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20/04/2015

La más antigua es por crímenes de la Triple A y fue iniciada en 1975  

Tres causas por delitos de lesa humanidad se añejan en los cajones, sin que llegue sentencia

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    La llamada "Masacre de Pacheco" fue un anticipo de lo que luego sería la represión ilegal a los delegados y trabajadores de Ford, en 1976.
El viejo Código penal, que tramita por escrito, rige actualmente las causas Área Paraná, en Entre Ríos, con diez acusados por los delitos cometidos en perjuicio de 53
personas. Esta causa, que fue archivada a partir de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue desarchivada en 2004, pero a partir de allí sufrió toda clase de demoras y estrategias dilatorias por parte de los imputados. También se tramita por escrito el juicio por la apropiación de la hija de los desaparecidos Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruíz, y los acusados son son los acusados os a represores de la ESMA y la de los crímenes de la Triple A, que está en etapa de sumario y a cargo del juez Norberto Oyarbide.

Como se ha dicho, de acuerdo con los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la causa "Área Paraná" cuenta con diez acusados por los delitos cometidos en perjuicio de 53 personas. En ese expediente se juzga al ex director de la Unidad Penal 1 José Anselmo Appelhans; al teniente (RE) Jorge Humberto Appiani, auditor de la subzona militar 22; al subcomisario provincial (RE) Luis Francisco Armocida; y a la ex directora de la Unidad Penal 6, Rosa Susana Bidinost.

También son juzgados el oficial de la Policía Federal Cosme Ignacio Marino; el ex médico de la Unidad Penal N°1 y de la FAA Hugo Mario Moyano; el capitán (RE) Alberto Rivas, ex jefe de la subzona 22; el oficial de la policía entrerriana Carlos Horacio Zapata y el ex jefe del área represiva, general (RE) Ramón Díaz Bessone.

Esta causa estuvo más de dos años paralizada por la recusación del juez de sentencia, y por ese motivo la Cámara Federal de Paraná, a pedido de la fiscalía, dictó una resolución que confirmó al juez federal Leandro Ríos y dispuso que siga adelante hasta el fin del proceso, adelantándose a la posibilidad de nuevos planteos dilatorios en ese sentido, que serán abordados al final del juicio. En los últimos meses, además, tuvo varios frenos porque las defensas apelaron las resoluciones del juez respecto de los testigos a convocar o a desistir de su llamado.

En tanto, la causa abierta apropiación de una niña, que tramita en la etapa de plenario en la Capital Federal, es la que investiga el caso de la hija de los desaparecidos Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruíz. Están acusados en esta causa los represores de la ESMA Juan Antonio Azic, Carlos Octavio Capdevilla, Jorge Manuel Smith, Oscar Rubén Lanzón y Edgardo Otero.

Este juicio está conformado por dos expedientes, cuyos plenarios comenzaron en noviembre de 2008 y junio 2010, y está paralizado por un recurso presentado por las defensas ante la Corte Suprema.

Por su parte, la causa por los crímenes de la Triple A está (todavía) en etapa de sumario en el juzgado a cargo de Oyarbide. El expediente, abierto en 1975, se caracterizó por reunir, desde su reapertura, procesos por crímenes cometidos en diferentes lugares del país antes del golpe de Estado.

En la etapa de sumario intervendrá como jueza de sentencia María Romilda Servini de Cubría y los acusados en esa instancia son Jorge Héctor Conti, Norberto Cozzani, Rubén Arturo Pascuzzi, Salvador Siciliano, Carlos Alejandro Villone y Julio José Yessi.

El último tramo enviado al juzgado de Servini tiene imputados a Conti y a Yessi por el secuestro de seis militantes del PST y por el fusilamiento de tres ellos el 29 de mayo de 1974: Oscar Meza, Antonio Moses y Mario Zidda.

El Código Obarrio

El también conocido como "Código Obarrio" (por su autor, Manuel Obarrio) estaba vigente cuando irrumpió la última dictadura cívico militar y se aplicó hasta 1992, año en el que entró en vigencia el Codigo Procesal Penal de la Nación, sancionado en 1991. Este nuevo Código estableció las dos etapas diferenciadas, de instrucción -mayormente escrita y con la actuación de un juez- y de juicio, a cargo de un tribunal que realiza procesos orales y públicos, reglas con las que tramitan los juicios criminales en el fuero federal, incluidos la mayor cantidad de procesos por crímenes de lesa humanidad.

Para el Ministerio Público, "la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad hace que actualmente el código Obarrio siga siendo materia de consulta por operadores judiciales".

"Cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Nación sancionado en 2014, que reemplaza al de 1992, seguirán en curso juicios con un procedimiento que -si bien fue modificado en diferentes momentos del Siglo XX- fue inaugurado en 1888", explican en la Procuraduría, y agregan que "todos respectivos a una sola materia, crímenes de lesa humanidad, que no prescriben".

Los procesos que se abrieron durante la misma dictadura o en los años posteriores, previos a la reforma del '92, tramitaron inicialmente con las viejas reglas y desde aquella sanción, los imputados antes del cambio de Código pudieron decidir con qué modalidad querían ser juzgados, gracias a una ley de aplicación transitoria que permitió la elección.

En este contexto, los actuales jueces federales de primera instancia son quienes ejercen las tareas de instrucción (sumario) y sentencia (plenario) contempladas en el "viejo código".

El Código Obarrio reconoce dos etapas en la investigación: la de sumario, equiparable a la actual de instrucción, a cargo de un juez que recoge los elementos de prueba en el marco de un procedimiento escrito; y la de plenario, en manos de otro juez, denominado de sentencia, que revisa las pruebas de la anterior etapa y otros nuevos elementos que pudieran ofrecer las partes, escucha a las defensas, a las querellas y al fiscal, y dicta sentencia.

En ambas etapas, la instancia revisora es una Cámara Federal y los expedientes pueden llegar luego, por la vía recursiva correspondiente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero nunca pasarán por la Cámara Federal de Casación Penal, pues este tribunal -como así tampoco los tribunales orales- no estaba previsto en el Código Obarrio.

El viejo código reservaba a la fiscalía un rol menos proactivo, con una intervención imprescindible en la acusación, tras lo cual el expediente podía avanzar sin intervención del fiscal y se podía llegar a la sentencia, incluso, sin alegato del Ministerio Público.

Los fiscales del Ministerio Público advierten que "si las causas que tramitan con el actual código aprobado en 1992 tienen un curso lento antes de una resolución definitiva, las que se rigen por el "Código Obarrio" conllevan una demora mayor" debido a que "los recursos interpuestos por las partes suspenden el trámite del proceso". Ponen de ejemplo, "la recusación de un juez o el debate de la prueba a ventilar en el proceso pueden frenar su avance".

Las recusaciones suelen ser el trámite que más retrasa, pues el juez recusado no resuelve y la decisión pasa a un nuevo magistrado y en muchos casos, como ha ocurrido en la causa Área Paraná, sucede que la defensa recusa a quien debe resolver la recusación y reedita el planteo varias veces.

 
 
 
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