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17/02/2014

Destacó que La Nación lleva 14 editoriales pidiendo que se vaya 

Sbatella señaló que los ataques a la UIF se deben a su abocamiento a la causa Papel Prensa

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    José Sbatella: La investigación toca la víscera más delicada del poder económico.
El títular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, advirtió hoy sobre la "virulencia" de los ataques de la oposición y del diario La Nación a la tarea que realiza en el organismo, y afirmó que esta avanzada comenzó luego de que la UIF pidiera ser querellante en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa durante la dictadura cívico-militar, por parte de Clarín y La Nación. "Llama la atención la virulencia de los ataques de la oposición y del Diario La Nación, que directamente piden que nos vayamos de la UIF. Ya van 14 editoriales que así lo plantean en el diario de la familia Mitre", dijo Sbatella en declaraciones realizadas hoy a Télam.

El funcionario consideró que el hecho de que la UIF pidiera ser querellante en la causa de apropiación de Papel Prensa hizo que tanto para La Nación como para Clarín "cambiara el horizonte a futuro para sus situaciones patrimoniales", ya que hasta el momento "las denuncias en su contra no habían prosperado".

La UIF plantea en el caso de Papel Prensa un circuito de "autolavado" que hizo que las personas que se apropiaron de los bienes durante la dictadura cívico-militar sean las mismas que hoy la administran.
   
Si el organismo que dirige Sbatella fuera aceptado como querellante en esta causa, estaría habilitado para aportar datos que ayuden al desentramado de la operatoria y el posterior embargo de bienes. La base de este planteo es que se trata de un delito de lesa humanidad y que por lo tanto es imprescriptible, y en que los bienes apropiados continúan en manos de los apropiadores. La UIF también pidió ser querellante en la causa que investiga el despojo a los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino.

El organismo, asimismo, colabora desde octubre del año pasado en la investigación sobre robo de bienes de la ESMA, donde en enero fue aceptada como querellante por el juez Sergio Torres, a cargo de la causa de instrucción por los crímenes en ese excentro clandestino.
   
Así, la UIF ayudó a descubrir un entramado de empresas que actuarían como pantalla destinada a lavar el robo de bienes a partir de sociedades que están asentadas en el país, pero que no son rentables y viven de recibir inyecciones de dinero de las compañías que ellos mismos tienen afuera.
   
Por ello, la UIF presentó en la fiscalía de Eduardo Taiano un escrito en el que piden al fiscal que impulse la imputación por lavado de dinero a esas empresas. "Si no se recurre al embargo rápido de estos bienes, sus apropiadores tienen el tiempo suficiente como para buscar la forma de deshacerse de estas sociedades", advirtió Sbatella.

El funcionario convocó también a quienes fueron víctimas de apropiaciones a hacer lo mismo y presentarse como querellantes en forma personal, "sin importar si fue mucho o poco" lo que perdieron.
   
El hecho de que la UIF haya sido aceptada como querellante en la causa por apropiación de bienes a secuestrados por la última dictadura constituye el primer antecedente para que el organismo pueda impulsar por lavado de dinero otras investigaciones, como la de la apropiación de la empresa Papel Prensa y el despojo a los hermanos Iaccarino, entre otras 600 causas.

En el caso de la Esma, los integrantes de Grupo de Tareas Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo implementaron un plan sistemático para apropiarse los bienes muebles e inmuebles de los secuestrados.

Este plan consistía en la administración de manera común de esos bienes apropiados que luego eran transformados en otros bienes, para llevar el dinero afuera.
   
A partir de los informes aportados por la UIF, se pudo corroborar que parte de los inmuebles apropiados continúan en manos de familiares de los imputados en la causa o fueron liquidados por ellos.
   
"Esos bienes tienen origen ilícito fruto de delitos no prescriptos, a las personas que los administran les cabe el delito de lavado de tres a diez años de cárcel", agregó el títular de la UIF, que señaló que de probarse esa relación se podría decomisar ese patrimonio.
   
La conclusión es que en la actualidad se estaría dando apariencia legítima a la posesión de bienes fruto de la comisión de delitos de lesa humanidad.
   
Este antecedente podría operar también para la supuesta apropiación de Papel Prensa a manos de los diarios privados y para el despojo de las empresas a los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino.
   
El objetivo de la UIF también es avanzar en la recuperación de los activos porque, según explicó Sbatella, "es un contrasentido que por un lado el Estado indemnice a las víctimas del despojo mientras que los bienes apropiados están en poder de los apropiadores".

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