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10/07/2012

Contra un ex policia y agente de inteligencia 

Santa Fe: Comienza el primer juicio por amenazas contra investigadores de crímenes de lesa humanidad

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Fiscal Candioti. Amenazado por una oscura hermandad de pumas y batatas.
El primer juicio contra un imputado por amenazar y amedrentar a investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad comenzará el jueves en Santa Fe, cuando empiece a ser juzgado un ex agente de inteligencia y policía de esa provincia. El imputado es Juan José Luis Gil, de 67 años, quien será juzgado por su presunta responsabilidad en las amenazas sufridas por el fiscal federal José Ignacio Candioti y otras personas vinculadas a un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los delitos que se le imputan a Gil, amenazas agravadas y coactivas (por ser dirigidas a funcionarios públicos) tienen penas previstas de entre cinco y diez años de cárcel, y fueron cometidos en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.

Será encargado de juzgarlo el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, y será fiscal Martín Suárez Faisal, todos actuantes en los juicios de lesa humanidad ventilados en Santa Fe.

La causa se inició en 2009 por una denuncia del fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, en base a mensajes intimidatorios que tenían como víctima al fiscal Candioti, quien actualmente se desempeña en la ciudad entrerriana de Victoria.

El funcionario investigó delitos de lesa humanidad cometidos en el norte santafesino, lo que llevó al banquillo de los acusados a miembros de la Fuerza Aérea y de la policía de Santa Fe, que actuaron en conjunto en la concreción de secuestros y torturas.

La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante que recibió Candioti, entre abril y junio de 2009, fueron enviados desde la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.

Las pericias determinaron que los correos fueron dirigidos a testigos, querellantes, funcionarios judiciales, allegados, políticos y funcionarios, y revelaban "conocimientos precisos" de las personas y de la causa judicial que estaba en proceso.

La Justicia intentará probar la responsabilidad de Gil, que según entiende la fiscalía se amparaba en el anonimato y firmaba los mensajes como "La Hermandad", una supuesta organización sectaria que es mencionada en un libro de su autoría, inédito, cuyo manuscrito fue hallado en su domicilio.

En ese mismo allanamiento la Justicia también encontró tres armas de fuego, listados con nombres de ex detenidos políticos de la zona, además de propaganda de extrema derecha y copias de informes de inteligencia que el acusado habría realizado en la dictadura.

Entre las pruebas que comprometen la posición de Gil se encuentran entrecruzamientos que permitieron identificar las máquinas desde las cuales fueron emitidos los correos electrónicos amenazadores.

En cuanto a los antecedentes laborales de Gil que investiga la Justicia, revistó como policía de Santa Fe entre 1970 y 1993, y durante la dictadura se desempeñó como agente de la Guardia Rural "Los Pumas".

Paralelamente, su nombre figura con el número 1961 en el listado de Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército (después Central de Reunión de Inteligencia del Ejército, CRIE) que difundió el Archivo Nacional de la Memoria. en su caso reportando para el Batallón de Inteligencia 601.

Además, hay un dato interesante de utilización de correos electrónicos como herramienta para difamar a una persona: Gil fue cesanteado hace un par de años por el Ministerio de Educación de Santa Fe de su puesto de profesor de Química tras un sumario administrativo iniciado por una supervisora, que lo denunció por haber realizado una campaña de difamación a través de correos electrónicos en cadena.

El fiscal federal Ignacio Candioti integra actualmente la Unidad de Derechos Humanos que lleva adelante las investigaciones por crímenes de la dictadura en Entre Ríos. El año pasado intervino como fiscal en el juicio por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná y este año lo está haciendo en el debate por los hechos ocurridos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú.

 

 



 
 
 
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