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12/10/2017

Entre hechos con concurrencia del Estado y particulares, ya se computan 30.500 

El Congreso mexicano aprobó la esperada ley que pena la desaparición forzada de personas

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Ayotzinapa es la última desaparición forzada masiva de personas que ha sufrido México
La Cámara de Diputados de México aprobó hoy, después de dos años de negociaciones, una ley contra la desaparición forzada de personas que establece penas de hasta hasta 90 años de cárcel por este delito. En un país que a fin del año pasado reportaba unos 30.500 desaparecidos (no todos por acción del Estado), la ley fue aprobada con 361 votos a favor, sin pronunciamientos en contra ni abstenciones, después de que el Senado le diera luz verde en abril. Ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Esta ley "es un avance fundamental para fortalecer la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas en el país", celebró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pidió blindarla con los recursos suficientes para hacer efectivos sus propósitos.
 
El jefe de la delegación para México, Centroamérica y Cuba del CICR, Juan Pedro Schaerer, dijo que se trata de una ley que era esperada con interés por familiares de personas desaparecidas y expertos, que ayudaron a configurarla.

"Ahora será fundamental, para que cumpla las expectativas depositadas en ella, dotarla del presupuesto necesario por parte de la Cámara de los Diputados para atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias que hagan de su aplicación una realidad", afirmó.
 
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó meses atrás que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas acumuló reportes por poco más de 30 mil personas desaparecidas desde que fue lanzada la llamada "guerra contra el narcotráfico", en 2006.

A fines de agosto, organismos internacionales habían reclamado al país que reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y que se apruebe la ley general en la materia para que salde su deuda de verdad y justicia con miles de personas.

La ley establece penas de 40 a 60 años de prisión por desaparición forzada, castigo que puede aumentar hasta en una mitad si la víctima pierde la vida, es migrante, menor de edad, mujer, discapacitado, periodista o defensor de los derechos humanos, entre otros, informó la agencia de noticias DPA.

Cuando se trate de desapariciones cometidas por particulares, como sería el caso de acciones del crimen organizado, la pena será de 25 a 50 años de prisión.
 
Asimismo, se crean un Sistema Nacional de búsqueda de personas con una Comisión Nacional, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y fiscalías especializadas.

Entre los objetivos está la homologación de datos forenses y registros para facilitar la búsqueda y localización de víctimas. La ley, que empezó a elaborarse en 2015 después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa, fue impulsada por distintas Organizaciones civiles, entre ellas el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
 
Los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales aliados con un grupo del crimen organizado en el sur de México en septiembre de 2014 y hasta ahora sólo se identificaron con certeza fragmentos óseos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Velazco.

 
 
 
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