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24/09/2014

Miguel Etchecolatz y Jaime Smart podrían agregar nuevas condenas a su "foja"  

Abuelas pidió prisión perpetua para 15 acusados por crímenes de lesa humanidad en La Cacha

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Etchecolatz acumula condenas por violación de los DDHH
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió hoy la pena de prisión perpetua para 15 de los represores juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino conocido como "La Cacha", por su participación, entre otros delitos, en los homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado. El pedido lo formularon al Tribunal Oral Federal Nº 1, que preside Carlos Rozanski, los abogados Emanuel Lovelli y Coleen Torre en representación de los familiares de una parte de las víctimas que fueron ilegalmente detenidas y torturadas en ese centro que funcionó en las afueras de La Plata.

La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, quien estuvo presente en la audiencia de hoy, aseguró que concurrió a escuchar los alegatos "con la alegría de haber hallado a mi nieto, pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror". "Este tribunal, esta ciudad, han sido un ejemplo de estos procesos, desde que nacieron los juicios por la verdad", dijo y añadió que "la justicia llega, tarde, pero siempre llega".

En su alegato, Lovelli y Torre pidieron la prisión perpetua de quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, James Smart, por considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público doblemente agravada por haberlo hecho con violencia y bajo amenazas, y tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, por homicidio calificado doblemente agravado y por genocidio. Esa querella representa a los familiares de las víctimas de María Rosa Tolosa, Graciela Quesada, Cristina Marroco, María Elena Corvalán, Olga Casado y Laura Carlotto.

Lovelli y Torre evaluaron que existen "elementos de prueba contundentes" para condenar como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y genocidio a Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo"el Francés" Cacivio y Emilio Herrero Anzorena; y como coautores a Héctor "Oso" Acuña, Rufino Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande y Luis Perea.

Torre aseguró que "había un aparato represivo de poder, con asignación de roles, por lo que cada uno tenía una tarea específica que cumplir tanto en el plano legal como en el ilegal". Detalló que "los jefes en el centro clandestino controlaban los interrogatorios bajo tortura y definían quién moría y quién vivía" y consideró que "al plan de apropiación de niños, los secuestros, las patotas y las torturas dan cuenta tanto de la ilegalidad de ese plan como de la existencia de un aparato ilegal".

En alusión a los imputados, la letrada sostuvo que "los mandos intermedios no sólo eran retransmisores de las órdenes generales sino que eran quienes ordenaban cometer los delitos" y agregó que "dichas órdenes adquirían mayor precisión a medida que bajaban en la cadena de mando".

En tanto, Lovelli expresó que "los testigos-víctimas hicieron reconocimientos fotográficos y señalamientos idóneos y válidos" de los represores y analizó que "ello es una prueba importante ya que en todos los casos se corroboró el hecho con la persona y con la función que cumplía en el destacamento".

En el juicio se juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el comisario Miguel Etchecolatz, por crímenes cometidos en perjuicio de 147 víctimas y se investigan los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Entre esos delitos se cuenta el asesinato de Laura Carlotto.

El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en antiguas instalaciones de la planta transmisora de Radio Provincia. Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.




 
 
 
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