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12/07/2012

Para el fiscal Auat hubo "un error conceptual" en el planteo de recusación 

Jujuy. El TOF rechazó recusaciones y pedidos de nulidad que plantearon las defensas

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Inédita movilización social en Jujuy, por el inicio del primer juicio oral que tratará delitos de lesa humanidad.
Eduardo Duschatzky, enviado especial
Jujuy.- El Tribunal Oral Federal que juzga en esta capital provincial a tres acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura rechazó hoy una recusación, nulidades y planteos de prescripción formulados por las defensas de los imputados. El Tribunal desestimó la recusación del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, ex abogado de parte en una de las cinco causas nificadas en este juicio, y la nulidad de actos procesales de los que éste participó, como la versión abreviada del requerimiento de elevación a juicio y la propia audiencia con la que esta mañana comenzó el debate.

También rechazó otros pedidos de nulidad, uno referido al acta de defunción del estudiante Julio Alvarez García, detenido desaparecido en 1976, y planteos de prescripción que colisionan con la doctrina de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos, consideró "un error conceptual de parte de la defensa" la recusación a Pelazzo. Antes de ser nombrado fiscal ad hoc en este juicio, "Pelazzo fue el abogado, no el querellante. Los abogados no somos parte sino representantes de la parte", argumentó el titular de la Unidad Fiscal que funciona en la órbita de la Procuraduría General de la Nación.

Al exponer en la audiencia y luego en declaraciones a la prensa, incluida Télam, Auat señaló que la defensa parecía ignorar los cambios en el papel de los fiscales derivados de la reforma constitucional de 1994 y de la práctica procesal. "La nueva Constitución crea un nuevo instituto, que es el Ministerio Público Fiscal, separado del Poder Judicial y con autonomía funcional", sostuvo y subrayó el contraste con el perfil de fiscal contemplado en el Código procesal penal.

Aun así, dijo que la defensa, en el planteo recusatorio, citó parcialmente un artículo de ese Código pero omitió parte del mismo artículo, que excluye entre las inhibiciones para ejercer la fiscalía a denunciantes o querellantes "porque el interés es convergente".

Más en allá del rechazo del Tribunal a la recusación del fiscal ad hoc, Auat expresó que, en cualquier caso, la defensa "no puede plantear la nulidad, porque la nulidad exige demostrar el perjuicio. Como no tiene perjuicio en el acto procesal, no la expresa".


Crónica de un día agitado

El primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Jujuy comenzó hoy con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en presencia de tres acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas en esta provincia durante la última dictadura cívico militar. El general (RE) Antonio Orlando Vargas, el teniente (RE) José Eduardo Bulgheroni y el oficial de Inteligencia retirado Mariano Rafael Braga están procesados por delitos de lesa humanidad comprendidos en cinco expedientes unificados para este juicio.

También acusado por la fiscalía y las querellas, Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, fue apartado hoy de la causa por razones médicas, una decisión similar a la adoptada ya por otros tribunales del país. Por su parte, el empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Grupo Ledesma, aún debe comparecer a una indagatoria por la complicidad de esa compañía en buena parte de los crímenes investigados.

El Tribunal Oral Federal, que integran los jueces René Casas, Mario Juárez Almaraz y Daniel Morín, dio comienzo al juicio esta mañana en la sala del Juzgado Electoral, colmada por familiares de detenidos desaparecidos e integrantes de otros organismos de derechos humanos, y representantes de los gobiernos nacional y provincial.

En las inmediaciones, un fuerte dispositivo policial con vallas cerró al tránsito en varias cuadras de la céntrica calle San Martín, donde se halla el juzgado. Por fuera del vallado y en la Plaza Belgrano, a unas siete cuadras, desde temprano comenzaron a reunirse manifestantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, una multitud que crecía con el transcurrir de las horas.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio formulada por la fiscalía se hizo en forma abreviada, como indica una acordada de la Cámara de Casación con la finalidad de agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país.

Este acto procesal comenzó recién alrededor de las 11 por la ausencia del procesado Vargas, quien fue interventor militar del Servicio Penitenciario provincial y alegó una internación a raíz de una patología cardiovascular.

El juez Casas, presidente del Tribunal, dispuso su traslado a la audiencia "con todos los recaudos" médicos, pero la lectura de la elevación a juicio pasó a cuarto intermedio a primera hora de la tarde, debido a una "descompensación" de Vargas.
    
El acusado seguirá por videoconferencia la reanudación de este acto procesal, según lo dispuesto por el Tribunal, en tanto la defensa de Vargas pidió que se lo aparte del juicio.

Cuatro de los cinco expedientes unificados son "grupos de acumulación" de numerosas violaciones a los derechos humanos, mientras que la causa que investiga la desaparición del estudiante Julio Rolando Alvarez García es la única con una sola víctima, explicó a Télam el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo.

Otros tres expedientes son los caratulados con los nombres de Avelino "Bazán, la causa de Mina El Aguilar; (Luis) Aredez, con cinco víctimas; (Paulino) Galeán, con víctimas en Tumbaya y también en San Salvador de Jujuy, y (Reynaldo) Aragón, que son víctimas de San Pedro trasladadas al penal de Villa Gorriti", señaló.
    
La quinta causa toma en cuenta las violaciones masivas a los derechos humanos cometidos por fuerzas represivas en la llamada "Noche del Apagón", en el ingenio Ledesma, del Grupo Blaquier, uno de los mayores del país. Vargas, que era interventor militar en el Servicio Penitenciario provincial, junto a Bulgheroni y Braga, quienes integraban grupos de tareas de la represión en Jujuy, están imputados, en cada caso, en al menos uno de los cinco expedientes unificados en este juicio.

Será filmado

El juicio será filmado para que en el futuro pueda ser consultado por el público, ewstablece un convenio firmado entre la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El Convenio Marco de Colaboración Institucional entre el INCAA y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la filmación de los juicios orales por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en tribunales federales de todo el país, se aprobó en 2009 mediante la Resolución 4248/09.

El objetivo del convenio consiste en "resguardar la memoria colectiva en el marco de las políticas nacionales de Memoria, Verdad y Justicia a través de las cuales se instrumenta la guarda y conservación en soporte audiovisual del material obtenido en los juicios por delitos de lesa humanidad".

El material registrado quedará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia en el Archivo de la Memoria, y luego que la Corte Suprema de la Nación dicte sentencia firme estará a disposición de toda la comunidad.


 
 
 
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