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29/11/2013

Estimó que los alegatos comenzarán a mediados de 2015 

La Perla: A un año de juicio, el fiscal dijo que "el balance es positivo" pero que "falta mucho"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Fiscal Trotta: "Todavía falta mucho"
Córdoba.- El fiscal federal Facundo Trotta afirmó que el balance "es positivo" pero que "Todavía falta mucho", que recién podrá ingresarse a la etapa de los alegatos a mediados de 2015 y advirtió que los imputados se aferran a la esperanza de que el juicio se paralice. Por su parte, el abogado querellante Claudio Orosz dijo que en lo que va del juicio aparecieron "numerosos hechos nuevos, ilícitos que no estaban contemplados en ninguna de las acusaciones" elevadas a juicio, por ejemplo "la complicidad del Poder Judicial en las maniobras posteriores a la dictadura, y todavía en los albores de la democracia, de encubrir los hechos acaecidos en La Perla".

Al cumplirse un año desde el inicio del juicio de la megacausa "La Perla", el fiscal Trotta dijo que "el balance es positivo, con casi 200 testigos que declararon y corroboraron la existencia de un plan sistemático de exterminio, implementado desde antes del golpe de Estado" de marzo de 1976.

"Todavía falta mucho", dijo el fiscal, que estimó que lo planeado es que los testimonios terminen en el curso de 2014, y que a mediados de 2015 pueda ingresarse a la etapa de los alegatos. Y reconoció que los imputados mantienen la esperanza de que el juicio nunca concluya.

Trotta, quien lleva la parte acusatoria en el proceso de enjuiciamiento que comenzó el 4 de diciembre de 2012, precisó que "la existencia de los campos de concentración en Córdoba data desde marzo de 1975", y que en esos lugares de "detención clandestina" se "alojaba, torturaba, fusilaba y desaparecía a los disidentes políticos" al régimen dictatorial.

"La Perla fue el lugar emblemático por donde pasó el mayor número de víctimas. Muchos de ellos son testigos en este juicio y en sus relatos vienen acreditando las muertes como consecuencia de las torturas, lo que refleja el grado de impunidad con que se manejaba la dictadura al hacer aparecer a los fusilados como muertes en enfrentamientos", manifestó a Télam el funcionario judicial.

El juicio comenzó con la acumulación de 16 expedientes y en la actualidad, con la incorporación, durante el año, de otras cinco causas y cinco más que son desprendimientos de los que ya están siendo juzgados, son 26.

"Lo que resta es mucho. Es importante la incorporación de las nuevas causas para acelerar los procesos de juzgamientos y fundamentalmente porque estaríamos abarcando casi la totalidad de las víctimas que pasaron por La Perla y Campo de la Ribera", precisó Trotta.

Agregó que todavía faltan debatir los "hechos de abusos sexuales y violaciones ocurridos en el D2 (Departamento de Informaciones Policiales), porque dentro del plan sistemático existió la práctica de utilizar a las víctimas como objetos, es decir una manifiesta violencia de género a través de diferentes tratos, como también lo padecieron los judíos por su condición".

El próximo 4 de diciembre se cumplirá un año de iniciado el juicio y ya pasaron 192 testigos, un tercio de los previstos, en las 104 audiencias realizadas hasta el momento, y a partir de esos testimonios "se advierte claramente que existieron sectores de la sociedad civil que fueron cómplices de la dictadura", dijo Trotta.

Al ampliar sobre el tema, agregó que "algunos miraron para otro lado pero otros que brindaron aportes (a la represión) porque si no hubiese existido este tipo de complicidad empresarial, de la iglesia, de la justicia y de la política, no hubiésemos tenido el resultado nefasto con el alto número de víctimas que hubo en Córdoba".

Este juicio, puntualizó, está permitiendo conocer un sinnúmero de víctimas que todavía no se han investigado, por lo que la Fiscalía está remitiendo los antecedentes a los efectos de abrir las correspondientes investigaciones correspondiente, a lo que se suma la reciente aparición de actas documentales en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, documentación "que seguramente va a tener su valor jurídico, además del valor histórico".

"El Estado argentino, y todos los que hemos contribuido para que estos juicios puedan realizarse, estamos tratando de dar respuestas a las víctimas, a los familiares y a la sociedad toda", remarcó el fiscal.

Trotta continuó diciendo que "las víctimas están esperando respuestas y cuando vienen a declarar lo único que dicen es 'gracias', porque al fin, después de 37 años, pueden tener respuestas y saber que es lo que pasó con sus familiares secuestrados, torturados y asesinados, en mucho de los casos", resaltó al hacer propias las palabras de muchos de los sobrevivientes.

Lo que ha hecho el Estado en materia de políticas de Derechos Humanos "es reconocido a nivel mundial. Este proceso (de juzgamientos) no se puede parar hasta que se termine, porque es la única forma en que nosotros como Estado podamos crecer echando luz al pasado terrorífico", dijo al referirse a eventuales especulaciones de los imputados en paralizar estos procesos.

Finalmente, Trotta dijo que es difícil determinar la fecha de la culminación del juicio, pero estimó que los testimonios podrían terminar en el curso del 2014 y, quizás, a mediados de 2015 ingresar en la etapa de los alegatos.

Orosz

Claudio Orosz, abogado querellante evaluó que se está "avanzando a pasos firmes y bien encaminados hacia las sentencias condenatorias".

"Los testimonios son muy esclarecedores, las pruebas que confirman los hechos que se juzgan son sobreabundantes y hemos logrado sacar a la luz muchas más cosas de las que conocíamos la principio del juicio", manifestó a Télam el letrado que lleva la querella de más de 80 víctimas.

Orosz dijo que la megacausa "es vasta, con hechos que parten desde mediados de 1975 y que estuvieron a cargo del Comando Libertadores de América -la versión cordobesa de la Triple A- bajo las directivas del Destacamento de Inteligencia 141.

Tanto las pruebas documentales como las testimoniales "son contundentes en cuanto a la existencia de un plan sistemático clandestino de exterminio a toda oposición política", resaltó el abogado querellante.

También hizo referencia al surgimiento de "numerosos hechos nuevos, ilícitos que no estaban contemplados en ninguna de las acusaciones" elevadas a juicio, como también "ha surgido con fuerza la complicidad del Poder Judicial en las maniobras posteriores a la dictadura y todavía en los albores de la democracia de encubrir los hechos acaecidos en La Perla".

Sobre estos hechos nuevos y sobre las nuevas causas que se van incorporando al juicio que comenzó el 4 de diciembre, dijo que a lo largo del año entrante "vamos a tener nuevas indagatorias sobre ellos".

En cuanto a la posibilidad de convocar nuevamente a los testigos que ya declararon para que aporten datos sobre estos nuevos hechos, el letrado en principio lo descartó al aferrarse a una acordada de la Cámara Nacional de Casación Penal para que se efectivizen tratados y protocolos que "nos obliga a no revictimizar a las víctimas".

"Los testimonios son grabados en audio y video para ser utilizados a posteriori y de esa forma evitar volver a citar a quienes los dieron, postura que vamos a defender" porque es lo que aconseja el organismo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la nación, manifestó.

Con respecto a las expectativas en obtener, en este juicio, datos sobre la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos, Orosz dijo que "no creo que surja de estos genocidas que sólo son valientes cuando actúan en patotas. No creo que ninguno de ellos se quiebre".

Asimismo, puntualizó que el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el ex teniente general Luciano Benjamín Menéndez, sindicado como el principal responsable del exterminio llevado a cabo durante la dictadura en Córdoba, "en su alocada y afiebrada cabeza está convencido que ha cumplido con la patria con su actuación, pero seguramente si lo ha cumplido para los sectores monopólicos, para los sectores poseedores, para los explotadores".

Los hechos delictivos que se juzgan en el juicio de La Perla son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.

 
 
 
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