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20/10/2016

El magistrado que condenó a Etchecolatz fue denunciado por destrato a empleados 

Renunció el juez federal Carlos Rozanski, que era investigado por el Consejo de Magistratura

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Carlos Rozanski: en la lucha contra la "corpo" judicial, finalmente decidió rendirse
El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, renunció hoy al cargo a través de un escrito que presentó ante el Ministerio de Justicia de la
Nación, mientras estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño de sus funciones. Una fuente de la cartera de Justicia explicó
a Télam que la renuncia del magistrado ahora deberá ser evaluada por el Poder Ejecutivo, que deberá aceptar o rechazar la dimisión, aunque se presume que como ya
ocurrió con otros magistrados, la renuncia será aceptada por el presidente Mauricio Macri sin demoras.

Según el vocero del cuerpo, en la nota de renuncia, Rozanski hace alusión a que se aleja del cargo a partir del 1 de noviembre para acogerse al beneficio de la jubilación. Rozanski se desempeñó por más de 15 años como presidente del Tribunal Oral Federal 1 de la Plata que desde el 2006 estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La condena a reclusión perpetua al ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, en 2006, por violación a los derechos humanos en el marco del genocidio ocurrido durante la dictadura, abrió un proceso por el que fueron condenados varios militares y civiles, además del citado Etchecolatz.

Así fue que Rozanski presidió el Tribunal que en 2007 condenó a la misma pena al ex capellán policial Christian Von Wernich y en 2012 al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura Jaime Lamont Smart, quien se convirtió en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, en los últimos años, el magistrado acumuló denuncias ante el Consejo de la Magistratura por supuesto destrato a sus empleados, por "acoso moral", por supuesta selección de expedientes para su tramitación urgente en detrimento de otros, por "exceso de licencia" y por dilación de causas, entre otras.

La acumulación de denuncias en su contra, de pruebas y testimonios, y el tratarse de "hechos de acción continuada", es decir que ya han sido denunciados antes, hizo que el expediente quedara a cargo del pleno de la Comisión de Acusación y Disciplina.

Fue esa Comisión la que hace unos 15 días rechazó los planteos de nulidad y archivo que solicitó Rozanski, quien además denunció penalmente a sus integrantes por "estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y prevaricato".

Entre los argumentos para rechazar esos pedidos, la Comisión entendió que la denuncia contra Rozanski no es la que presentó el dirigente de los judiciales Julio Piumato contra el magistrado platense en 2013, sino que se trata de una nueva presentada por el misma Unión de Empleados Judiciales.
 
Ante el avance de la causa en el Consejo de la Magistratura, Rozanski cuestionó una supuesta influencia del Poder Ejecutivo para avanzar en una denuncia en su contra y vinculó las "persecuciones" y "presiones" al avance de los juicios de lesa humanidad sobre "las complicidades civiles" con la dictadura militar.

"Cuando (en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad) se comenzó a avanzar en complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad, empezaron este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otro sector de la población", dijo en esa oportunidad el magistrado.

En los hechos, para remover un juez el Consejo necesita reunir el voto de los dos tercios de sus miembros, es decir 9 sobre 13 votos, y el oficialismo cuenta con 8 votos en ese cuerpo. Aún así, el expediente de Rosanski estaba muy activo con pedidos de prueba y testimonios y que incluso hoy en la sesión de la comisión de acusación y disciplina, el representante del poder ejecutivo en el consejo, Juan Bautista Mahiques, que es el consejero instructor de ese expediente, había pedido más pruebas para aportar.

 
 
 
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