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02/10/2014

El próximo será el de Marcos Levín, dueño de "La Veloz del Norte" 

Salta: Panorama de los juicios de lesa humanidad, al término del sexto, de "la ciudad sin relojes"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Los juicios acabaron con el mito de que en Salta, como no hubo casi acciones armadas
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).- El sexto juicio por delitos de lesa humanidad que acaba de terminar en Salta, dio la pauta, una vez más, de la necesaria acción del servicio de justicia para ayudar a la reconstrucción de la historia y la memoria colectiva sobre los años de terrorismo de Estado en la provincia. Al inicio de este proceso, el 31 de marzo pasado, los familiares lamentaron que el juicio no se desarrollara en Metán. Así como la represión y el liberalismo de los 90, se ensañaron con la ciudad cambiándola de tal modo que los viejos ya no reconocen en la actual a la tranquila ciudad ferroviaria que “no tenía relojes, porque se manejaba con los tiempos del tren”, querían que recibiera los beneficios de la atención del servicio de justicia.

Pensaban que de esa manera se iba a ayudar a sanar algo del daño provocado. Y tras la sentencia siguen pensándolo, aunque atenuado por la alegría de las penas a prisión perpetua y cárcel común. Igual, a pesar de la distancia entre el lugar de los hechos y el lugar del debate, desde que el juicio comenzó a derramar testimonios, y más metanenses se animaron a hablar, las Fiscalías Federales de Salta recibieron nuevas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Una de estas nuevas causas es por la desaparición de Francisco Paulovich, militante del PRT.

Esta es la sexta sentencia por delitos de lesa humanidad dictada en la provincia. En abril de 2010 los coroneles Luis Ángel Zírpolo y Carlos Alberto Arias fueron condenados por la desaparición  del escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal, cercana a la frontera con Bolivia, en el extremo norte.

Tras este juicio oral, se dieron dos sentencias en procesos escritos, que por sus características impiden la revisión pública de los hechos: en diciembre de 2010 año el Juzgado Federal Nº 2 condenó a reclusión perpetua a los ex militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche, por la Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976, el fusilamiento de 11 personas que estaban detenidas en el penal de Villa Las Rosas, en Salta Capital.

Por este mismo hecho, en junio de 2011 el Juzgado Federal Nº 1 condenó a prisión perpetua al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, y al ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray.

Luego se desarrollaron tres procesos orales. En octubre de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó sentencia por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976, hecho en el que fue asesinado el comerciante Santiago Arredes, y se intentó matar a otra testigo, la empleada Margarita Martínez de Leal.

Mulhall, Gentil y Guil recibieron nuevas condenas a prisión perpetua, y los ex policías Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera recibieron penas menores, mientras que el civil Héctor Zanetto y el policía retirado Andrés del Valle Soraire fueron absueltos.

En diciembre de 2013, en la Megacausa Salta, fueron condenados 15 represores por crímenes en perjuicio de 34 personas. Cinco militares, un comisario y un integrante del Servicio Penitenciario Provincial recibieron penas de prisión perpetua, otros 8 represores recibieron condenas que van desde los 10 años a 5 años de prisión. Dos mayores fueron absueltos por el beneficio de la duda. Mulhall, Gentil y Guil recibieron penas máximas por tercera vez, y Alzugaray recibió la segunda condena a prisión perpetua.

La última sentencia fue la del 29 de septiembre: Mulhall, que fuera jefe del Ejército en Salta y que cuando se cometió el golpe llegó a tener la suma del poder público en la provincia, recibió su cuarta pena máxima, igual que Gentil, que fue jefe de la Policía de Salta.

Aún con las limitaciones de un proceso judicial (cuyo objetivo no es la búsqueda de la verdad histórica sino la determinación de la responsabilidad de los acusados), los seis juicios realizados han servido para revisar la historia cercana de la provincia. Y para muchos salteños, incluso para algunos que vivieron los años de terrorismo de Estado, ha significado el descubrimiento de las atrocidades cometidas.

Para otros, una gran parte también, fue la posibilidad de hablar de sucesos que marcaron sus vidas pero sobre los que debieron guardar silencio. Fue el caso de la docente Susana Ramos, que desde que presenció el secuestro de Hugo Velázquez, a los 14 años, fue advertida de la necesidad de callar para preservar su vida y la de su familia.

Después de estos seis procesos ya nadie en Salta se atreve a decir que la provincia fue un lugar tranquilo donde no hubo acciones “subversivas” y tampoco represión, como se atrevió a afirmar el represor Héctor Ríos Ereñú, que fuera jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal.

Los debates, con su inevitable revisión de la historia, exhibieron una provincia y una región condicionada por el peso de los propietarios de las grandes empresas cañeras: los ingenios azucareros Ledesma y San Martín del Tabacal se destacan entre ellos, con su cuota de participación en la represión. Pruebas incorporadas en la Megacausa Salta contribuyeron a la acusación contra el propietario de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. La familia Patrón Costas, propietaria del Tabacal, no ha sido imputada en delitos de lesa humanidad, pero hay datos que informan sobre los beneficiarios del golpe: el 24 de marzo de 1976 toda la comisión directiva del Sindicato del Azúcar en Orán (sede del ingenio) fue detenida y alojada en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, que actuaba bajo las órdenes del Regimiento 28.

La Causa Ragone aportó mucho para conocer lo que ocurrió en los últimos años en Salta Capital. Para recordar quiénes atentaron contra el gobierno constitucional de Miguel Ragone, y la acción destacada que tuvieron en esa acción los medios de comunicación, como el diario El Tribuno, propiedad de la familia del peronista conservador Juan Carlos Romero.

La causa por Melitón Bustos y la Megacausa permitieron conocer la militancia en el norte, su importancia en la logística de la guerrilla de Tucumán, la importante obra social, las campañas de alfabetización y trabajo en las villas que llevaron a cabo jóvenes idealistas que luego, ya en plena represión, siguieron organizándose para apoyar a las familias, los chicos y chicas, que quedaban desprotegidos con la detención o desaparición de sus padres. Y la solidaridad de los que organizaron comités de ayuda a los exiliados bolivianos y chilenos cuando las dictaduras se ensañaron en sus países.

La Causa Metán aportó información sobre la militancia en el sur de la provincia, la influencia del profesor Luis Risso Patrón, la fuerte presencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), su trabajo con los gremios de los grandes ingenios, y sus vínculos con Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.

En este sentido, los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila calificaron de “muy significativo” el “trabajo de reconstrucción histórica”, que se logró con el esfuerzo “mancomunado con las querellas y las víctimas”. Ese entendimiento permitió “conformar un contundente plexo probatorio y brindar a la comunidad de Metán una descripción detallada del fenómeno del terrorismo de Estado en el sur de la provincia”.

Los fiscales también destacaron “el sentido de reparación histórica” del fallo dictado por el TOF de Salta, en el que también fueron condenados los policías retirados Andrés del Valle Soraire, Marcos Honorio Medina, Rafael Orlando Perelló y Eduardo del Carmen del Valle, este último, un personaje emblema del terror en Metán, donde fue director de Tránsito de la municipalidad, hombre de confianza del interventor militar Félix Valenti Figueroa (investigado por crímenes de lesa humanidad) y fue miembro de inteligencia de la Policía de Salta y del Ejército.

Los fiscales también pusieron de relieve otro hecho que distingue a esta sentencia: es la primera que “reconoce el delito de corrupción de menores como parte del plan sistemático y generalizado de represión ilegal” y con ello se “amplía el espectro de conductas delictivas que constituyeron ese plan, aportando a una descripción más precisa de todo fenómeno criminal de la época”.

Este reconocimiento, esperanza en que cada vez más víctimas se atrevan a hablar de los delitos sexuales cometidos por los autores del terrorismo estatal y paraestatal. Son los pendientes que quedan para los procesos que aún restan.

Con el cierre de la Causa Metán, los organismos de derechos humanos salteños y las fiscalías ya tienen puesta la mirada en los expedientes que ya están casi listos para nuevos debates: entre ellos, el expediente contra el empresario del transporte Marcos Levín, acusado de instigar la persecución, la detención irregular y torturas que padeció el delegado gremial Víctor Manuel Cobos. Unas 18 causas están en condiciones de ir a juicio en breve.

 
 
 
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