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04/09/2013

Hija de desaparecido destacó que se pierde el miedo y se recupera la esperanza 

Jujuy: Comenzó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Jueza Fátima Ruiz López. Nacida en Barcelona, vecina de Buenos Aires
Jujuy.- La Justicia Federal inició hoy el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, que incluye las desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta,
Osvaldo Giribaldi y otros opositores a la última dictadura. El Tribunal oral que juzga por delitos de secuestro, tortura y homicidio a represores que actuaron en el servicio penitenciario provincial, resolvió apartar de este juicio al ex general Luciano Benjamín Menéndez, que era jefe del III Cuerpo de Ejército y del Area 323 de
la represión terrorista estatal. "No tiene un día libre" porque afronta juicios en otras provincias, mientras que las causas en Jujuy "van quedar por cuerdas separadas", dijo sobre Menéndez la jueza Fátima Ruiz López, quien integra el TOF junto a Daniel Morín y Federico Díaz.

En este juicio, que acumula varias causas, está también imputado Antonio Vargas, ex oficial del Ejército e interventor del Servicio Penitenciario provincial, condenado por otros delitos a 25 años de prisión en el primer juicio de lesa humanidad realizado en la provincia.

También están procesados Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, quienes formaron parte de los grupos de represión en el penal de Villa Gorriti, que fue un  centro clandestino de detención de la dictadura en Jujuy.

"Vemos con satisfacción el comienzo del juicio, estamos esperanzados en que se hará justicia porque hay pruebas contundentes para sentenciar a los represores", dijo Claudia Alejandra Scurta, hija de Dominga, en declaracines a Télam.

Tras la requisitoria fiscal, los imputados se negaron a declarar y optaron por presenciar el juicio desde una sala contigua al recinto de las audiencias, salvo en el caso de Vargas, que lo hará desde la cárcel de Ezeiza, donde está internado.

Sus abogados cuestionaron la integración del Tribunal, con el argumento de que "no son jueces naturales" el juez Morín y el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, y pidieron la nulidad del juicio y la absolución de Vargas.

El fiscal Francisco Snopek respondió que tal pedido de la defensa fue "extemporáneo, tardío e incongruente", y subrayó además que las subrogancias son "absolutamente válidas", la misma posición
que expresó luego Pelazzo.

Liliana Molinari, querellante del movimiento CODESEDH, afirmó que es incuestioble la participación de Morín en un segundo juicio porque las víctimas son otras y a Vargas se lo juzga por los mismos delitos pero cometidos en perjuicio de otras personas.

Ante la ausencia de uno de los abogados de los acusados, el Tribunal anunció que resolverá sobre este punto dentro de dos semanas, tras escuchar los argumentos de ese letrado y la respuesta de Pelazzo, quien la semana próxima estará ausente.

Además del caso de Scurta, en este juicio se investiga también la responsabilidad de los imputados en la desaparición de Osvaldo Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

Todos fueron detenidos a fines de mayo de 1976, torturados en dependencias clandestinas y trasladados al penal de Villa Gorriti a comienzos de junio del mismo año.

Después, fueron retirados de esta prisión, y desde entonces ppermanecen desaparecidos, por orden del ahora prófugo Juan Carlos Jones Tamayo, que era capitám del Ejército, y Ernesto Jaig, en esa época un comisario policial.

Claudia Scurta expresó a esta agencia que "no tenía esperanza de que llegara el juicio pero ahora es un hecho" y que el mismo permitirá "demostrar que en Jujuy también existió el terrorismo de Estado" para que "los represores se pudran en la cárcel".

Rosana Giribaldi, hija de Osvaldo, dijo que, al hacerse justicia, "paralelamente se reconstruye la verdad y se reorganiza la identidad, perdida por el silencio de la sociedad. Creo que se pierde el miedo a la militancia, es una vuelta a la esperanza".

El abogado Juan Manuel Sivila representa en este juicio a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y sus colegas Ariel Ruarte, María José Castillo y Paula Álvarez Carreras, a la de familiares de las víctimas.

 
 
 
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