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17/06/2013

Hubo 10 asesinados, 10 desaparecidos y 80 cesanteados en la institución 

Funcionarios actuales y familiares de personal del INTA quieren abrir una "megacausa"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Guido Prividera, sociólogo del INTA que es hijo de Marta Sierra
Una querella judicial, promovida por los familiares de las víctimas de la dictadura cívico militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) pedirá que se abra una línea de investigación específica sobre ese lugar que tiene 10 científicos asesinados y otros 10 desaparecidos, y 800 trabajadores cesanteados. "Nuestra intención es armar una megacausa INTA, donde el hilo conductor sea la relación de los detenidos, asesinados y desaparecidos con el organismo", explicó Guido Prividera, uno de los querellantes que espera la resolución del juez federal Daniel Rafecas al pedido. Prividera es hijo de Marta Sierra, una de las científicas más importantes del INTA Castelar y desaparecida desde el 30 de marzo de 1976, un día después de la intervención del organismo. Según informó InfoJus Noticias, Prividera, junto con otros familiares de desaparecidos del INTA y Alberto Goldberg, científico de la sede Pergamino que terminó preso en el penal de Sierra Chica, se presentaron como querellantes representados por el abogado Rodolfo Yanzón.

La hipótesis que presentaron es que los empresarios agrarios usaron como herramienta a la dictadura para deshacerse de un grupo de técnicos y de una serie de proyectos que se desarrollaban en todo el país y ponían en peligro sus negocios.
    
Prividera, que es sociólogo y trabaja hoy en el complejo de Villa Elisa del INTA y participa de la Comisión de Reparación Histórica de la entidad, armó un mapa posible de científicos y proyectos conectados en los años previos a la dictadura. Según un relevamiento provisorio, en el INTA hubo diez científicos asesinados y diez desaparecidos; la quinta parte de su personal fue echado: antes del golpe de 1976, el organismo tenía unos 5000 trabajadores y unos 800 fueron cesanteados durante la dictadura.
    
"Reclamamos que exista una línea investigativa específica sobre el organismo", afirmó Yanzón y comentó que “hoy todavía hay familias con miedo de declarar, que no sienten la confianza suficiente". Sobre los posibles acusados, Yanzón sostuvo que en la presentación a Rafecas "hay algunos eventuales imputados, pero todavía es materia de investigación. Porque hubo diferentes cuerpos de Ejército que intervinieron y nosotros queremos una unidad de investigación específica para el organismo".
 
Las actuales autoridades de INTA se han presentado como "“amicus curiae" de la investigación, lo que quiere decir que se pusieron a disposición del juez e incluso se evaluó la posibilidad de presentarse como querellantes. "Esto es importante por dos cosas. Primero: porque es para resaltar que un organismo como el INTA se presente de esta forma, tan contundente. Segundo: porque es una señal clarísima para los familiares que todavía tienen miedo", aseguró Yanzón.

El INTA fue creado en 1956 por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y su consejo directivo estaba integrado -y lo sigue estando- por varias sociedades empresariales del campo, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria, Coninagro y la Confederación Rurales Argentinas (CRA).

La posición histórica del consejo directivo fue construir un INTA que sirviera de sostén técnico al sector privado y esa dirección, que los trabajadores del organismo empezaban a torcer en los primeros años '70, fue retomada y profundizada por la dictadura.

 
 
 
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