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18/12/2013

Se trata de Antonio Orlando Vargas, C.Ortiz, R.Ortiz, Gutiérrez y Zárate 

Jujuy: Piden ampliar acusación e imputar por homicidio calificado a cinco de los reos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Antonio Orlando Vargas "producido" para una audiencia. Fue carcelero y verdugo de prisioneros
Jujuy.- La fiscalía pidió hoy al Tribunal Oral Federal de Jujuy la ampliación de imputaciones para cinco de los acusados en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la última dictadura. Los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo (ad hoc) pidieron imputar por homicidio calificado a Antonio Orlando Vargas, quien era interventor del penal de Gorriti, y a los guardiacárceles Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez y Herminio Zárate.

 

En el caso de Vargas, solicitaron imputarlo como coautor mediato de homicidio doblemente calificado con alevosía agravado por el número de personas, privación ilegítima de la libertad y torturas. Para los Ortiz, Gutiérrez y Zárate, los fiscales pidieron imputarlos como partícipes necesarios de homicidio doblemente calificado, además de privación ilegítima de la libertad de siete presos políticos desaparecidos desde la cárcel de Villa Gorriti.

El acusado Cesar Díaz ya había llegado al juicio imputado por homicidio, por ser quien acompañó al comisario Ernesto Jaig cuando retiró a estos presos del penal el 10 de junio de 1976, fecha desde la cual permanecen desaparecidos, excepto Dominga Alvarez de Scurta, cuyos restos fueron hallados.

Los demás presos desaparecidos en esos días fueron Osvaldo Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.

Snopek dijo que el pedido de ampliación de la imputación responde al valor probatorio de asientos en los libros de entrada y Salida  de presos de Gorriti, el registro de traslados y las declaraciones testimoniales de víctimas, familiares y agentes penitenciarios

"Los libros muestran cuáles fueron las funciones de los imputados" en la cárcel y evidencian que los traslados de las víctimas "no pudieron realizarse sin el conocimiento de Vargas" y el resto de los ahora imputados también por homicidios.

Por su parte, Pelazzo aludió a testimonios de víctimas sobre las condiciones que regían en la prisión de Gorriti, las torturas y la entrega de siete de los prisioneros políticos a Díaz y Jaig, por ordenes telefónicas del represor Juan Carlos Jones Tamayo,  todavía prófugo.

Al pedido de los fiscales adhirieron todas las querellas, incluida la de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, representada por María José Castillo, y las confiadas a Martín Patiño, Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras.

Para Castillo, "todos (los cinco acusados) eran encargados de llevar adelante el plan de exterminio, secuestros, torturas y asesinatos".

Ruarte dijo a Télam que "los guardiacárceles no estaban ajenos al destino final de los detenidos y formaron parte del plan de eliminación que propuso la dictadura militar. Su actuación no se limitó a la privación ilegítima de la libertad y a la tortura".

Señaló además que testimonios de otros carceleros dijeron que los hermanos Ortiz y el resto de los guardiacárceles imputados respondían a la represiva Area 323, que articuló el terrorismo de estado en Jujuy, y que recibían órdenes de Vargas. Este último fue ya condenado a 25 años de prisión en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, en el que fueron a su vez condenados a prisión perpetua Eduardo Bulgheroni y Mariano Braga.

Las audiencias de este segundo juicio se reanudarán el 6 de febrero próximo, tras la feria judicial, según resolvió este tarde el Tribunal. En esa oportunidad, los defensores de los acusados responderán al pedido de ampliación de las imputaciones realizado por los fiscales y respaldado por las querellas.

También se convocará para esa audiencia a tres testigos, dos por la defensa y uno por las querellas.

   

 
 
 
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