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30/12/2016

El imputado Rafael Braga, teniente retirado, ya ha sido condenado en otra causa  

Jujuy / Nuna Puka: Tras los alegatos de las defensas, se espera sentencia para febrero de 2017

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Mariano Rafael Braga con anteojos de sol, en una audiencia. A pesar de eso
El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF), dictará en febrero próximo la sentencia en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en esta provincia, causa que investigó el secuestro y torturas a 1 militantes comunistas, nueve de los cuales permanecen desaparecidos. Durante la última audiencia de este año los abogados defensores continuaban con su exposición de alegatos a favor de los 11 imputados en juicio, entre ellos militares, policías federales y provinciales, además de agentes penitenciarios, involucrados en los hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 1976 en la quebradeña localidad de Tumbaya y en San Salvador de Jujuy.

En ese marco los representantes del Ministerio Público de la Defensa, Matías Gutiérrez Perea y Maximiliano Ponce, argumentaron a favor de nueve acusados y solicitaron la absolución “lisa y llanamente” de los imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, tormentos y homicidio.

Al desplegar su línea argumental, los abogados refirieron que el proceso judicial en marcha incurrió en varias oportunidades en hechos que ameritan la “nulidad”, tanto de las formas de las “declaraciones indagatorias de sus defendidos como la actuación, por ejemplo, del representante del Ministerio Público Fiscal”. Asimismo, consideró que “hubo una contaminación de las pruebas”, en relación al tiempo que duró desde el golpe de Estado de 1976 hasta la fecha, en el expediente que consta de 70 cuerpos para su análisis. Sostuvo además que no se encontraron referencias concretas de los hechos puntuales de detención de las víctimas o de las torturas a las mismas y tampoco se hallaron pruebas de los posibles homicidios, por lo que dijo que algunos de los acusados están arbitrariamente detenidos.

Por su parte la abogada Sara Cabeza, defensora del ex policía provincial Ciro Goyechea, intentó despegar a su defendido de los hechos investigados al considerar que "no se pudo probar en ninguna de las instancias la participación del mismo en relación a las detenciones ilegales de los militantes del PC". Antes, adhirió a los argumentos vertidos por el Ministerio Publico de la Defensa, a la vez que indicó que no hubo congruencia por parte de los fiscales federales ni las querellas en la exposición de alegatos, al tiempo que solicitó la absolución y la libertad del imputado.

Los imputados en esta causa son los policías provinciales (retirados) Catalino Soto, Juan Carlos Vaca, Siro Goyechea, Armando Ruiz y Armando Claros; además de Carlos Alberto Gutiérrez y Ramón Herrera. También Federico Colmenares, Teodomiro Batalla y Jorge Ernesto Mendoza, quienes llegaron a este juicio oral en libertad; y cierra la lista el teniente (RE) Mariano Rafael Braga, ya condenado en otro juicio por delitos de lesa humanidad.


 
 
 
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