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03/09/2015

Uno dijo ser "tan desorejado" que no advirtió que en su comisaría se torturaba 

Mendoza: La alegría por la nieta 117 restó atención a algunos relatos inverosímiles

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    La comisaría 7ma de Godoy Cruz, como se ve en la actualidad
El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la capital mendocina continuó ayer con testimonios de la defensa de los represores, en tanto los imputados se defendieron de las acusaciones. El testigo Rubén Armando González defendió al oficial del Servicio Penitenciario (re) Oscar Alberto Bianchides, argumentando que el imputado “era encargado de Alcaldía y cumplía funciones administrativas, por lo cual era imposible que haya estado con los detenidos”.

En este sentido, afirmó que el pabellón destinado a presos políticos se encontraba “bajo mando del Ejército y la Gendarmería”, y que sólo tomó conocimiento sobre las denuncias de torturas y malos tratos en aquella dependencia “con posterioridad y por comentarios de su padre”.

En tanto, el oficial (re) de la comisaría séptima de Godoy Cruz Antonio Indalecio Garro, acusado por "privación ilegitima de la libertad y tortura", se defendió de las acusaciones en su contra y refirió a la causa que lo involucra con la detención ilegal y tortura padecida por Pablo Seydell, Luis Moretti y Francisco Amaya, al asegurar al tribunal “no haber tenido contacto con las personas que lo acusan”.

Anteayer y ayer, en Mendoza, hubo un clima de festejo tanto en la sala de audiencias como en el exterior de Tribunales por el anuncio de la recuperación de la identidad de la hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, matrimonio mendocino secuestrado y desaparecido a fines de 1977. La alegría desbordó en los tribunales federales dado que se trata de la nieta de María Domínguez, una incansable luchadora de Madres de Plaza de Mayo a nivel local.

Por su parte, el imputado Garro declaró que en 1976 realizó "un curso de lucha contra la subversión" que duró tres días. A pesar de la nomenclatura de dicho curso, el imputado argumentó que la formación se basaba en “tácticas policiales” y que consistía “solo en saber de qué manera se manejaba la subversión”. Según Garro, el curso fue impartido por oficiales (cuyos nombres no recordó) y los suboficiales que asistieron “fueron convocados por sus superiores”.

El acusado negó la existencia de salas de tortura en la comisaría séptima de Godoy Cruz y en el Centro Clandestino de Detención D2, y también negó que haya existido algún tipo de vinculación entre esos centros clandestinos de detención al asegurar ser “tan desorejado que no prestaba atención si había una actividad paralela en la comisaría. Jamás trasladé a nadie a ningún cuarto, oficina o un lugar de torturas”.

Este cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza es denominado "la Megacausa", dado que acumula unas veinte causas que están debatiendo desde febrero del año pasado, e incluye el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos que afectaron a más de 200 personas. Estos delitos fueron perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas, de la cúpula y subalternos de la Policía de la Provincia, por los responsables de las torturas en la Penitenciaria Provincial, y por cuatro jueces federales que habrían omitido investigar los asesinatos y crímenes: Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra y Rolando Evaristo Carrizo.

 
 
 
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