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28/12/2012

El juez Daniel Bejas consideró que se cometió un genocidio 

"Operativo Independencia": Videla, Mario Menéndez y casi medio centenar de represores procesados

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Menendez en el Operativo Independencia. El general Rattembach quería que lo fusilaran por haberse rendido en las Malvinas.
Casi medio centenar de militares, policías y civiles fueron procesados hoy por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el "Operativo Independencia" llevado a cabo contra la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975 y hasta el golpe de marzo de 1976, es decir durante el gobierno de la presidenta María Estela "Isabel" Perón, a la que el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, resolvió no procesar. En cambio si procesó, con prisión preventiva, al general retirado Mario Benjamín Menéndez, de 82 años, efímero ex gobernador de las Malvinas, y al dictador Jorge Rafael Videla, que ya purga tres condenas a prisión perpetua.

En un extenso fallo de de 488 páginas, el juez Bejas también procesó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado anteriormente a la pena máxima, y a más de 40 acusados por 269 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas y homicidios cometidos entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976.

El fallo del juez Bejas asegura que el "Operativo Independencia" entrañó un delito de genocidio y que se implementó en Tucumán "un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976”.

Es decir que, con el argumento de la "lucha antisubversiva", se agredió alevosamente a la población campesina, privándola de sus derechos más elementales.

Bejas convalidó la posición de la fiscalía acerca de que el Operativo Independencia constituyó una "intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil" de la provincia.

"La intervención fue comandada en primer lugar por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi", puntualizó, en referencia a dos generales ya fallecidos.

Desde 1974 actuaba en el monte tucumano un foco guerrillero rural, la llamada "Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez" del ERP, y la presidenta decretó combatirlo con el envío de tropas del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería.

El entonces coronel Mario Menéndez, recuerda el  fallo, "estuvo a cargo de la tristemente célebre 'Escuelita' de Famaillá (...) en carácter de Jefe de Estado Mayor del llamado Puesto de Comando Táctico que funcionaba en esa localidad".

Otros centros clandestinos de detención impuestos por Fuerzas Armadas y de seguridad en Tucumán funcionaron en "el Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa, todas localidades del sur de la provincia".

Bejas decidió no avanzar en la investigación ni llamar a indagatoria a la viuda de Perón, bajo cuyo Gobierno se dictaron los decretos antiguerrilleros. Los documentos secretos fueron firmados también por el presidente provisional del Senado (y presidente interino de la Nación al reemplazar a Isabel cuando ésta tomó licencia por enfermedad) y varios ministros, entre ellos Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.

Bejas consideró que la provincia de Tucumán quedó inmerso en "un estado de excepción" y citó escritos  del general Vilas en los que éste se jactó de que "a nadie se le escapaba (la existenbcia de) el Gobierno paralelo sito en la V Brigada" del Ejército.

"Hubo un ataque sistemático desde el Estado contra una parte substancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucradas con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como enemigos del plan económico y político que definía la 'nueva argentinidad'", afirmó el juez.

Ataque que se produjo "en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976", sigue el escrito, que desvincula así de lo hecho por Vila y Bussi al gobierno provincial del justicialista  Amado Juri.

Bejas advirtió que "el Ministerio Público Fiscal no mantiene en forma continua ni de modo coherente durante su exposición la presunta vinculación o aquiescencia del gobierno civil provincial y nacional con el accionar de las Fuerzas Armadas", y destacó el principio de "autonomía" de las FF.AA. respecto de las autoridades, argumento desarrollado en cuatro páginas de su escrito de 495 fojas.

La investigación abarcó 269 casos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso y violación sexual (a hombres y mujeres) y homicidio, delitos todos abarcados contextualmente por la calificación internacional de genocidio.

El juez señaló además "que las mujeres detenidas clandestinas" en el operativo "habrían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer, correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica".

"... alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), el 15% eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al partido Peronista (alrededor de 40 casos), un 8 % eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia (alrededor de 20 casos), un 8% eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales independientes (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (alrededor de 5 casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP/PRT (12 casos) o con Montoneros (4 casos)", detalló.

Otros militares procesados con prisión preventiva son el general de brigada (R) Carlos César Idelfonso Delia Larocca, los coroneles (R) Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán y Pedro Adolfo López y los tenientes coroneles (R) Alfredo Alberto Svendsen  y Enrique José del Pino.
En las mismas condiciones fueron procesados el comisario de la policía tucumana Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando de Cándido, Ramón César Jodar,  el policía federal retirado Miguel Ángel Moreno, y los civiles adscriptos o "supernumerarios" José Luis Del Valle Figueroa y Pedro Roberto Rojas, entre otros, mientras que en el caso de José Cuestas el procesamiento es sin detención.

Bejas dispuso falta de mérito para Víctor Olmos, Luis Ocaranza, Roberto Monteros, Walter Saborido, Fernando Labayru, Carlos Trucco, José Menéndez, Juan Cabrera, Jorge D'Amico, Julio Sarmiento y Carlos Diacono, sin perjuicio de que sigan siendo investigados.*

 
 
 
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