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30/12/2016

Advierte que hay “estancamientos”: la mitad de las causas siguen en instrucción 

Ministerio Público Fiscal: En 2016 hubo 136 sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Fiscal Auat: Hay una clara tendencia a que a se remita a sus casas a reos y convictos.
Un informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal consigna que durante 2016 se registraron 136 sentencias, de las cuales 25 fiueron absolutorias, pero también advirtió que se registran "demoras y estancamientos en las instancias de juicio". Según publica la página web Fiscales, dependiente de la Procuraduría General de la Nación, al 20 de diciembre de 2016, se verificaron un total de 585 causas, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2.771 imputados por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. El relevamiento también indicó que existen otras 249 procesos acumuladas "en alguna fase de la investigación" que integran las llamadas "megacausas".

Los datos surgen del diagnóstico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal federal Jorge Auat y coordinada por Carolina Varsky.
 
El relevamiento fue confeccionado a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país y como todos los años se centra en los "principales avances y obstáculos enfrentados por el proceso de justicia en el que se investigan crímenes de lesa humanidad en Argentina durante 2016".

De los 585 causas que se sustancian desde 2006, "el 47% (277) todavía se encuentra en etapa de instrucción; el 30% (173) obtuvo sentencia, de las cuales, 87 se encuentran aún en instancia de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 20% (119) se encuentran elevadas a juicio, aunque sólo seis tienen fijada fecha de inicio del debate", detalla el informe.

Asimismo informa que "el 29% (806) de los acusados se encuentra procesado; el 26% (733) fue condenado; el 17% (462) falleció antes de ser sentenciado; el 15% (408) está imputado; al 6% (155) se le dictó la falta de mérito; el 3% (78) resultó absuelto; el 2% (52) fue sobreseído; hay 30 personas (1%) que fueron recientemente indagadas, y otras tres que fueron declaradas incapaces".

La Procuración que se encarga de procesar los casos de delitos de lesa humanidad afirmó en relación a las condiciones de detención en la que se encuentran los acusados que los datos indican una "tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario".

"Durante 2016, aumentó en 80 el número de imputados con esta modalidad de detención, una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos, especialmente durante el segundo semestre".

De esta forma, de 1141 imputados (41%) atraviesan el proceso judicial libres; 1052 (38%) se encuentran detenidos; mientras que 533 (19%) fallecieron, y 45 (2%) permanecen prófugos.

En otro orden, se consideró como "preocupante que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio".

Para el organismo, "resulta preocupante" que este año "se haya consolidado la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año".

Al respecto se enfatizó que "el pico histórico se registró en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año. Desde entonces, el número descendió: en 2014, se dictaron 21; en 2015, 20, y hasta el 20 de diciembre, 19".

El informe repasa además los "hitos del 2016 en el proceso de justicia", en los que se destacan los tres funcionarios judiciales condenados: los ex jueces federales Luis María Vera Candioti en Santa Fe y Roberto Catalán en La Rioja y el ex fiscal federal Gustavo Demarchi en Mar del Plata, por su participación en el terrorismo de Estado.

Además, se pondera la sentencia del empresario dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, por la privación ilegítima de la libertad y las torturas padecidas por el entonces delegado gremial Víctor Manuel Cobos; las condenas por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor y los avances en la investigación de violencia sexual en los centros clandestinos de detención.

 
 
 
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