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07/04/2012

Fue reemplazado el juez renunciante, Carlos Olivera Pastor 

Jujuy: comenzará en junio el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Carlos Olivera Pastor: se lo acusó de demorar las causas.
El primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, comenzará el 13 de junio y en él se investigará la desaparición de Julio Rolando Alvarez García, hecho ocurrido el 21/8/76 y por el que están imputados Luciano Benjamin Menéndez y Mariano Rafael Braga.

Organismos de DD.HH. denuncian que así se consagrará la  impunidad construída durante años por el ex juez Carlos Olivera Pastor con el visto bueno de la Cámara Federal de Salta.

Alvarez García fue secuestrado por un grupo de tareas en su domicilio ubicado en la calle Libertad 556, en el barrio Ciudad de Nieva, cuando se encontraba almorzando con toda su familia. El abogado de la familia, Pablo Pelazzo, confirmó hoy a Télam la fecha de inicio del juicio, decidida por el Tribunal que integran los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz. Esta causa estuvo tramitada por el juez Federal 2, subrogante, Carlos Olivera Pastor, quien presentó su renuncia al cargo hace pocos días, y estaba acusado por las organizaciones de Derechos Humanos de demorar los juicios.

Por el hecho están imputados Luciano Benjamín Menéndez y Mariano Rafael Braga, apodado "cara cortada" por una cicatriz en el rostro, quien en la actualidad cumple arresto domiciliario en Buenos Aires. Pelazzo explicó que los querellantes van a solicitar la presencia del represor durante el juicio "porque no hay ninguna razón para que así no sea". Según consta en el expediente, Alvarez García, a quien apodaban "Pampero", fue llevado secuestrado al Regimiento 20 de Infantería, hecho que fue constatado por uno de sus hermanos que siguió al vehículo, tras lo cual fue trasladado en un avión Hércules, con destino a Tucumán.

Julio Alvarez García era estudiante de Derecho en Tucumán y estaba casado con Inés Peña, quien es hoy la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con quien militaba en la Juventud Universitaria Peronista. La víctima había sido secuestrada por primera vez en el mes de febrero de 1976 y detenido por 35 días en un campo clandestino que funcionó en la Escuela de Educación Física de San Miguel de Tucumán.

Seis meses después, según consta en la causa, fue detenido en su domicilio del barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña por dos personas de civil, una de las cuales tenía una cicatriz en la cara, al igual que Braga. Este último hecho fue denunciado ante la policía catamarqueña, y de acuerdo a trascendidos, en la fuerza habrían tenido conocimiento de que a Alvarez García lo trasladaron en un avión en diciembre de 1976, coincidiendo con otros relatos.

En ese marco Luis Morales, un recluta que realizaba el servicio militar en Tucumán, declaró que en una oficina del cuartel de Tucumán advirtió una lista de nombres, entre ellos el de Alvarez García, que según le indicaron los oficiales tenía que ver con las personas que serían "boleta".

El inicio del juicio constituye un hito en Jujuy, dado que junto a Catamarca eran las únicas provincias de la región que no habían logrado avanzar con los juicios en los que se investigan la participación de civiles y militares durante la última dictadura. Sin embargo, tras varias movilizaciones y reclamos de organismos de Derechos Humanos bajo la consigna “un día más sin juicios es un día más de impunidad”, se alcanzó el primer juicio en el que se encuentran imputados Menéndez y Braga.

En paralelo a la movilización de distintos organismos, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, había advertido del retraso en los procesos por delitos de lesa humanidad.

A la vez, hace diez días, se produjo la renuncia del ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, acusado por su dilación en las causas que tramitaba el Juzgado Federal 2. Las audiencias del juicio oral y público se llevarán a cabo el 13 de junio a partir de las 9,30 y continuarán los días 14, 21,22, 28 y 28 a las 14,30. En el mes de julio las audiencias se realizarán los días 5, 6, 12 y 13 a las 14,30.

Críticas acerbas

A pesar de los  reclamos de los organismos de derechos humanos, de la Procuración General de la Nación y de la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que exhortó a los magistrados a concretar juicios orales en plazos razonables y con la mayor cantidad posible de imputados y de víctimas para evitar la revictimización de sobrevivientes y familiares de desaparecidos) los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz decidieron comenzar el 13 de junio un juicio con apenas un imputado y por una sola desaparición.

La Unidad Especial de coordinación y seguimiento de juicios de lesa humanidad de la Procuración anticipó  que presentará un recurso ante la Cámara de Casación Penal para que le exija al TOF jujeño la acumulación de los 53 casos que Olivera Pastor elevó con cuentagotas, así como la realización de un juicio con los diez represores en condiciones de rendir cuentas por delitos cometidos 35 años atrás.

Jujuy, junto con Mendoza y otras provincias norteñas, es un símbolo de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Las casi 100 mil personas que marcharon en San Salvador el último 24 de marzo llevaron como consigna central la denuncia contra Olivera Pastor, un oscuro secretario devenido juez federal subrogante que durante años rechazó el 90 por ciento de las indagatorias pedidas por el fiscal (incluida la del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier) y que hace una semana presentó finalmente su renuncia.

Entre 2009 y febrero pasado, siempre con el respaldo de la Cámara salteña que encabeza Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Olivera Pastor contrarió los criterios impulsados por la Procuración y la Comisión Interpoderes y elevó al tribunal diez fragmentos de la instrucción, varios con un imputado y una víctima.

Los represores en condiciones de ser juzgados son el condenado Luciano Menéndez, Rafael Mariano Braga, César Darío Díaz, Mario Marcelo Gutiérrez, Antonio Orlando Vargas, Herminio Zárate, José Eduardo Bulgheroni, Horacio Domingo Marengo, Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz.

Sin embargo, el único a quien el tribunal decidió juzgar es el teniente coronel Braga, alias “Cara cortada” por sus cicatrices en la mejilla izquierda, y sólo por el secuestro en 1976 de Julio Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista.

“El caso de Jujuy refleja la dificultad de lograr que se apliquen pautas básicas como la acumulación de casos conexos”, explicó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal, quien destacó la necesidad imperiosa de “desarrollar mecanismos institucionales para corregir rápidamente estas decisiones”.

“No puede seguir pasando que los tribunales arbitrariamente dejen de acumular casos conexos y con pruebas en común. Hay 875 procesados y más de 600 tienen alguna elevación a juicio. Este mecanismo de juicios por goteo está probando una dilación que, finalmente, va a impedir concretar los juicios que faltan”, advirtió. “Es urgente que desde la cabeza del Poder Judicial se tomen medidas para evitarlo.”

 
 
 
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