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02/03/2015

El otro testigo del secuestro, una mujer, recibió varios balazos pero sobrevivió 

Salta: En "Ragone II" se investiga también el homicidio de uno de los testigos presenciales

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Miguel Ragone fue gobernador de Salta en la "primavera camporista" de 1973. No se lo perdonaron.
La ronda de testimoniales de la segunda causa abierta por el secuestro, desaparición y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone quedó habilitada hoy, en el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en Salta, desde el 2 de diciembre pasado, y que comprende los casos de 18 víctimas. La audiencia comenzó a las 16, en los tribunales federales de Salta y el primero en declarar fue el agente de policía Luis Bernardo Ruiz, quien intervino en el hallazgo del vehículo en el que fue secuestrado el ex mandatario provincial, en la localidad de Cerrillos.

Ruiz, quien se desempeñó en la fuerza entre 1957 y 1977, contó que concurrió al lugar luego de que un agente le hiciera saber que había un vehículo en la banquina de la ruta nacional 68, en Cerrillos, aunque no sabía si se trataba de un accidente. Al llegar al lugar, los policías observaron que había manchas de sangre y un zapato, y se destacó un consigna para el resguardo del vehículo.

Tras la declaración de Ruiz, que permanentemente recurrió a una supuesta falta de memoria, lo hizo Silvio Mariscal, que fue el oficial de la Policía de la Seccional Primera que inició el sumario por el secuestro de Ragone.

De esta manera, avanza finalmente esta causa, contenida en el expediente 4129/14, cuyo inicio se demoró por razones formales y de plazos y por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.

Los imputados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. De esta manera, los comisarios garantizaron la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, la desaparición y el homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976 en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario en la ciudad de Salta.

Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre pasado analiza un total de diez expedientes, con 18 víctimas y seis acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta (TOF), integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi.

En el expediente 4129/14, llamado la causa Ragone II, las víctimas son, además del ex gobernador, el almacenero Santiago Arredes, que fue asesinado a balazos por presenciar el hecho, y Margarita Martínez de Leal, que recibió disparos de arma de fuego por el mismo motivo.

Además de Ragone, Arredes y Margarita Martínez de Leal, son víctimas de las causas comprendidas en este juicio Rubén Yañez Velarde, Ramón Díaz Romero, René Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú y Lucrecia Barquet. También Hugo Maza, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez. De las 18 víctimas, cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.

Los defensores de los acusados son María Ximena Colombres y Oscar del Campo, mientras que los fiscales que actúan en este debate son Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila. Gastón Casabella y Martín Avila están a cargo de la querella conjunta de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, y Matías Duarte representa a la querella de la familia Ragone.

En la lectura de la requisitoria se estableció que Saravia, que era el jefe del Departamento de Informaciones Policiales, el llamado D2 de la Policía de Salta, fue acusado de haber sido "cómplice primario" de los delitos de "homicidio doblemente agravado por alevosía, con el propósito de ocultar la comisión de otro delito, asegurar sus resultados y lograr impunidad, con el concurso premeditado de dos o más personas".

Esto en el caso de Ragone y del almacenero, y los mismos delitos pero en grado de tentativa en el caso de Margarita Martínez de Leal. En tanto, a Liendro y Guaymás, que se desempeñaban como subjefe de la Comisaría Primera y jefe de la Unidad Regional 1 de Salta, respectivamente, se los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

En este juicio también están imputados el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz.

Este debate oral y público examinará finalmente diez expedientes de los doce inicialmente previstos, debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años.

 
 
 
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