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22/03/2013

La vesanía de que hicieron gala acaso pueda ser equiparada, pero no superada 

Mendoza: Condenaron a diez represores, siete de ellos a prisión perpetua

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Pablo Salinas. Héroe cívico de un juicio clave.
Mendoza.- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mendoza condenó hoy a siete represores a la pena de
prisión perpetua y aplicó penas de cinco, 14 y 18 años de prisión a otros tres acusados, en el tercer juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mendoza.Los siete condenados a cadena perpetua son el teniente coronel retirado Paulino Enrique Furió, el coronel retirado Juan Antonio Garibotte, el comodoro retirado Francisco Alcides Paris Francisca, los comisarios retirados Juan Agustín Oyarzabal Navarro y Aldo Patrocinio Bruno Pérez (quien fuera jefe de la siniestra D-2) y los también policías Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández. Al coronel retirado Ramón Angel Puebla se lo condenó a una pena de 18 años de prisión, al teniente coronel retirado Dardo Migno a 14 años; y al oficial principal retirado Fernando Morellato Donna a 5 años de prisión. Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se mostró conforme con la sentencia, salvo con la pena a 5 años a Morellato, a la que calificó de "irrrisoria" y "exigua".

"A cualquiera por un delito común le dan cuatro o cinco años de cárcel, no se le puede dar cinco años por tormentos, pero habrá que ver los fundamentos para apelar", comentó.

Esta mañana, la explanada de acceso y la calle de la sede de los Tribunales Federales de Mendoza se colmaron de público y miembros de organizaciones civiles que esperaban ansiosas el fallo,
y participaron del redescubrimiento  del `Friso de la Memoria´, que había sido dañado en noviembre de 2011.

Desde avenida España y Pedro Molina de esta capital, cientos de personas cantaron el Himno Nacional y aguardaron en forma pacífica la lectura de la sentencia.

En general, tanto las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como los familiares de las víctimas e integrantes de la Agrupación Hijos, se mostraron conformes con el fallo, salvo con la pena a Morellato.

"Cinco años no es nada. Todos los condenados, en vez de sentir arrepentimiento demuestran ganas de seguir. No estoy de acuerdo con las prisiones domiciliarias, si están enfermos que se la aguanten en la cárcel como ellos hicieron con nuestros hijos", dijo Margarita Barrera, de 88 años, quien perdió a su hijo Jaime Barrera hace 36 años cuando recién se había recibido de médico.

Carmen Doltz, quien tiene a su hermana Margarita desaparecida, se mostró a favor de la sentencia "que da una pequeña reparación y, al igual que todos los juicios en la Argentina, da un valor social y simbólico para cambiar la mentalidad y otorgar identidad a los desaparecidos".

Según lo dictaminado, las cadenas perpetuas recayeron por ser "co autores mediatos penalmente responsables por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, por mediar violencia y
amenazas, y asociación ilícita calificando los delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de genocidio".

En algunos casos también se aplicó homicidio agravado con el fin de asegurar impunidad, sustracción de un menor, robo, imposición de tormentos y lesiones gravísimas.

Furió, Puebla, Oyarzabal, Migno y Paris Francisca cumplirán condena domiciliaria, en tanto que Bruno, Garibote, Miranda, Fernández y Morellato lo harán en la cárcel mendocina de San Felipe dado que les revocaron los pedidos de prisión domiciliaria.

Si bien hubo satisfacción por el fallo condenatorio, tras siete meses de debate, ninguno de ellos rompió el pacto de silencio y dijo dónde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos.

"En Mendoza el pacto de impunidad sigue vigente entre ellos, pero nosotros vivimos en un Estado democrático y no podemos hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros", manifestó Salinas, quien
demostró "una enorme satisfacción por las siete perpetuas" y el nhecho de que "represores emblemáticos de Mendoza ahora estén presos".

Desde el 2 de agosto pasado, cuando se inició el debate, la tarea de los magistrados fue comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a 32 víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.

Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC y los montoneros Oscar Julio Ramos y Oscar Daniel Iturgay, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.

El Tribunal estuvo integrado por Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo.

 
 
 
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