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23/01/2019

El TOF 4 de San Martín juzga hoy el caso de José Díaz, prisionero desaparecido 

A 30 años del asalto guerrillero al regimiento de La Tablada, no han terminado los juicios

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Alfredo Manuel Arrillaga: debe responder por ejecuciones sumarias y desapariciones
Dos de los juicios sustanciados tras el ataque guerrillero al regimiento de La Tablada --del que este mièrcoles se cumplen 30 años-- fueron observados en instancias internacionales, y en estos dìas las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel y en las horas que siguieron, son actualmente investigadas en un proceso oral y público que se desarrolla en los Tribunales de San Martín, provincia de Buenos Aires.

En la actualidad, el Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín lleva adelante un juicio en el que está acusado el general Alfredo Arrillaga, quien fuera jefe del operativo de recuperación de la unidad, por el homicidio del prisionero José Díaz.

Entre los atacantes no hubo heridos, y cuatro de los integrantes del MTP que participaron del asalto a La Tablada se encuentran desaparecidos, tras haber sido capturados con vida: el citado Díaz, Iván Ruiz, Carlos Samojedny y Francisco Provenzano.

Durante este juicio, que puede tener sentencia en marzo, el suboficial del Ejército Argentino César Quiroga reveló que la fuerza "construyó una versión" sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron tras la recuperación del cuartel.

Quiroga contó que en el juzgado de instrucción del juez Gerardo Larrambere, y ante presencia del extinto fiscal Alberto Nisman -que en ese momento era secretario del magistrado-, debió modificar en 1990 su declaración inicial y refrendar la versión de que los cuatro desaparecidos se habían fugado de la unidad en medio del combate.

Además, el sargento José Almada testimonió ante el TOF 4 de San Martín que hubo ejecuciones sumarias de varios de los militantes del MTP que fueron capturados con vida.

El primer juicio por el ataque a La Tablada tuvo lugar ese mismo año 1989 y 13 militantes del MTP resultaron sentenciados el 5 de octubre, de forma sumaria y sin derecho a formular apelaciones, con penas que fueron desde la reclusión perpetua a los 11 años, en virtud de la ley 23.077 de Defensa de la Democracia.

Aunque no participó de las acciones armadas, el sacerdote Juan Antonio Puigjané recibió una condena de 20 años de prisión que terminó cumpliendo en un convento antes de quedar en libertad.

El segundo juicio por los hechos de La Tablada se efectuó en 1990, y Guillermo Maqueda, juzgado bajo las mismas condiciones, recibió una pena de diez años por haber colaborado con el MTP.

Por esos procesos, el Estado argentino recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el presidente Fernando de la Rúa debió reconocer el incumplimiento del Estado argentino con las garantías del debido proceso.

En octubre de 2000, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley para que los condenados de La Tablada pudieran presentar una apelación al cumplirse 10 años del intento de copamiento, y dos meses más tarde, el presidente De la Rúa conmutó las penas de los acusados y nueve de ellos recuperaron la libertad en 2001.

Gorriarán Merlo y su esposa, Ana María Sívori, enfrentaron los tribunales en 1997, tras ser extraditados desde México, pero en este caso, la pareja estuvo sometida a un proceso en el que hubo apelaciones y cuyas penas -a cadena perpetua y a 19 años de prisión, respectivamente- quedaron firmes en 2000 mediante un fallo de un tribunal de casación.

El 20 de mayo de 2003, poco antes de terminar su mandato, el presidente Eduardo Duhalde firmó un indulto para todos los condenados por el ataque a La Tablada, en una medida que también benefició al coronel (RE) Mohamed Alí Seineldín y a otros ocho militares "carapintada", sentenciados por actos de sedición contra la democracia.


 
 
 
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