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28/05/2013

Los imputados son oficiales y suboficiales del Ejército, y un Federal. 

San Juan: El fiscal pidió altas penas para represores ilegales que actuaron en la provincia

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Teniente Jorge Olivera: Entre otros cargos, debe responder por el secuestro y desaparición de Marie-Anne Erize.
La fiscalía del Tribunal Oral Federal de San Juan pidió esta noche las penas de prisión perpetua para dos militares y un policía federal, y de 25 y 15 años para otros cuatro militares por cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar en San Juan, al tiempo que anunció que pedirá la compulsa de funcionarios judiciales, militares y civiles que habrían colaborado con la acción del aparato represivo del Estado. En un alegato que duró cinco jornadas, el fiscal general subrogante de San Juan, Mateo Bermejo, acusó a los siete militares imputados en el juicio por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, violación agravada por el uso de la fuerza, abuso deshonesto, torturas y homicidio.

Además, consideró a los militares que formaron parte del aparato represivo del Estado como integrantes de una asociación ilícita, lo que agravaría la pena en los casos de los jefes de sección y de inteligencia del Regimiento 22 de Infantería de Montaña del Ejército (RIM 22),por considerarlos organizadores, cabecillas, jefes e instructores.

El fiscal aclaró que las penas pedidas, se corresponden con la condición de autores y en otros, como coautores mediatos, por ejercer cargos de jefaturas y por tener personal subalterno a cargo, cuyos integrantes fueron los ejecutores.

El juicio oral y público contra los ex militares Jorge Olivera, Osvaldo Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto, José Del Torchio y Gustavo Demarchi, por delitos de lesa humanidad, como secuestros y torturas a más de 60 personas, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, se inició el 9 de noviembre del año 2011 y es llevado adelante por los jueces Héctor Cortés, Raul Fourcade y Alejandro Piña.

Los pedidos de penas de prisión perpetua recaen sobre el teniente Jorge Olivera, que era el oficial de inteligencia del RIM 22; el sargento de la Banda de Música Osvaldo Benito Martel por su participación en las picanas y torturas; y el comisario Horacio Julio Nieto, que era el jefe de la delegación en San Juan de la Policía Federal Argentina.

Las penas de 25 años de cárcel pedidas por el fiscal Bermejo, por los mismos cargos, recaen sobre los ex tenientes Gustavo De Marchi, José Del Torchio y Daniel Gómez como partícipes de detenciones y torturas.

Finalmente, el fiscal solicitó una pena de 15 años de prisión para el ex suboficial Alejandro Lazo por tormentos y abuso deshonesto en perjuicio de la actual jueza Margarita Camus, y como integrante de una asociación ilícita comandada por sus superiores.

En la misma causa, aún permanecen prófugos el ex teniente Carlos Malatto exiliado en Italia, el oficial Eduardo Vic y el ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel.También están vinculados al proceso, pero aún no son juzgados, Jorge Páez, que a punto estuvo de ser detenido en Bolivia pero se escapó, y Eduardo Cardozo, que fue detenido en Mendoza y puesto a disposición de la justicia.

El fiscal adelantó que pedirá la compulsa de “funcionarios de la justicia federal, policías, militares y civiles" ya que de los casi 160 testimonios recibidos "surge una posible colaboración con la represión, pero indicó que lo hará por escrito para evitar fugas que puedan entorpecer el funcionamiento de la justicia”.

Las audiencias se retomarán el 11 de junio próximo con el alegato del defensor oficial Diego Gióccoli y después se escucharán los alegatos de los defensores Eduardo San Emetério y Marcelo Fernández.

 

 
 
 
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