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09/05/2014

Su estrategia consiste en responsabilizar de todo a los mandos militares 

Jujuy: Las defensas pidieron la absolución "lisa y llana" de todos los acusados en la causa

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Dominga Alvarez de Scurta, maestra jujeña asesinada tras pasar por "Gorriti". ¿Se hará Justicia?
Jujuy.- Los abogados defensores de los imputados en el segundo juicio de lesa humanidad en Jujuy pidieron hoy al TOF la absolución "lisa y llana" de sus representados,
señalando que "no quedó acreditada" su participación en detenciones ilegales, torturas y homicidio de siete detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar. Para la defensa, el responsable de los presos políticos era el Ejército, a través del Area 323, cuya jefatura la ejercía el coronel Néstor Bulacio, con oficiales como el prófugo Juan Carlos Jones Tamayo, entre otros.

Se trata de los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate, defendidos por Carlos Rodríguez Vega; Mario Marcelo Gutiérrez y el ex sargento de Ejército, César Darío Díaz, clientes de Luis Casares, todos detenidos desde hace cuatro años. Las víctimas desaparecidas son Dominga Alvarez de Scurta (cuyos restos fueron identificados), Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.

Los defensores intentaron despegar a los imputados de los hechos señalando que "no se ha acreditado conductas reprochables a sus clientes", como en el caso de los hermanos Ortiz y Zárate, negando que hayan participado de un "plan sistemático de exterminio". "No existe ninguna relación entre mis defendidos y las víctimas" como tampoco "pueden acreditarse los tormentos", por tratarse de presos políticos. Por otra parte, según los abogados defensores, todos los que actuaron en las detenciones de las víctimas eran efectivos de la policía provincial, al igual que los encargados del traslado al penal luego de ser torturados fuera de la cárcel de barrio Gorriti y recién llevados al establecimiento carcelario.

Las víctimas fueron detenidas en los últimos días de mayo de 1976, llevadas cinco días después a la cárcel y desde allí entregadas al comisario Ernesto Jaig y Díaz, sargento de Ejército, según ex presos políticos que vieron a las víctimas en el penal.

Sobre los imputados Marcelo Gutiérrez y César Darío Díaz, el defensor manifestó que en ningún momento se acreditó la participación de sus defendidos en los hechos y en cuanto a Díaz, acusado de sacar a las víctima del penal junto a Jaig, señaló que en esa entrega de los detenidos "no se lo menciona" en el registro del libro interno. En cambio, señaló que la mayoría de los testigos en esta causa se refirió a Julio César Díaz, hermano del imputado, ya fallecido, quien era oficial en el servicio de guardia y temido en la cárcel.

Los defensores dijeron que no quedó acreditado la presencia de los cinco imputados en el Penal el día que sacaron y desaparecieron las víctimas, lo que hizo recordar al argumento esgrimido por la defensa de Rafael Mariano Braga, condenado a prisión perpetua en el primer juicio. En ese caso dijeron que al momento de secuestrar a Julio Alvarez García el 23 de agosto de 1976, el ahora condenado, se encontraba de licencia en Buenos Aires.
   
El defensor de Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal y condenado a 25 años de prisión en el primer juicio, Matías Gutiérrez Perea solicitó al tribunal que preside Fátima Ruiz López, la "absolución lisa y llana" de su defendido, ya que sostuvo que "no participó" de detenciones ilegales, secuestros, torturas y el homicidio  de las víctimas.

El TOF resolvió que el jueves 15 los fiscales y la querella respondan los pedidos de nulidades que planteó la defensa relacionados como la intervención del fiscal Pablo Pelazzo y la integración del TOF con jueces subrogantes, entre otras.

 
 
 
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