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25/08/2014

Para asistir solo hace falta tener 14 años y llevar el DNI  

La Cacha: HIJOS La Plata invita a presenciar los alegatos,que comienzan el miércoles 3 de septiembre

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Grande: La testigo Ana María Sabio lo reconoció como uno de los secuestradores de su marido.
HIJOS La Plata convoca a presenciar los alegatos en el juicio que el TOF 1 de La Plata hace por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. Los mismos se realizarán en la antigua sede de la AMIA, en la calle 4 entre 51 y 53 de la capital provincial a partir del próximo 3 de septiembre a las 10, todos los miércoles y viernes. Para presenciarlas solamente hay que ser mayor de 14 años y llevar el DNI. La Cacha funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos", recordó HIJOS La Plata en un comunicado. Sinopsis de las dos últimas audiencias.

"La Cacha fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron el Ejército, la Marina, las policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio de Inteligencia Ejército)", puntualizó el comunicado de HIJOS La Plata.

"Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre ' La Cacha ' estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira 'Hijitus', del dibujante (Manuel) García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores 'hacía desaparecer gente'”, explica.

Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores -continúa el comunicado- los tiene la justicia desde hace treinta años, y fueron producidos por testimonios de sobrevivientes en Brasil en 1983 ( grupo CLAMOR en San Pablo), y testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio en 984.

"Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el fiscal (Sergio) Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados.", sigue el comunicado.

A partir de entonces, sigue, "se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por 'la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad'".

El comunicado sigue así:

Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (recientemente detenido en Panamá), Teodoro Aníbal Gauto (aún escondido en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.

En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.

Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).

En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 360 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha, al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.

Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía , Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.

A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.

Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 477 represores por 2859 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa sólo el 25% de los 2.100 genocidas procesados en estos años.

En La Plata llegamos a fines de 2014 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 procesados a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso total de juzgamiento que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.Juicio por delitos de Lesa Humanidad cometidos en el CCD “La Cacha”

A contiunuación, una breve síntesis de las dos últimas audiencias, hechas el miércoles 20 y el viernes 22 de agosto.

20 de agosto. Declaró como testigo Ana María Sabio, esposa de Alberto Omar Diessler, un ex delegado gremial de YPF que pasó cinco años y ocho meses privado de su libertad luego de haber sido arrancado de su casa de Ensenada, el 19 de abril de 1977. Sabio reconoció a través de la observación de un álbum de fotos, a un hombre que cree que es uno de los que participó en el operativo realizado en su casa cuando secuestraron a su marido.

Se trata, según específico el Tribunal después de realizado el reconocimiento, del acusado Claudio Grande, que es la persona que llega al juicio bajo sospecha de haber participado como guardia en ese centro clandestino de detención, con el nombre “Pablo” como alias.

“Esta persona puede ser una de ellas, puede ser la que me preguntaba insistentemente por mi bebé”, manifestó Sabio al marcar dos de las fotos que le mostraron. Minut

os después, cuando la testigo ya se había retirado de la sala, por secretaría se leyó la identidad del hombre en las imágenes señaladas.

El otro aporte de la testigo tiene que ver con el derrotero de su marido tras el paso por La Cacha. Recordó entonces cuando un llamado anónimo, presuntamente de un preso común, avisó a su familia que Diessler estaba en la Comisaría Octava, donde finalmente pudo localizarlo tres meses después del secuestro, junto a otros presos que hasta ese momento estaban detenidos clandestinamente.

Habló también del Consejo de Guerra al que su marido fue sometido después de su localización, por supuesto encubrimiento de una asociación ilícita, y la condena a seis años que cumplimentó casi en su totalidad en la Unidad 9 de La Plata.

22 de agosto. Aquí ampliaron su indagatoria los imputados Miguel Osvaldo Etchecolatz y Roberto Armando Balmaceda, en donde ambos no agregaron nada de importancia mas que una reiterada defensa a su persona.

Fuente:  Dirección Provincial de Políticas Reparatorias de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Bs. As.

 
 
 
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