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14/06/2013

A la vez, se solicitó ampliación de imputación a ex funcionarios judiciales 

La Rioja: Los querellantes en la causa Angelelli piden que empiece este año el juicio

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Enrique Angelelli: uno de los obispos que tomó la "opción por los pobres", y sufrió en carne propia el designio criminal de la dictadura.
Los querellantes en la causa por el asesinato del ex obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, durante la dictadura militar, pidieron al presidente del tribunal, José Quiroga Uriburu, que el juicio comience este año debido a que varios imputados y testigos murieron o fueron apartados por problemas de salud. La sobrina del sacerdote, María Elena Coseano, y Luis Miguel Baronetto, del Centro Tiempo Latinoamericano, precisaron que la causa fue elevada a juicio en diciembre pasado y todavía no está fijada la fecha de inicio. Según informó Infojus noticias, el pedido de los querellantes se fundamenta en que varios imputados y testigos murieron o fueron apartados de la causa por problemas de salud.

El 4 de agosto de 1976 monseñor Angelelli conducía una camioneta junto con el padre Arturo Pinto, volviendo del Chamical, cuando un auto empezó a seguirlos, después otro, y al llegar al paraje Punta de los Llanos los vehículos lo encerraron y lo hicieron volcar, lo que provocó la muerte del entonces obispo riojano.
 
Por la muerte de Angelelli están imputados Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Juan Carlos Romero como autores mediatos de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado y tentativa de homicidio calificado y premeditado.

En este marco, los querellantes señalaron que "lo que dejó en la impunidad la autoría criminal de estos militares y el largo reinado de las leyes de impunidad impidió avanzar en investigaciones sobre los autores inmediatos, ejecutores directos del atentado criminal".
 
En el escrito se hace referencia al fallecimiento de los imputados Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy y también a la insanía del ex jefe de la policía provincial, Edilio Cristóbal Di Césari y apuntan a que, por las mismas razones, fueron apartados de la causa Osvaldo Pérez Battaglia, Pedro Malagamba, Lázaro Aguirre y "otros de menor jerarquía militar".
 
"Después de 37 años, sin duda la condena de sus asesinos contribuirá a consolidar la credibilidad en las instituciones democráticas. Y con el punto final a la impunidad quedará reafirmada la vocación por la verdad y la justicia", dice el comunicado.

Agrega que "para la comunidad riojana, pero también para todos los argentinos, la realización de este juicio tiene un significado muy profundo porque es la interpelación del pastor y profeta, máximo testigo de la fe y el compromiso con el pueblo, martirizado por su fidelidad en la búsqueda y la lucha por la vida y dignidad de todos, especialmente de los más pobres".


Piden ampliar imputación a ex funcionarios judiciales

   
El abogado riojano Miguel Angel Morales pidió a la justicia federal local que se amplíe la imputación contra varias personas que son investigadas por su presunta participación en delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex juez Federal de La Rioja, Roberto Catalán y el ex secretario judicial, Humberto Aliaga Yofre. Morales recurrió al Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del juez Daniel Herrera Piedrabuena, para que el magistrado remita a la Fiscalía la recomendación de ampliar la imputación de los sospechosos, en el marco de una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en noviembre de 1975, informaron fuentes judiciales.
    
Piedrabuena tiene a su cargo la investigación de la causa caratulada como "Vergara, Maximo Justino y otros", sobre privación ilegítima de la libertad y tormentos que sufrieron varias personas al ser detenidas meses antes del 24 de marzo de 1976.

Según el letrado, surge de la prueba testimonial que una de las víctimas, identificada como José Cano, que denunció ante el entonces juez federal Enrique Chumbita que había sido detenido, que le vendaron los ojos, lo maniataron y golpearon. En el escrito presentado ante el Juzgado, Morales señaló que la denuncia formulada por Cano no fue investigada por el juez Chumbita y tampoco por el secretario judicial, de ese momento, Humberto Aliaga Yofre.
    
La ampliación de la acusación es por los "delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento e incumplimiento de la obligación de promover la represión".

Morales también solicitó que se amplié la acusación para los policías de la Policía Federal: Adrián Juan Pelacchi, Jesús Norberto Habibi, Elcides José Bresso, Jorge Omar Ramos, Carlos Alberto Ramón Atterburry, Carlos Moyano, Carlos Alberto Gandulfo, Osvaldo Federico Primono, José Alberto Liendo, Jesús Videla y Peregrino Luis Gallardo. A todos ellos, les podría caber la presunta autoría de los delitos de "allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, imposición de torturas, etc., profundizándose la investigación en cuanto a los delitos de abuso sexual, aborto, etc.".
   

 
 
 
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