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05/08/2016

La titular de Madres será indagada por la causa "Sueños Compartidos" 

El juez Martínez de Giorgi decidió eximir a Hebe de Bonafini de la prisión, aunque debe declarar

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Juez federal Marcelo Martínez de Giorgi: para "descomprimir", eximió a Hebe de Bonafini de prisión
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue eximida hoy de ir a prisión, emprendió un viaje a Mar del Plata por el fin de semana y
prestará declaración indagatoria en los próximos días en el marco de la causa conocida como Sueños Compartidos. El juez Martínez de Giorgi le concedió la exención de prisión a Bonafini luego de que su abogado Juan Manuel Morente se presentara en los tribunales federales de Comodoro Py y solicitara que se le tomara declaración a la dirigente durante la tarde en la sede de las Madres de Plaza de Mayo.

Aunque no la indagará hoy, el magistrado consideró que la presentación del abogado de Bonafini pone de manifiesto su "voluntad de declarar" por lo que decidió deponer la orden de captura que había librado ayer, luego de que la titular de las Madres se ausentara por segunda vez al llamado a indagatoria.

"Celebro la presentación y la muestra de racionalidad", sostuvo Martinez de Giorgi a las 15 en un breve diálogo que mantuvo con periodistas acreditados en los tribunales federal de Comodoro Py y deslizó que había tomado nota de la conmoción pública que generó el intento de detención de la dirigente de Derechos Humanos.

La situación comenzó a destrabarse esta mañana cuando Martínez de Giorgi recibió en su despacho a Morente y luego al abogado de las Madres, Eduardo Fachal, quien al salir del despacho del juez manifestó que "había voluntad" de llegar a una solución a la tensión desatada ayer.

Técnicamente, según las fuentes consultadas por Télam, se trató de una caución juratoria, comprendida en el artículo 231 del Código de Procedimientos Penal Nacional, que consiste "en la promesa jurada del imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez".

En otras palabras, Bonafini se atiene a derecho y en disposición de atender a los requerimientos del magistrado en el curso de la investigación, además de fijar un domicilio y de compromenterse a mantener informado al magistrado de sus movimientos.

Luego de que durante todo el día de ayer una multitud acompañó a Bonafini y evitó su detención, su abogado personal se aceró esta mañana a los tribunales de federales del barrio porteño de Retiro y le manifestó al juez que su defendida estaba dispuesta a declarar en la Casa de las Abuelas "por su avanzada edad".

La sola presentación del abogado Morente generó un cambio de escenario que implicó que el juez resolviera dar de baja la orden de captura que pesaba sobre Bonafini y le reclamara por escrito al letrado que ampliara los fundamentos para que su defendida declare fuera de los tribunales, algo que "es muy probable que ocurra en los próximos días", según informaron fuentes judiciales.

En la misma resolución, el juez Martínez Di Giorgi ordenó que Bonafini constituya un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, le prohibió salir del país sin autorización del juzgado y la autorizó a viajar a Mar del Plata; mientras que la policía elabora un informe relacionado con los fallidos intentos de detención.

El magistrado había ordenado ayer el allanamiento de la Asociación Madres de Plaza de Mayo con el fin de detener a Bonafini, pero la policía no pudo llevar a cabo su cometido porque un enorme grupo de personas, entre los que había muchos dirigentes políticos, la mantuvo rodeada mientras abandonó la sede de las Madres.

El segundo intento se produjo horas más tarde cuando la Policía Federal analizó la posibilidad de detenerla en Plaza de Mayo pero desistió tras considerar que el intento podía desatar situaciones de violencia física dado que la dirigente seguía acompañada por una multitud, informaron fuentes judiciales.

Como titular de las Madres, Bonafini está acusada de haber cometido el delito de "administración fraudulenta" en relaciona los fondos públicos asignados a la Asociación para la ejecución del programa de construcción de viviendas sociales conocido como Misión Sueños Compartidos.

El hecho puntual por el que se la acusa está relacionado con la firma de un convenio entre las Madres y el Ministerio de Trabajo a partir del cual cada trabajador que participaba en la elaboración de una vivienda debía recibir 600 pesos para capacitación.

Fuentes judiciales indicaron que se la acusa de haber facilitado el desvío de una suma del orden de los 58 millones de pesos relacionada con ese convenio, hecho que niegan desde la Asociación de Madres de Plaza de Mayo donde hacen responsables por los eventuales desmanejos a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

 
 
 
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