en esa operación represiva “las tareas de Inteligencia tuvieron un lugar central dentro de los centros clandestinos de detención para la obtención de información mediante la tortura física y psicológica”.

Con la acusación de la fiscalía, representada por Camuña y Agustín Chit, el Tribunal Oral federal (TOF) de Tucumán inició con esta audiencia el juicio número 12 por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia.

El tribunal integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga -y por Hugo Norberto Cataldi en calidad de juez sustituto- juzgará la responsabilidad de 20 imputados por crímenes perpetrados en 269 casos en el marco del Operativo Independencia hasta el comienzo de la última dictadura.

“La Escuelita de Famaillá fue el principal centro clandestino utilizado durante este periodo a cargo de la V Brigada de Infantería”; por allí pasaron "1507 personas durante 1975 y 1976”, según dejó constancia en su momento el primer jefe del Operativo Independencia, Adel Vilas, sucedido luego por Antonio Domingo Bussi.

El centro clandestino de detención, tortura y exterminio "tenía ocho aulas de las cuales algunas funcionaban para alojar a los detenidos, otra para reuniones de oficiales y la última, al final de un pasillo, como sala de tortura”, explicó Camuña.

En la Escuelita de Famaillá, situada en el pedemonte del Aconquija, a unos 35 kilómetros de la capital provincial, se “articulaban acciones de exterminio físico de acuerdo a las ordenes remitida por el cuerpo de Inteligencia” e incluso se registró “la presencia de niños”, detalló la acusación de la fiscalía, que seguirá mañana a partir de las 9 y, según estimaciones, también se extenderá a las audiencias de la semana próxima.

Concluida la primera audiencia, Natalia Ariñez, de la organización H.I.J.O.S., declaró que “este juicio tiene una carga simbólica muy significativa, no sólo por el hecho que después de 40 años se puedan juzgar los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, sino que además viene a terminar con la justificación (esgrimida) en algunos sectores de que hubo una guerra”.

“La megacausa viene a probar que lo que se produjo en Tucumán y en el país fue terrorismo de Estado, no una guerra”, agregó.

Entre militares, gendarmes y policías, llegaron como imputados a este juicio Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Ángel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi, Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonifacino, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.

No obstante, en la audiencia de hoy el TOF resolvió apartar del proceso a Bonifacino por su estado de salud y mantenerlo en el régimen de prisión domiciliaria.
Ante esta decisión, Chit dijo a la prensa que la fiscalía solicitó al Tribunal "la realización de juntas médicas periódicas con el fin de terminar si el imputado está en condiciones de afrontar el juicio más adelante”.

Por su parte, Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, señaló que “este proceso deja habilitada la jurisdicción universal para la responsabilidad que pueda haber tenido la ex presidente María Estela de Perón ya que ella firmó un decreto que autorizaba a los ejecutores del plan de contrainsurgencia ‘aniquilar la subversión’ y esto generó una interpretación para los mandos militares y otra para la dirigencia política”.

En una de las cuatro resoluciones que adoptó el pasado 15 de abril, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso algunas falta de mérito y que por el momento no sea indagada la ex presidenta Perón, firmante del decreto del 5 de febrero de 1975 que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia, aunque señaló que esta decisión "no reviste la calidad de sentencia definitiva ni equiparable a tal".

 
 
 
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