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19/04/2018

Según la testigo y querellante, esas denuncias fueron excusas para secuestrar  

La Pampa: Graciela Bertón, hija de un mecánico desaparecido, apuntó a los "denunciantes civiles"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Graciela Bertón durante su declaración ante el TOF pampeano
Graciela Bertón, hija de un mecánico detenido durante la última dictadura en La Pampa, reclamó hoy que “los denunciantes civiles” sean juzgados porque brindaron las
excusas para los secuestros en la provincia. Lo hizo al declarar en el juicio de la causa Subzona 14 II, en la que se investigan más de 200 delitos de lesa humanidad.
“Pedimos que la justicia llegue a los denunciantes civiles porque la mano de obra fueron los que secuestraron y aplicaron la picana, y la excusa que encontraron fue la
denuncia de los propios pobladores”, afirmó Bertón ante el Tribunal en lo Criminal Federal de Santa Rosa, que lleva adelante el debate.

Además, manifestó que los policías y militares acusados “rápidamente” utilizaron las denuncias de civiles “para desarrollar ese operativo dantesco y absurdo, porque no encontraron nada”, en el colegio secundario “José Ingenieros” y en distintas viviendas de la localidad de Jacinto Arauz, en el sur pampeano.

La audiencia del juicio, que se realizó esta mañana en el Colegio de Abogados, ubicado sobre la avenida Argentino Valle, contó con la presencia de docentes y estudiantes del instituto de Arauz, quienes despidieron a Bertón con un fuerte aplauso tras su testimonio.

Samuel Bertón fue detenido ilegalmente el 14 de julio de 1976 en Arauz. En su secuestro, sufrió torturas con golpes de puño y con guantes de boxeo, aplicación de picana eléctrica y simulacro de fusilamiento, por militares del Comando Militar Subzona 14.

En la Colonia Penal Unidad 4 de Santa Rosa, el mecánico permaneció detenido durante 45 días y luego fue liberado. Falleció en 1984, pero antes realizó su declaración ante un escribano público. Ese testimonio fue incorporado al juicio de 2010.

Al momento de la detención, su hija, que hoy declaró en Santa Rosa, estaba en el colegio que también fue allanado y donde se secuiestró a profesores y alumnos. Los militares cuestionaban la forma de dar clases de los maestros y lo consideraban “un centro de adoctrinamiento marxista”.

En la provincia, desde el año pasado, se realiza el segundo juicio por delitos de lesa humanidad, que tiene como imputados a policías y militares retirados. Integran el Tribunal Pablo Díaz Lacava (presidente), Marcos Aguerrido y José Mario Triputti.

 

 
 
 
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