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18/10/2012

Se oponía al negociado de la estatización de la Ítalo 

Declara este viernes la hija de Casariego del Bel, funcionario de Economía desaparecido en 1977

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Vergez: mano de obra militar al servicio de negociados de lesa humanidad.
La hija del alto funcionario del Ministerio de Economía detenido-desaparecido a mediados de 1977, Juan Carlos Casariego del Bel, declarará mañana viernes en el juicio oral que se sigue al capitán del Ejército Héctor Vergez. Según una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, la declaración de María de Gainza de Casariego "es aguardada con mucha expectativa". "Presumimos que la testigo ratificará que su padre se oponía a que el Estado pagara por la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad unas cincuenta veces más de lo que valía", adelantó a Télam la fuente, especializada en delitos de lesa humanidad con finalidad económica.

María de Gainza de Casariego atestiguará a partir de las 9.30 frente al Tribunal Oral Federal 5 que juzga Vergez por delitos de lesa humanidad cometidos en dominios del Primer Cuerpo de Ejército, entre ellos la desaparición de Casariego de Bel y el secuestro y desaparición del empresario Julio Gallego Soto.

Casariego de Bel era un funcionario de carrera del Ministerio de Economía que poco antes de su secuestro había sido designado director interino del Registro de Inversiones Extranjeras. En ese cargo, dependía directamente del secretaría de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein (h), a su vez mano derecha del entonces ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
    
"El día de su desaparición, Casariego de Bel había sido convocado al domicilio particular de Klein para discutir las alternativas (de la ya decidida por la dictadura) estatización de la Compañía Ítalo de Electricidad", recordó la fuente.
    
Detalló que "el funcionario se había negado a suscribir una resolución que avalara el carácter extranjero de la empresa sin la cual la estatización no tendría marco legal, haciendo evidente ante la opinión pública lo fraudulento de tal decisión".
    
"Klein (h), su padre del mismo nombre, Martínez de Hoz, (Francisco) Soldati y los (hermanos Juan y Roberto) Alemann eran a la vez funcionarios de la dictadura y miembros del directorio de la Ítalo y de su controlante, el grupo Motor Columbus, con sede en Suiza", precisó.
    
Agregó que "la empresa fue finalmente estatizada y por ello se pagaron al propietario casi 400 millones de dólares (en bonos nominados en francos suizos que hoy forman parte de la deuda del Club de París), cuando en realidad el grupo controlante no había realizado inversiones y el equipamiento existente ya habia sido estatizado".
    
"Casariego de Bel había manifestado a sus familiares y amigos que la empresa no valía más que 8 millones de dólares. Ya en democracia, una auditoría oficial determinó que el Estado había adquirido chatarra y bienes totalmente amortizados", recordó. También recordó que hay evidencias "de que el único equipamiento existente (dos turbogeneradores Babcock & Wilcox instalados en la central Puerto) había sido abonado por el avalista estatal (el Banco Nacional de Desarrollo) y no por el grupo controlante Motor Columbus".
    
"Por otra parte, la empresa británica Babcock & Wilcox y la Unión de Bancos Suizos (cuyo representante era Roberto Alemann) eran los verdaderos controlantes de Motor Columbus. Es decir, que la desaparición de Casariego de Bel y la estatización fraudulenta se produjo en el marco de una doble estafa al Estado", detalló.

   

 
 
 
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