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05/05/2014

Acusados por su participación en la causa "Contraofensiva montonera" 

Con el "coco" Sotomayor y el "teco" Cinto Corteaux, los represores fugitivos superan los setenta

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Edificio central de la guarnición de Campo de Mayo, sede del Primer Cuerpo de Ejércitoo
El coronel (R) Alberto Daniel Sotomayor y el teniente coronel hasta ahora activo Marcelo Cinto Cortaux, ambos acusados por su intervención en la desaparición de militantes montoneros que participaron en la llamada "contraofensiva" están prófugos desde el pasado 21 de abril, tal como se informó aquí (http://memoria.telam.com.ar/noticia/contraofensiva--ordenan-captura-de-militares-profugos_n3991ien) engrosando una lista de represores fugitivos que supera a los setenta. A continuación, la nota que publicó el semanario Veintitrés con la firma de Franco Mizrahi y foto de Horacio Paone.

El 22 de abril se amplió la lista de acusados de lesa humanidad prófugos de la Justicia. Ocurre que los militares retirados Alberto Daniel Sotomayor y Marcelo Cinto Courtaux, ambos acusados por violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa "Contraofensiva montonera", donde se investiga a trece oficiales y suboficiales de inteligencia castrense por 85 desapariciones y 20 secuestros cometidos por el terrorismo de Estado, pasaron a integrar esa nómina que supera las 70 personas, según cifras de la Unidad Fiscal.

El lunes y martes pasados ambos debían prestar declaración indagatoria ante la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que en marzo había postergado las audiencias haciendo lugar a un planteo de la defensa, pero brillaron por su ausencia en tribunales. Ante la ostensible evasión, la magistrada ordenó allanar sus casas, los sindicó como fugados y libró los oficios correspondientes a los organismos de seguridad. Al cierre de esta edición, eran intensamente buscados.

Courtaux se desempeñó entre el 7 de marzo de 1979 y el 17 de noviembre de 1980 como jefe de la Primera Sección de Ejecución perteneciente al Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y, según declaraciones de testigos, habría estado vinculado con la metodología de desaparición forzada de personas conocida como “vuelos de la muerte”.

Se estima que la estructura a la que pertenecía Cortaux estaba vinculada a esas aberrantes operaciones. A Sotomayor los investigadores lo ubican entre 1977 y 1979 como jefe de la Primera y Segunda Sección de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia.

Ambos debían rendir cuentas a la Justicia pero, percibiendo que su destino sería la prisión, decidieron evadirla: es que de los trece imputados en esta causa, ocho fueron detenidos con prisión domiciliaria (el último detenido en la pesquisa fue Carlos Blas Casuccio, quien en la dictadura fue jefe de los fugados). Quienes lograron sortear la reclusión argumentaron serios problemas de salud (Alfredo Sotera) o no fueron localizados (Luis Firpo).

A Courtaux y Sotomayor se suma como prófugo Mario Guillermo Ocampo, fugitivo en otra causa y desde antes del inicio del expediente que investiga el accionar de la represión en el marco de la Contraofensiva Montonera.

El paradero de Sotomayor y Courtaux comenzó a prefigurarse el lunes 21 de abril. Aquel día otoñal, una señal alertó a los investigadores: Sotomayor no se presentó a la hora estipulada en los tribunales de San Martín. Y no fue el frío matinal el que lo impulsó a evadir la citación. El militar retirado evadía la Justicia por segunda vez: debía haber sido indagado a mediados de marzo, al igual que Courtaux, pero entonces su abogado solicitó una postergación argumentando que el expediente era voluminoso y necesitaba tiempo para estudiarlo, una excusa cotidiana que suelen esgrimir los letrados defensores de los represores para demorar el trámite judicial.

La jueza Vence, en una postura que fue cuestionada por la querella y la fiscalía –a cargo de Miguel Blanco García Ordas–, hizo lugar al planteo y fijó la declaración para un mes más tarde.

Ante la nueva evasión de Sotomayor, y sospechando la estrategia que desplegaron los acusados, la fiscalía solicitó su detención urgente junto a la de Courtaux, quien iba a declarar al día siguiente. La magistrada aceptó. El allanamiento de los respectivos domicilios no hizo más que confirmar lo que ya era una obviedad: que ambos se habían escapado.

El martes al mediodía ambos militares retirados fueron declarados oficialmente rebeldes: la jueza libró los oficios para que sean buscados por todas las fuerzas de seguridad e incluso Interpol. Si bien 15 días atrás se les había prohibido salir del país, los investigadores no descartan que hayan podido cruzar la frontera.

Ante este contexto, el miércoles 23 de abril, el juzgado notificó de la fuga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación donde se inició el trámite para incorporar a los imputados en el fondo de recompensa que entrega una suma importante de dinero a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención del fugado: dentro de unos días, cuando se oficialice la medida, la lista pasará de 55 prófugos de lesa humanidad que integran el programa BUSCAR, a 57.

“Todas las familias querellantes estamos esperando que lo más pronto posible sean detenidos, indagados y encarcelados en una cárcel común hasta que se haga llegue el juicio oral”, afirmó a esta revista el abogado querellante, Pablo Llonto.

 
 
 
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