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30/10/2012

Recepción de documentos históricos en el Archivo Nacional de la Memoria (ex ESMA 

El rechazo de la CIDH a las leyes de la impunidad, en 1992, fue el antecedente para su derogación

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria
El presidente del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), Ramón Torres Molina, relacionó hoy el rechazo de la CIDH a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, concretado en 1992, con la nulidad de esas normas, sancionada por el Congreso Nacional en 2003, y la inconstitucionalidad, declarada por la Corte Suprema en el 2005. "Fue el antecedente citado" para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, dijo a Télam Torres Molina al entregar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al área de Fondos Documentales del ANM, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. El histórico informe de la CIDH "rompió la impunidad en la Argentina y también es simbólico porque por primera vez se condenó la impunidad" respecto de la represión terrorista de estado de las dictaduras sudamericanas de los años `70 y `80, señaló. Torres Molina subrayó la trascendencia del informe de la Corte Interamericana en el acto realizado esta tarde en el salón "Silvio Frondizi" de la sede del ANM, en uno de los edificios del ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio de la ESMA, en avenida Libertador al 8100, en la ciudad de Buenos Aires.

Como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, el actual titular del ANM patrocinó en su momento dos de las seis denuncias o causas que dieron lugar al informe de la CIDH de 1992.

Las otras cuatro causas fueron impulsadas por Familiares y Abuelas de Mar del Plata, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en este caso a través de la abogada Alicia Oliveira, que participó del acto. "Es muy importante (la entrega del informe de la CIDH al Fondo Documental del ANM) porque la memoria hace a la conciencia política de los países", declaró a esta agencia Oliveira, quien también fue defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
    
La abogada recordó discusiones de la época en que fueron formuladas esas seis denuncias ante la CIDH con el objetivo de terminar con la impunidad y juzgar penalmente a los represores.

"Yo decía que la ley de Obediencia Debida convertía a los hombres en robots. Y eran hombres. Algunos se enojaron conmigo, porque me decían `no, no son hombres, son monstruos`, pero había que juzgarlos por el derecho penal y con ese fin debíamos considerarlos hombres", evocó.
    
También aludió al "efecto paradojal" derivado de la ley de Punto Final, que al fijar fecha límite para las denuncias contra represores precipitó la presentación de casos y testigos. "Una vez me encontré con (el entonces presidente Raúl) Alfonsín y él me dijo: `¿Vio el efecto paradojal?`. Y yo le dije, orgullosamente: `Sí, yo soy parte del efecto paradojal`", relató.

La CIDH había visitado la Argentina en 1979, en plena dictadura, y al año siguiente produjo un informe en el que constató e hizo públicas las características del régimen represivo, con numerosos casos documentados que probaban los delitos de lesa humanidad.

En 1992, a raíz de denuncias de organismos de derechos humanos contra las leyes de impunidad y los indultos, la CIDH publicó un nuevo informe en el que señaló que esas normas eran contrarias a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

"El informe decía que el Estado había violado esa Convención y disponía, entre otras cosas, que debía investigar las violaciones que se habían producido (durante la dictadura de 1976 a 1983) y sancionar a los responsables", resumió Torres Molina.

A partir de entonces, añadió, se sucedieron en la Argentina resoluciones judiciales en el sentido de revertir la impunidad, mediante sentencias "que empezaban mencionando el informe de la Comisión Interamericana".

Por su parte, "el Estado argentino, respondiendo a esa resolución (de la CIDH), antes de 2003 toma determinadas medidas pero que no son las de investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables", agregó.

"A partir de 2003, cuando asume la presidencia Néstor Kirchner, sí es lo que se hace", puntualizó el presidente del ANM. Torres Molina entregó el informe de la CIDH y otros textos complementarios a Laura Altieri, directora de Gestión de Fondos Documentales del ANM.

"La incorporación de estos documentos implica que van a estar abiertos al acceso y la consulta de investigadores, de otros organismos gubernamentales y de toda la ciudadanía", expresó Altieri.


 
 
 
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