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20/10/2014

Cura defensor de DDHH dice que están muertos y que es "un crimen de Estado" 

Gobierno mexicano ofrece más de 100.000 U$S por cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Sacerdote Solalinde: narcos y policías municipales actuaron de consuno.
México DF.- El gobierno de México ofreció hoy una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (110.000 dólares) por datos que permitan ubicar a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un mes en Iguala, estado de Guerrero, mientras el sacerdote y defensor de los migrantes, Alejandro Solalinde, dijo que están muertos, que a varios los quemeron vivos y que se trata de "un crímen de Estado". Solalinde hoy sobre el brutal acontecimiento producido, adelantó por narcos, policías y autoridades políticas vinculados al narcotráfico.

El aviso de recompensa de las autoridades federales fue publicado hoy a doble página en los mayores diarios del país con la foto individual de los estudiantes, la mayoría veinteañeros, que estudiaban en la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Además, se ofreció una recompensa similar a quien brinde información que permita "la identificación, localización, detención o aprehensión" de los probables responsables de haberlos desaparecido, reportó la agencia DPA.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre después de que los estudiantes, que se habían apoderado de tres autobuses para movilizarse hacia la capital mexicana para participar del homenaje a jóvenes asesinados en 1968 en la masacre de Tlatelolco, y fueran atacados a balazos por policías junto a narcotraficantes en la ciudad de Iguala, de 140.000 habitantes, ubicada unos 200 kilómetros al sur del país.

Como consecuencia del ataque hubo seis muertos, 25 heridos y varios detenidos, que no se sabe a dónde fueron llevados. Según integrantes del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, en la desaparición de los jóvenes participaron miembros de esa agrupación y policías municipales de Iguala y de la vecina ciudad de Cocula.

Dos de los detenidos reconocieron que participaron en el asesinato de 17 jóvenes. Hasta ahora han sido detenidos 26 policías y 17 integrantes de la banda, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, que condujeron a un sitio donde se hallaron varias fosas clandestinas con 28 cuerpos y otros restos humanos.

Sin embargo, estudios de ADN realizados por la fiscalía no identificaron a los jóvenes entre los muertos.
Peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense que se integraron a las investigaciones a pedido de las familias todavía no han dado sus conclusiones.

Ahora fueron desplegados 1.850 policías federales, militares e infantes de Marina en la zona de Iguala para buscar a los jóvenes y reforzar la seguridad, en una intervención que se extendió a 13 municipios de Guerrero en los que se investigan vínculos con el narcotráfico.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), está prófugo de la justicia junto a su esposa, que es hermana de Salomón Pineda Villa, líder del cártel Guerreros Unidos en ese estado, según la Inteligencia mexicana.

Los estudiantes han sido rastreados sin éxito con helicópteros, aviones, patrullas, a caballo y con buzos en áreas urbanas y en cerros, cuevas, cañadas y ríos de la zona.
El cura Solalinde declarará hoy ante la fiscalía general para aportar la información que recibió de varios testigos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes.

El reconocido defensor de los derechos de los inmigrantes en México señaló el viernes que un testigo de los violentos hechos del 26 de septiembre en Iguala le narró que los estudiantes fueron quemados vivos, pero se negó a dar detalles de su fuente porque dijo que “su vida peligra”.

Solalinde contó hoy, citado por la agencia Efe, los policías se llevaron a los 43 estudiantes, “algunos iban heridos”, los hicieron caminar hasta un lugar donde había varias fosas y allí los “colocaron, algunos inclusive vivos”, pusieron algunas tablas de madera y “después les tiraron diésel y los quemaron”.

Además, señaló que va a aprovechar el encuentro con el procurador general Jesús Murillo para decirle lo que piensa de este gobierno "tan corrupto", que "en lugar de buscar la justicia, se ha convertido en una verdadera amenaza para la ciudadanía".

El sacerdote acusó al Estado mexicano de querer "fragmentar la responsabilidad" en un caso en el que policías tirotearon y capturaron a estudiantes.

"No importa si los (policías) entregaron o no al crimen organizado, porque finalmente ellos son parte de eso mismo, no hay una raya; esto es un crimen de Estado", aseguró el activista, quien en numerosas ocasiones ha sido amenazado de muerte por sus denuncias.

 
 
 
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