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29/08/2012

Se investigan delitos cometidos en la U-1 de Córdoba 

Una nueva preventiva dictada por el juez Piedrabuena: el ex fiscal federal Antonio Cornejo

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Juez Herrera Piedrabuena: Investiga más de un centenar de ilícitos cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, durante la dictadura.
Córdoba.- Un juez federal ordenó esta noche la prisión preventiva domiciliaria de Antonio Cornejo, ex fiscal federal en Córdoba, imputado de haber sido funcional al plan sistemático de represión implementado por la dictadura militar. La medida fue adoptada por Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal de La Rioja, que está actuando en carácter de subrogante en la causa que se sustancia en Córdoba, según informaron esta noche fuentes judiciales. En la resolución, Piedrabuena destacó que la detención domiciliaria fue dispuesta sobre "la base de los informes médicos forenses que dictaminaron la imposibilidad de que (Cornejo) permanzca en algún establecimiento carcelario", no obstante lo cual quedó "sujeto a la realización de una junta médica".Piedrabuena, que ayer había ordenado la detención de Miguel Angel Puga, ex juez federal Nº 2 de Córdoba durante la dictadura militar, imputó a Cornejo "incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal" (en calidad de autor) y presunta "aplicación de tormentos" (en calidad de "cómplice secundario").

Entre otras disposiciones, a Cornejo le imputan supuesta infracción al 248 del Código Penal, que reprime al "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Está previsto que entre el jueves y viernes próximos también presten declaración indagatoria en la misma causa los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro (se jubiló años atrás como camarista federal).  

El avance que se registró en los últimos tiene como antecedentes el hecho de que, en abril del año pasado, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó que correspondía investigar si magistrados y funcionarios judiciales que actuaron durante la dictadura militar incumplieron la obligación de perseguir penalmente a quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos en esa época.

"La omisión de promover la persecución y represión (penal) de delincuentes supone el incumplimiento por parte del funcionario público de los deberes a su cargo que, en lo concreto, se traducen en la persecución y represión de autores de delitos", afirmó el vocal Abel Sánchez Torres, a cuyo voto se adhirieron -en este punto- los camaristas Luis Rueda y Octavio Cortés Olmedo.

En la resolución, el camarista también remarcó que, de la evolución que se advierte en el mundo en materia de protección de los derechos humanos, "puede colegirse, sin lugar a dudas, la intención de la comunidad internacional de castigar tanto la ejecución del acto como los actos preparatorios, así como también toda forma de complicidad en la perpetración de aquéllos".

En la causa por la que ya fueron detenidos Puga y Cornejo, Piedrabuena investiga más de un centenar de hechos de complicidad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes públicos contra detenidos ilegales de la dictadura que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba.

 
 
 
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