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05/10/2015

Lo dijo el juez Daniel Rafecas, en un extenso reportaje de la revista Haroldo 

"Los juicios por delitos de lesa humanidad están blindados hacia la coyuntura política"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Juez federal Daniel Rafecas: lleva adelante algunos de los juicios por delitos de lesa humanidad más importantes del país
El juez federal Daniel Rafecas consideró que los juicios por delitos de Terrorismo de Estado en la Argentina, con más de 1.500 procesados y 10 mil víctimas reconocidas, “están blindados hacia afuera y hacia la coyuntura política y mediática" local. “No sólo cuentan con el apoyo expreso y constante de la Corte Suprema, sino también de la comunidad internacional” y, además, existe “un claro retroceso de las posturas ‘negacionistas’ y de la doctrina de ’los dos demonios’, que eran ampliamente mayoritarias en 2003”, sostuvo Rafecas.

El titular del juzgado federal 3 de la Capital, a cargo de la “megacausa” por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, realizó el balance en una por nota que publica la revista digital "Haroldo" al cumplirse doce años de la reapertura de esos procesos. “En 12 años, pasamos de un procesado (Julio Simón) a 1.500, de los cuales un tercio ya están condenados. La conformación de la Comisión Interpoderes y la creación de la Procuraduría de Lesa Humanidad, han tenido que ver con estos progresos”, evaluó el juez federal.

Recordó que desde que la Cámara Federal porteña confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en el caso “Poblete/Hlazuk”, en 2003, los juicios de lesa humanidad “se han expandido notablemente".

En la actualidad, reseñó, abarcan a localidades del de sur del país, como Rawson, General Roca, Neuquén, y del norte, como Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, así como el este (Mar del Plata, La Plata) y el oeste (Mendoza, San Juan, La Rioja).

“Estos criminales atrapados por la Justicia ya no sólo no se cruzarán con sus víctimas en la calle, sino que además muchos de los que fueron sacados de circulación” porque no pudieron seguir ascendiendo en las fuerzas armadas y de seguridad, u ostentando cargos en la justicia, aunque “otros llegaron a llegaron a legislador, intendente o incluso gobernador”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que “no hemos avanzado prácticamente nada” en torno al esclarecimiento de cómo se realizó el exterminio de los desaparecidos ya que en términos

judiciales, no sabemos en concreto quiénes lo hicieron, ni cuándo, ni dónde, a veces ni siquiera cómo”.“Esto –señaló Rafecas- se ve reflejado en que las condenas por homicidio, en estos procesos, lejos de ser la regla, son la excepción”.

En el haber de ese balance situó también que el sistema judicial “no ha podido diluir el ominoso pacto de silencio que reina entre los perpetradores cuando se enfrentan a la Justicia".

No obstante, señaló que “cientos de operadores judiciales, desde empleados y funcionarios, hasta fiscales, jueces y camaristas, se han involucrado en estos procesos”, en muchos casos “con una notable sensibilización y compromiso” tal que “para las nuevas generaciones de agentes judiciales, el horizonte de los juicios de lesa humanidad es asumido con gran expectativa, entusiasmo e interés”.

“Tras doce años de avances, el llamado 'caso argentino', como modelo de revisión honesta, profunda y democratizadora del pasado reciente de violencia de Estado, no ha irradiado a otros países de la región”, contrastó el magistrado .“Quizás porque allí no hubo Madres, Abuelas –y ahora también Hijos- que lideraran durante décadas la lucha contra el olvido y la impunidad”, analizó.

Consideró en cambio “remarcable” la diferencia con respecto de los juicios precedentes en Alemania por el nazismo o del tribunal de La Haya por el genocidio en Bosnia, ya que “las penas que se vienen imponiendo (en la Argentina) son ampliamente satisfactorias desde la perspectiva de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, y se ajustan razonablemente a la medida de la gravedad y extensión de los crímenes cometidos".

 
 
 
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