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07/11/2014

Ex-miembros del 601-City Bell, están involucrados en homicidios y apropiaciones 

La Plata: Fiscales apelan la medida que autoriza a salir del país a 7 represores investigados

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Alberto Recondo: Su polémica medida está siendo apelada por la Fiscalía
La Plata.- Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira apelaron la decisión del juez subrogante Alberto Recondo de permitir que salgan del país siete represores investigados por la justicia federal en La Plata, por dos homicidios y el secuestro de tres chicos en una casa de Berazategui durante la última dictadura. Los integrantes de la Unidad Fiscal que investiga en La Plata causas de lesa humanidad apelaron la medida adoptada por Recondo en favor de siete imputados que revistaban en el Batallón 601 de Comunicaciones de City Bell, a quienes pocos días atrás había dictado la falta de mérito, informaron hoy fuentes judiciales.

Los fiscales advirtieron sobre el "peligro de fuga" y afirmaron que el magistrado confundió los efectos de la falta de mérito, también apelada, con los del sobreseimiento."La falta de mérito dispuesta para los militares no implica desligar al imputado del proceso, sino antes bien, éste queda sujeto al mismo en esa condición hasta tanto se resuelva su situación procesal", señalaron. Permitirles la salida del país, “pone en riesgo la investigación” afirmaron ambos fiscales y recordaron que 54 militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad están prófugos.

Los siete imputados estaban detenidos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz por el ataque del 6 de septiembre de 1977 a una casa en la localidad bonaerense de Berazategui donde se hallaban María Nicasia Rodríguez, sus tres hijos (de 12, 10 y 1 años) y un hombre de apellido Jaimez, militante de Montoneros, como la mujer.

Integrantes del Batallón 601 que atacaron la casa, mataron a los adultos y se llevaron a los tres chicos, de los cuales la mayor estuvo detenida ilegalmente durante tres meses en centros clandestinos y sus hermanos fueron entregados a la Policía Bonaerense, que finalmente los restituyó a familiares.

La fiscalía imputó a los represores los dos homicidios, la privación ilegal de la libertad y los tormentos a la niña de 12 años y la sustracción, retención y ocultamiento de los niños de uno y 10 años, respectivamente.

En la causa sólo está procesado Néstor Horacio Falcón, ex jefe del Batallón, ya que Recondo consideró probado que "ha proporcionado y/o facilitado con su accionar la realización de los hechos ilícitos investigados", para lo cual prestó "una cooperación indispensable y necesaria sin la cual no hubieran podido cometerse los mismos".

En cambio, para el juez, "no se encuentra acreditado" que el resto de los imputados, entre quienes se encuentran el subjefe y los principales colaboradores del jefe del Batallón, "conocieran de antemano las consecuencias de la finalidad perseguida y que, además, tuvieran el dominio sobre sus resultados". Fundamentando la falta de mérito, Recondo sostuvo que “no se trata de evaluar responsabilidades producidas en el interior de un centro clandestino de detención, en el cual difícilmente puedan trazarse líneas divisorias respecto de la autoría, mediata o no, o la participación necesaria". "No puede presumirse que todos los imputados conocían el Plan Sistemático de Represión Ilegal integrado por ellos mismos y destinado a la comisión de los delitos investigados", afirmó Recondo en su resolución.

 
 
 
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